La Defensoría del Pueblo advirtió sobre restricciones a la movilidad, confinamientos y posibles afectaciones a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en zonas de Putumayo, Caquetá y Amazonas.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por un nuevo paro armado en el sur del país y advirtió que más de 13.000 personas podrían verse afectadas por restricciones de movilidad y confrontaciones entre grupos armados ilegales en departamentos como Putumayo, Caquetá y Amazonas.
La advertencia fue divulgada este viernes 15 de mayo, luego de que comenzara a circular un audio en el que se anuncia un paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán. Según el organismo, la situación humanitaria en la región se ha deteriorado desde finales de 2025 debido a la disputa entre estructuras armadas ilegales.
La entidad señaló que las afectaciones ocurren en medio de enfrentamientos entre el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco, y el grupo comandado por alias Calarcá Córdoba. Esta confrontación ha impactado directamente a comunidades indígenas, campesinas y poblaciones ribereñas que dependen de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza para sus actividades diarias, transporte y abastecimiento.
“Esta amenaza se suma a una situación que no es reciente”, indicó la Defensoría en un comunicado, en el que recordó que desde diciembre de 2025 se vienen registrando restricciones a la movilidad y confinamientos en distintos puntos de la región.
Uno de los principales focos de preocupación se concentra en el departamento del Putumayo. Allí, la Defensoría confirmó la suspensión del servicio público fluvial y del transporte escolar en varias zonas ribereñas.
En el municipio de Puerto Guzmán, las restricciones afectan a más de 6.300 personas pertenecientes a comunidades indígenas Nasa e Inga. En Puerto Leguízamo, el impacto alcanza a más de 5.800 habitantes de ocho comunidades Murui Muina y Coreguaje.
La entidad advirtió que estas limitaciones comprometen el acceso a servicios básicos y alteran las dinámicas cotidianas de las poblaciones asentadas en estos territorios.
Además de la crisis humanitaria, la Defensoría expresó preocupación por las posibles consecuencias del paro armado sobre la logística electoral para las elecciones presidenciales previstas el próximo 31 de mayo.
Según explicó el organismo, las dificultades de movilidad por vía fluvial podrían impedir el traslado de material electoral y afectar la instalación de 26 mesas rurales de votación. De acuerdo con el reporte oficial, 12 mesas estarían en riesgo en Puerto Leguízamo y otras 14 en Puerto Guzmán.
La alerta también se extiende al departamento del Amazonas, donde permanecen confinados 488 núcleos familiares, equivalentes a 1.706 personas de 14 comunidades pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA).
Las comunidades han denunciado problemas de desabastecimiento, incremento en los precios de los alimentos y dificultades para acceder a combustible.
En Caquetá, por su parte, las restricciones afectan sectores del municipio de Cartagena del Chairá y la comunidad de Peñas Rojas, en Solano. Además, las inspecciones de Coemaní y Araracuara, junto con varios resguardos indígenas, permanecen bajo monitoreo prioritario por parte de las autoridades.
La Defensoría recordó que este escenario ya había sido advertido en la Alerta Temprana 001 de 2025 y aseguró que desde finales del año pasado ha emitido varios oficios alertando sobre el deterioro del orden público en estas zonas del país.
Ante el panorama actual, el organismo pidió al Gobierno nacional activar rutas de prevención, convocar un subcomité ampliado con autoridades de los tres departamentos y adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las elecciones y la protección de la población civil.