Por: *Alexander Africano
La imagen de Jexi Daza privado de la libertad en la carceleta municipal de Puerto Asís no solo impacta por lo simbólico de ver a un activista tras las rejas; impacta porque obliga a la sociedad a detenerse y preguntarse algo más profundo: ¿qué ocurre cuando un ciudadano decide llenar los vacíos que deja el Estado, incluso arriesgándose a cruzar límites legales?
Este caso no puede analizarse únicamente desde la emocionalidad, ni desde la polarización fácil entre “héroe” o “culpable”. Requiere una mirada más madura, más institucional y también más humana.
Es evidente que Jexi Daza logró conectar con una sensibilidad creciente en la sociedad: la defensa de los animales como una causa ética, moral y civilizatoria. En un país donde muchas veces las autoridades ambientales son percibidas como lentas, ausentes o insuficientes, surgen ciudadanos que intentan actuar por cuenta propia. Y allí aparece una tensión delicada: cuando el compromiso ciudadano comienza a ocupar funciones que corresponden exclusivamente al Estado.
La frase que hoy resuena —“Si Corpoamazonia no hace la labor, ¿quién la va a realizar?”— no es solo una defensa personal; es también una denuncia indirecta sobre una posible debilidad institucional. Y esa pregunta debería incomodar más a las autoridades que al propio procesado. Porque si la ciudadanía siente que debe intervenir donde el Estado no llega, el problema de fondo no es solo jurídico, también es estructural.
Pero tampoco puede romantizarse cualquier actuación en nombre de una causa noble. La defensa de los animales no puede justificar procedimientos que eventualmente vulneren normas, afecten ecosistemas o incluso generen daño sobre la misma fauna que se pretende proteger. Las buenas intenciones no eximen del cumplimiento de la ley. De lo contrario, abriríamos la peligrosa puerta de la justicia individual, donde cada ciudadano decide qué función pública asumir según su propia convicción.
La medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía, con cargos relacionados con aprovechamiento ilícito de recursos naturales y afectación grave a animales, envía un mensaje contundente: el activismo también tiene límites legales. Sin embargo, esa misma contundencia judicial despierta otro debate inevitable sobre proporcionalidad. ¿Se está sancionando una conducta delictiva o también se está enviando un mensaje de advertencia a quienes visibilizan falencias institucionales?
La movilización social en respaldo a Jexi demuestra que este caso ya trascendió lo penal. Hoy se ha convertido en un espejo donde Putumayo y Colombia observan varias fracturas simultáneas: la desconfianza hacia las instituciones, la creciente fuerza del activismo digital, el papel de los influenciadores en causas sociales y la necesidad urgente de fortalecer la gobernanza ambiental.
Quizás la verdadera enseñanza de este episodio no sea decidir si Jexi es víctima o responsable. Tal vez la lección más importante sea reconocer que cuando un ciudadano siente que debe reemplazar al Estado, algo está fallando profundamente.
Defender la naturaleza es un deber colectivo. Pero garantizar que esa defensa ocurra dentro de la legalidad es responsabilidad institucional.
La justicia deberá establecer responsabilidades individuales. Pero la sociedad también debería exigir responsabilidades colectivas: ¿dónde estaban las autoridades antes de que un influencer asumiera un papel que nunca debió recaer sobre él?
Porque al final, este no es solo el caso de un animalista en prisión.
Es también el retrato de un país donde muchas veces la ciudadanía actúa porque siente que las instituciones han dejado de hacerlo.
*Consejero de Paz – Defensor de DDHH