Por: *Alexander Africano
Lo ocurrido el reciente fin de semana con el séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano debe preocupar profundamente a Putumayo. No estamos frente a una simple pausa. 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝘀𝗲𝗻̃𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗴𝗮𝘀𝘁𝗲, 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝘆 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗮𝘇 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗮.
Según lo conocido, por cuarta ocasión en estos 18 meses de conversaciones, la delegación del Gobierno se levantó de la mesa, dejando abierto nuevamente el séptimo ciclo. 𝗬 𝗮𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗮́𝗹𝗼𝗴𝗼𝘀 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗵𝗮𝗻 𝗿𝗼𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗼𝗱𝗼, 𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼: 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝘀𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝘃𝗶𝘃𝗮, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗱𝗮. 
El punto más grave no es solo la diferencia sobre la sustitución de coca. 𝗟𝗼 𝗺𝗮́𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗲𝘀 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮: 𝗲𝗹 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗻𝗼 𝘁𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶́𝗮 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝘀𝘂𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗿 𝗽𝗹𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹. Y ahí está el verdadero nudo. ¿𝘾𝙤́𝙢𝙤 𝙨𝙚 𝙡𝙚 𝙥𝙞𝙙𝙚 𝙖 𝙪𝙣 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙚𝙨𝙞𝙣𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙚𝙟𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙘𝙖 𝙨𝙞 𝙣𝙤 𝙝𝙖𝙮 𝙥𝙡𝙖𝙩𝙖, 𝙨𝙞 𝙣𝙤 𝙝𝙖𝙮 𝙥𝙧𝙤𝙮𝙚𝙘𝙩𝙤𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙩𝙞𝙫𝙤𝙨, 𝙨𝙞 𝙣𝙤 𝙝𝙖𝙮 𝙫𝙞́𝙖𝙨, 𝙨𝙞 𝙣𝙤 𝙝𝙖𝙮 𝙜𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙞́𝙖𝙨 𝙮 𝙨𝙞 𝙚𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙙𝙤 𝙡𝙡𝙚𝙜𝙖 𝙩𝙖𝙧𝙙𝙚 𝙤 𝙡𝙡𝙚𝙜𝙖 𝙞𝙣𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙤?
La discusión gira alrededor de 30.000 hectáreas de coca, 15.000 en Nariño y 15.000 en Putumayo. 𝙋𝙚𝙧𝙤 𝙚𝙨𝙖𝙨 𝙝𝙚𝙘𝙩𝙖́𝙧𝙚𝙖𝙨 𝙣𝙤 𝙨𝙤𝙣 𝙨𝙞𝙢𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙣𝙪́𝙢𝙚𝙧𝙤𝙨. 𝘿𝙚𝙩𝙧𝙖́𝙨 𝙝𝙖𝙮 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙨, 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚𝙨 𝙞𝙣𝙙𝙞́𝙜𝙚𝙣𝙖𝙨, 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙚𝙨𝙞𝙣𝙤𝙨, 𝙟𝙤́𝙫𝙚𝙣𝙚𝙨, 𝙢𝙖𝙙𝙧𝙚𝙨, 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞́𝙖𝙨 𝙧𝙪𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧𝙖𝙨 que durante años han vivido entre el abandono estatal y la presión de las economías ilegales. 
Y aquí hay que decirlo con claridad: la CNEB puede apoyar un proceso de sustitución, pero los cultivos son de los campesinos. Nadie puede imponer desde una mesa lo que no se ha concertado en el territorio. 𝗟𝗮 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮: 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮.
También hay que reconocer algo: mantener una mesa de diálogo en medio de un territorio tan complejo es importante. 𝙎𝙞 𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙢𝙚𝙨𝙖 𝙣𝙤 𝙚𝙭𝙞𝙨𝙩𝙞𝙚𝙧𝙖, 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙣𝙞𝙩𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙮 𝙙𝙚 𝙫𝙞𝙤𝙡𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙨𝙚𝙧𝙞́𝙖 𝙢𝙪𝙘𝙝𝙤 𝙢𝙖́𝙨 𝙙𝙞𝙛𝙞́𝙘𝙞𝙡. Pero una mesa no puede vivir solo de la voluntad de sentarse. Necesita cumplimiento, verificación, recursos y respeto por las comunidades.
Putumayo no puede seguir siendo escenario de anuncios nacionales sin transformación real. 𝙔𝙖 𝙡𝙤 𝙫𝙞𝙫𝙞𝙢𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙣 𝙤𝙩𝙧𝙤𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙨𝙤𝙨: 𝙢𝙪𝙘𝙝𝙖𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙚𝙨𝙖𝙨, 𝙢𝙪𝙘𝙝𝙖𝙨 𝙛𝙤𝙩𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞́𝙖𝙨, 𝙢𝙪𝙘𝙝𝙖𝙨 𝙖𝙘𝙩𝙖𝙨, 𝙥𝙚𝙧𝙤 𝙥𝙤𝙘𝙖𝙨 𝙤𝙗𝙧𝙖𝙨 𝙚𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨. La paz no puede convertirse en una forma elegante de administrar el conflicto.
𝗠𝗶 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮: 𝘀𝗶 𝗲𝗹 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗻𝗼 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀, 𝗱𝗲𝗯𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗿𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮; 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝘀𝗶 𝗻𝗼 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀, 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝗽𝗼𝗱𝗿𝗮́ 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗿. Eso rompe la confianza y la confianza, en un proceso de paz, vale más que cualquier discurso.
La paz en Putumayo necesita menos improvisación y más seriedad: presupuesto, cronograma, proyectos productivos, garantías de seguridad, participación comunitaria y verificación internacional.
𝙋𝙤𝙧𝙦𝙪𝙚 𝙨𝙞 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙯 𝙣𝙤 𝙡𝙡𝙚𝙜𝙖 𝙖 𝙡𝙖 𝙛𝙞𝙣𝙘𝙖, 𝙖 𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙚𝙙𝙖, 𝙖𝙡 𝙧𝙚𝙨𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙤, 𝙖𝙡 𝙘𝙖𝙢𝙞𝙣𝙤 𝙧𝙪𝙧𝙖𝙡 𝙮 𝙖 𝙡𝙖 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞́𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙖𝙨 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙨, 𝙚𝙣𝙩𝙤𝙣𝙘𝙚𝙨 𝙣𝙤 𝙚𝙨 𝙥𝙖𝙯 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖𝙡: 𝙚𝙨 𝙨𝙤𝙡𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙡𝙚𝙟𝙖𝙣𝙖.
Y Putumayo merece algo más que una paz de titulares. Merece una paz con tierra, con inversión, con dignidad y con cumplimiento.
*Consejero de Paz Putumayo – Defensor de DDHH