Por: *Alexander Africano
Hay tragedias que duelen por el número.
Y hay tragedias que duelen porque rompen algo más profundo: la confianza, la memoria, la sensación de país.
Lo de Puerto Leguízamo en la vereda La Raicita en la finca de don Carlos Dorado, no fue un accidente más. No fue una noticia de paso. No fue un simple episodio lamentable de la agenda nacional. 𝗙𝘂𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗮, 𝗲𝗹 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗺𝗮́𝘀 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗮𝘃𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗲𝗻 𝗱𝗲́𝗰𝗮𝗱𝗮𝘀. 𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗶́𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗛𝗲́𝗿𝗰𝘂𝗹𝗲𝘀 𝗙𝗔𝗖-𝟭𝟬𝟭𝟲 𝗱𝗲𝗷𝗼́ 𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲 69 𝘂𝗻𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗺𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗼́ 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗴𝗲𝗱𝗶𝗮𝘀 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 que, hasta hace poco, parecían insuperables en la memoria institucional del país.
Y eso hay que decirlo sin rodeos:
Colombia no recuerda, en su historia reciente, una tragedia aérea militar de esta magnitud.
No con este número de muertos.
No con este golpe humano.
No con este eco de dolor.
𝐄𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟔, 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝟏𝟕 𝐬𝐨𝐥𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐞́𝐫𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐣𝐞́𝐫𝐜𝐢𝐭𝐨, la prensa nacional lo presentó como la peor tragedia aérea de esa institución en una década. 𝐇𝐨𝐲, 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐮𝐢́𝐳𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐟𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫. Esa comparación no es un recurso retórico; es la prueba de que estamos ante un hecho excepcionalmente grave en la historia militar reciente de Colombia.
Pero incluso esa cifra, por brutal que sea, no alcanza a expresar la dimensión real del dolor.
Porque no estamos hablando de un número.
Estamos hablando de hombres concretos.
De tripulantes.
De soldados.
De policías.
De jóvenes que subieron a un avión sin pensar que esa mañana podía ser la última.
De familias que hoy no necesitan explicaciones grandilocuentes, sino verdad, respeto y consuelo.
Y aquí hay algo que conmueve más: muchos de ellos no murieron en combate, no murieron frente al enemigo visible, no murieron en medio de una operación ofensiva donde el riesgo era el lenguaje cotidiano de la guerra. 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐢𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐧𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨, 𝐚𝐛𝐫𝐮𝐩𝐭𝐨, 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐝𝐨, 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐜𝐢́𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐥𝐨𝐠𝐢́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐯𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐥𝐮𝐣𝐨, 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝.
Por eso esta tragedia no solo enluta.
También descoloca.
También sacude.
También obliga a pensar.
Yo no puedo mirar este hecho con indiferencia. Y no lo digo por decirlo. Lo digo porque en mi vida institucional también viajé en esos aviones, incluso saliendo desde Puerto Leguízamo. 𝐒𝐞́ 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐠𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐬, 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬, 𝐥𝐚 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐫𝐚𝐳𝐨𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐢𝐬𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬. Sé lo que representa un Hércules en la selva: presencia del Estado, logística, misión, esperanza de retorno. Por eso esta tragedia no me habla desde la distancia. Me habla desde la memoria.
El C-130 Hércules no era una aeronave improvisada. Era un avión de transporte táctico pesado, diseñado para mover tropas, equipos y suministros en escenarios complejos. 𝐋𝐚 𝐚𝐞𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐛𝐢́𝐚 𝐬𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐚 𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐛𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝟏𝟗𝟖𝟑 𝐲 𝐡𝐚𝐛𝐢́𝐚 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐬𝐞𝐠𝐮́𝐧 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨. Justamente por eso, el accidente reabrió de inmediato el debate sobre mantenimiento, modernización y estado real de las capacidades aéreas del Estado.
Y ahí empieza una pregunta incómoda que el país no puede evadir:
¿𝐪𝐮𝐞́ 𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚?
No basta con honrar a los muertos.
Hay que cuidar a los vivos.
Y cuidarlos no es solo ponerles un uniforme, un discurso y una bandera.
Cuidarlos es garantizar equipos confiables, rutas seguras, infraestructura adecuada y respuesta seria cuando ocurre una emergencia.
𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐮𝐢́𝐳𝐚𝐦𝐨, además, no puede analizarse como si fuera cualquier punto del mapa. Es frontera. Es Amazonía. Es distancia. Es aislamiento. 𝐀𝐥𝐥𝐢́, 𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐞́𝐫𝐞𝐨 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨𝐝𝐢𝐝𝐚𝐝: 𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥. Por eso cuando un avión militar cae en ese lugar, no solo se estrella una máquina. También se estrella una parte de la capacidad estatal de llegar a sus márgenes con dignidad y suficiencia. Los reportes sobre el caso dejaron claro que la respuesta médica y logística dependió en buena medida de evacuaciones aéreas y de la 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ón 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝, 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐡𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬.
Y si algo merece ser resaltado con gratitud es precisamente eso:
𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐮𝐢́𝐳𝐚𝐦𝐨.
𝐌𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭𝐢́𝐚, 𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐛𝐚𝐧, 𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐡𝐚𝐜𝐢́𝐚 𝐬𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐦𝐢𝐬𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞, 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐨́‧ 𝐏𝐨𝐛𝐥𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐲𝐮𝐝𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨𝐬, 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐨𝐲𝐨, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐠𝐨, 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐚𝐝𝐚. Ese gesto tiene una dimensión moral inmensa: mientras algunos buscaban culpables a gritos, el pueblo estaba salvando vidas con las manos.
Eso dice mucho del territorio.
Y dice mucho también del país.
Porque una de las cosas más dolorosas 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐢𝐨́ 𝐚 𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐞𝐣𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐞𝐥𝐞𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚. Apenas ocurrió el accidente, comenzaron las acusaciones cruzadas. Unos hablaron de abandono del mantenimiento, otros insinuaron hipótesis de ataque, otros se apresuraron a defender gobiernos o instituciones sin esperar resultados serios. Pero las autoridades señalaron que, por el momento, no había indicios de atentado, y que la investigación debía avanzar con rigor técnico. Esa debería ser la ruta: verdad antes que grito, evidencia antes que consigna.
Eso no significa callar las responsabilidades estructurales.
Significa no reemplazar la verdad con propaganda.
Porque hay dos planos distintos.
Uno: la causa inmediata del accidente, que debe establecer la investigación.
Dos: la vulnerabilidad histórica de territorios como Puerto Leguízamo, donde la precariedad de la infraestructura, de la salud y de la conectividad convierte cualquier emergencia en una tragedia multiplicada.
Y sobre ese segundo plano sí hay mucho que decir.
Hay que decir que Colombia sigue llegando tarde a sus fronteras.
Hay que decir que el abandono territorial no es un discurso, sino una realidad que mata.
Hay que decir que no basta con pedirles sacrificio a los uniformados si el Estado no corrige las debilidades de fondo que rodean sus misiones.
Hay que decir que la patria no se honra solo en los funerales.
La patria se honra antes, cuando protege.
También hay que nombrar a los caídos. Porque en medio de tanta cifra, los nombres son una forma de dignidad. Entre los fallecidos se reportó la muerte de dos policías adscritos al Gaula, así como de miembros de la FAC y del Ejército Nacional. El balance oficial difundido por autoridades militares habló de seis integrantes de la FAC, 58 del Ejército y dos de la Policía entre las víctimas mortales.
Y en medio de ese luto, acompañamos especialmente a la familia del soldado Fabián Andrés Moreno Rodríguez, oriundo de Sogamoso, un paisano que conocí desde niño, un soldado profesional abnegado. A sus seres queridos, a sus compañeros, a todos los que hoy lo lloran, solo queda ofrecer un abrazo sincero y elevar una oración a Dios para que les conceda fortaleza y consuelo.
Porque al final, detrás de la discusión sobre aeronaves, rutas, mantenimiento o responsabilidades, 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐥𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐫:
𝐡𝐚𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐲𝐚 𝐧𝐨 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫𝐚́𝐧 𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐚𝐬.
Por eso insisto: 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐮𝐢́𝐳𝐚𝐦𝐨 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝟐𝟒 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬. No puede archivarse entre condolencias oficiales y peleas de coyuntura. Tiene que quedar inscrito como lo que es: una advertencia nacional.
Una advertencia sobre la fragilidad de la aviación militar.
Una advertencia sobre el abandono de las fronteras.
Una advertencia sobre la forma como el país sigue reaccionando tarde.
Y una advertencia sobre la obligación moral de no convertir a los muertos en simple estadística.
Lo de Puerto Leguízamo ya está en la historia.
Y entró por la puerta más dolorosa.
Porque cuando un país pierde 66 uniformados en un solo vuelo, no solo cae un avión.
Cae también una parte de la confianza en el Estado.
Y esa confianza no se recupera con discursos de ocasión.
Se recupera con verdad.
Con memoria.
Con decisiones.
Y con la determinación de que esta tragedia no vuelva a repetirse.
*Consejero de Paz – Defensor de DDHH