Por : Aldo Manco
Por estos días, en salones escolares de Mocoa y otros municipios amazónicos, se repite una escena que parecería menor, pero que dice mucho sobre nuestra cultura política. Un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil explica con detalle los formularios E-10, E-11 y E-14; muestra cómo sellar las urnas, cómo clasificar los votos por color —agua marina para consulta, azul oscuro para Senado, café para Cámara territorial, verde para circunscripciones indígenas, gris para afrodescendientes— y cómo proceder ante votos nulos o sobrantes.
Mientras tanto, en las sillas del fondo, varios jurados designados miran el celular; otros cabecean; algunos preguntan solo lo indispensable para “no meterse en problemas” el día de la elección. La paradoja es evidente: se trata de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos —por la disputa del Congreso, las consultas interpartidistas y el reacomodo de fuerzas territoriales— y, sin embargo, la capacitación se vive como una obligación administrativa más.
La capacitación de jurados es, en teoría, una pieza central del engranaje democrático. Allí se enseña que el jurado no es un simple “ayudante”, sino una autoridad electoral temporal; que los seis integrantes de la mesa son solidariamente responsables; que deben custodiar la urna, verificar la cédula amarilla, la digital o la de policarbonato; que deben garantizar el voto asistido para personas con discapacidad, respetar la identidad de género conforme al documento, no tocar a los perros guía y registrar correctamente cada sufragante en el E-11.
Se insiste en que la confianza se construye con transparencia: mostrar la urna vacía, sellarla ante testigos, destruir el material sobrante, nivelar la mesa comparando votantes y votos depositados, y, si hay diferencia, incinerar los excedentes al azar. Es una coreografía minuciosa, diseñada para blindar el proceso.
Pero el énfasis técnico, aunque indispensable, termina reduciendo la experiencia democrática a un manual de procedimientos. Se aprende a llenar casillas, no a comprender la historia política que hace necesarias esas casillas.
En estas elecciones, los jurados manejarán papeletas para el Senado de la República y la Cámara de Representantes, además de consultas y circunscripciones especiales —indígenas y afrodescendientes—. Cada color encierra una historia de luchas: la representación indígena no es un “anexo folclórico”, sino el resultado de décadas de reivindicación constitucional; la circunscripción afrodescendiente responde a una deuda histórica con comunidades que han resistido el despojo; la territorial expresa el equilibrio entre centro y periferia.
Sin embargo, en la capacitación, estas dimensiones aparecen como simples variables logísticas. Se explica cómo contar, no por qué contamos así; cómo clasificar, no qué significa que la Amazonía tenga voz propia en el Congreso.
En el Putumayo, departamento atravesado por la colonización petrolera, el conflicto armado y la marginalidad estatal, la representación política ha sido frágil. Las elecciones no son solo un trámite: son una disputa por memoria, territorio y futuro. Pero ese trasfondo raramente se incorpora al discurso formativo.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿por qué muchos asistentes están más atentos al celular que a la explicación? ¿Por qué se percibe la capacitación como un trámite para firmar y cumplir?
Desde una mirada inspirada en la pedagogía dialogante y crítico-social de Julián de Zubiría Samper, podríamos afirmar que el problema no es solo de voluntad individual, sino de modelo educativo. Hemos formado generaciones entrenadas para cumplir órdenes, no para comprender procesos; para responder cuestionarios, no para deliberar críticamente.
La capacitación reproduce, en buena medida, el esquema tradicional: exposición magistral, instrucciones unidireccionales, poca problematización. El jurado es tratado como ejecutor técnico, no como sujeto político. Así, la democracia se reduce a un conjunto de pasos, no a una experiencia ética.
A esto se suma una cultura de desconfianza acumulada. En regiones donde el Estado ha sido intermitente, donde la corrupción ha marcado la historia local y donde la violencia ha condicionado la participación, muchos ciudadanos perciben que su papel es marginal. “Yo solo voy a firmar”, dicen algunos. La apatía no nace de la ignorancia pura, sino de una historia de frustraciones.
El celular en la mano y el bostezo reiterado son síntomas de algo más profundo: la desconexión entre procedimiento y sentido. Cuando el contenido no dialoga con la experiencia vital del asistente, la atención se dispersa.
En Putumayo, muchos jurados son docentes, estudiantes, empleados públicos o comerciantes que han vivido procesos comunitarios intensos: cabildos, mingas, asambleas veredales. Allí la palabra circula, se debate, se construye colectivamente. En contraste, la capacitación electoral rara vez abre espacios para la pregunta crítica: ¿qué implica ser jurado en un territorio históricamente marginado? ¿Cómo proteger la voluntad popular en contextos de presión política? ¿Qué significa custodiar la urna en una región donde la confianza institucional ha sido frágil?.
Sin diálogo, el acto formativo se percibe como repetitivo. Y en la repetición sin reflexión, la atención se desvanece.
La Amazonía colombiana no ha sido ajena a procesos democráticos. Desde las primeras elecciones municipales en territorios nacionales hasta la consolidación departamental, la participación ha sido un campo de aprendizaje. Sin embargo, la distancia geográfica y simbólica respecto al centro del país ha reforzado la sensación de periferia.
Hoy, cuando se habla de consulta interpartidista, de listas cerradas o preferentes, de representación indígena y afrodescendiente, se discute también el modelo de nación. La mesa de votación en Mocoa no es un punto aislado: es un nodo en la red de la soberanía popular.
Si los jurados no internalizan esta dimensión histórica, la democracia se vuelve un rito vacío. Y un rito vacío se ejecuta con indiferencia.
Aquí emerge una tarea urgente para historiadores y educadores de la región. No basta con narrar el pasado; es necesario vincularlo con las prácticas presentes. La capacitación de jurados podría convertirse en un espacio pedagógico donde se explique cómo surgieron las circunscripciones especiales, cómo evolucionó el sistema electoral, por qué la transparencia es una conquista y no un capricho burocrático.
Incorporar memorias locales —anécdotas de elecciones pasadas, testimonios de líderes comunitarios, relatos de participación en contextos difíciles— permitiría que el jurado se reconozca como heredero de una tradición democrática en construcción.
Desde la pedagogía dialogante, el aprendizaje se produce cuando el sujeto relaciona el saber con su experiencia y proyecta su acción hacia el futuro. Si el jurado comprende que su firma en el E-14 es parte de una cadena histórica que garantiza la representación del Putumayo en el Congreso, su actitud cambia.
La democracia no se sostiene solo con normas, sino con convicciones. El jurado que asiste únicamente para firmar cumple formalmente, pero no fortalece la cultura política. El jurado que entiende su rol como garante de la voluntad ciudadana, en cambio, se convierte en actor consciente.
Transformar la capacitación implica repensar su enfoque: menos monólogo, más diálogo; menos énfasis exclusivo en el error y la sanción, más reflexión sobre el sentido. No se trata de abandonar el rigor técnico —indispensable para evitar irregularidades—, sino de complementarlo con una narrativa histórica y ética.
En la Amazonía, donde la memoria del conflicto y la exclusión aún está viva, cada mesa de votación es también un acto simbólico de pertenencia nacional. Allí se decide quién legisla, quién fiscaliza, quién representa a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Allí se juega la posibilidad de que la voz periférica sea escuchada en el centro.
Quizá la mayor tarea sea recuperar el asombro por el hecho democrático. Que el jurado no vea solo colores de papeletas, sino historias de representación; no solo formularios, sino garantías de derechos; no solo urnas, sino confianza pública.
Si logramos que la capacitación dialogue con la memoria política del territorio, el celular perderá protagonismo y el bostezo se transformará en pregunta. Y entonces, la mesa de votación dejará de ser un trámite para convertirse en un acto consciente de ciudadanía.
En 2026, más que nunca, Colombia necesita jurados atentos, críticos y comprometidos. Y la Amazonía, con su riqueza cultural y su historia compleja, puede ofrecer una lección: la democracia no es un procedimiento frío, sino una construcción colectiva que exige memoria, educación y responsabilidad compartida.