La medida busca destrabar diálogos con grupos armados ilegales y concentrar a sus integrantes en territorios delimitados bajo supervisión del Estado.
El Gobierno Nacional ordenó acelerar la creación de cinco zonas de ubicación temporal en diferentes regiones del país, como parte de su estrategia para avanzar en los diálogos con grupos armados ilegales dentro de la política de ‘paz total’.
El presidente Gustavo Petro aseguró que esta decisión se enfoca en destrabar algunos de los procesos más avanzados, concentrando esfuerzos en iniciativas que ya se encuentran en fase final.
“Decían que los procesos no servían para nada. Nos centramos en cinco de ellos, no en todos, en la fase final: zonas de ubicación temporal determinadas por la ley y declaradas exequibles por la Corte Constitucional”, señaló el mandatario.
Espacios para diálogo, verificación y sometimiento
Estas zonas buscan concentrar a integrantes de estas estructuras en espacios delimitados que permitan avanzar en mecanismos de diálogo, verificación y sometimiento a la justicia, mientras se define su situación jurídica.
Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos desde distintos sectores. Desde la academia advierten que no existe una ruta clara sobre aspectos clave como la desmovilización, la entrega de armas o el cese al fuego.
Incluso, algunos expertos señalan que este tipo de decisiones podrían terminar fortaleciendo a los grupos armados, al suspender órdenes de captura o procesos judiciales sin condiciones estrictas.
Ubicación de las zonas
Según el Gobierno, las zonas de ubicación temporal estarían distribuidas así:
- En el Catatumbo, Norte de Santander, en el marco del proceso con disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’.
- En Nariño, con el grupo Comuneros del Sur.
- En Córdoba, dentro de las conversaciones sociojurídicas con el Clan del Golfo.
- Dos zonas adicionales con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ubicadas en Nariño y Putumayo.
Las autoridades insisten en que estas zonas son clave para avanzar en los procesos de paz en territorios priorizados, mientras continúan los debates sobre su alcance y efectividad en la reducción de la violencia en el país.