Por: *Alexander Africano
El anuncio hecho por Gloria Miranda, directora de Sustitución, sobre la participación conjunta de la Policía Antinarcóticos y las comunidades en la erradicación manual de cultivos de uso ilícito en Putumayo, bajo un “pacto social por la paz”, debe leerse con prudencia y responsabilidad. Puede ser una oportunidad para avanzar hacia una transición real a la economía legal, siempre que el proceso sea concertado, voluntario, seguro y acompañado de inversión social seria.
Putumayo sabe que la coca no se supera únicamente arrancando matas. Detrás de cada hectárea hay familias, necesidades, abandono histórico, falta de vías, ausencia de mercados, poca asistencia técnica y escasas oportunidades para los jóvenes. Por eso, erradicar sin cumplir compromisos sería repetir errores que ya han golpeado la confianza de las comunidades.
También debe advertirse un riesgo: cuando campesinos, pueblos étnicos y líderes comunitarios participan en procesos de erradicación, pueden quedar expuestos frente a presiones de actores armados ilegales. Por eso, este pacto debe tener garantías claras de seguridad, acompañamiento de la Defensoría, personerías, autoridades territoriales, organizaciones sociales y verificación independiente.
La meta de 30.000 hectáreas solo tendrá verdadero sentido si cada familia cuenta con alternativas productivas, compra garantizada, vías, crédito, asistencia técnica y protección. La paz no puede medirse únicamente en hectáreas erradicadas, sino en comunidades que logran vivir sin miedo y producir con dignidad.
Este pacto social puede abrir una ruta distinta para Putumayo, pero solo si el Estado cumple. Porque arrancar coca sin sembrar futuro no transforma el territorio; apenas cambia el paisaje. La verdadera paz se construye cuando la legalidad se vuelve posible, rentable y segura para la gente.