Por : Aldo Manco
Reflexiones desde la primera Asamblea de Padres en el Putumayo amazónico.
La escuela no empieza ni termina en el aula. Esta idea, repetida tantas veces en los discursos pedagógicos contemporáneos, adquiere un sentido profundo cuando se observa con detenimiento una asamblea de padres de familia en una institución educativa del Putumayo. Allí, en la palabra compartida, en las advertencias, en los agradecimientos y en los llamados a la corresponsabilidad, se revela una concepción de la educación que hunde sus raíces en la historia social de la región amazónica y en una pedagogía que entiende la formación como un proyecto colectivo.
La primera Asamblea de Padres del año escolar no es un acto meramente administrativo. Es, ante todo, un ritual pedagógico y comunitario, donde se recuerdan los principios fundantes de la institución, se actualizan las normas que regulan la vida escolar y se interpela directamente a las familias sobre su papel irrenunciable en la formación de niñas, niños y jóvenes.
Cuando una institución educativa recuerda que ha sido construida durante décadas por la comunidad, no está haciendo un gesto retórico. En regiones como el Putumayo, donde la presencia del Estado ha sido históricamente fragmentaria, la escuela ha sido uno de los pocos espacios de estabilidad, de encuentro y de proyección colectiva. Por eso, hablar del Proyecto Educativo Institucional (PEI) es hablar de una memoria viva, de un horizonte construido con esfuerzo, donaciones, trabajo silencioso y compromiso cotidiano.
Desde una mirada histórico-educativa, la insistencia en conocer la visión, la misión y los valores institucionales no es un simple requisito formal. Es una invitación a que los padres comprendan que la escuela no improvisa: educa desde un marco ético, cultural y pedagógico que busca formar sujetos con proyecto de vida, conciencia ambiental y sentido social, profundamente coherentes con la identidad amazónica.
Uno de los ejes centrales de la asamblea es la corresponsabilidad entre familia, escuela y sociedad, principio consagrado en la legislación educativa colombiana, pero muchas veces reducido a un enunciado abstracto. El documento lo plantea con crudeza: la institución sola no puede educar. Sin el acompañamiento cotidiano del hogar, cualquier esfuerzo pedagógico se diluye.
Desde la pedagogía dialogante, este llamado no debe interpretarse como una transferencia de culpas, sino como una exigencia ética compartida. Educar implica exigir, escuchar y acompañar. Exigir hábitos, disciplina y responsabilidad; escuchar las emociones, los conflictos y las preguntas de los estudiantes; acompañar los procesos académicos y humanos con coherencia y ejemplo.
Uno de los aportes más significativos del discurso analizado es la metáfora del “vuelo 2026”, que convierte el año escolar en un viaje simbólico. En la maleta no van solo cuadernos y horarios, sino valores como la honradez, la responsabilidad, la solidaridad, la escucha, la disciplina y el respeto. Esta imagen pedagógica conecta con una tradición educativa humanista que entiende que el aprendizaje no se reduce a contenidos, sino que se sostiene en hábitos formados desde la infancia.
En este punto, la asamblea insiste en algo fundamental: los hábitos se construyen en casa. La puntualidad, la higiene, el orden, el respeto por el uniforme y la organización del tiempo no son caprichos institucionales; son aprendizajes sociales que preparan a los estudiantes para la vida adulta. Desde una lectura crítica, estas normas pueden generar resistencia, pero su sentido profundo está en formar autonomía, no obediencia ciega.
Uno de los apartados más extensos y contundentes del documento es el referido a la disciplina escolar. Lejos de una visión punitiva, el discurso plantea la disciplina como condición de posibilidad del aprendizaje. Sin reglas claras, sin límites coherentes y sin acuerdos respetados, la escuela se convierte en un espacio caótico que perjudica, sobre todo, a los más vulnerables.
Aquí aparece una tensión clásica en la historia de la educación: autoridad versus autoritarismo. La asamblea apuesta por una autoridad pedagógica basada en normas conocidas, consensuadas y sustentadas en el Manual de Convivencia. Desde la pedagogía crítico-social, el desafío no es eliminar la norma, sino dotarla de sentido formativo, explicarla, contextualizarla y hacerla comprensible para estudiantes y familias.
Uno de los puntos más polémicos —y a la vez más reveladores— es la prohibición del uso de celulares en la institución. Más allá del tono severo del mensaje, subyace una preocupación legítima: la ruptura del diálogo intergeneracional y la pérdida de espacios de encuentro familiar.
Desde una perspectiva histórica, cada época ha tenido sus “amenazas educativas”. Hoy, el desafío no es la tecnología en sí, sino su uso acrítico y desmedido. La escuela, en este contexto, se posiciona como un espacio de resistencia pedagógica, que busca proteger la atención, la lectura, la escritura y la conversación como pilares del aprendizaje.
La asamblea culmina recordando la importancia del gobierno escolar, no solo como exigencia legal (Ley 115 de 1994), sino como escenario de formación democrática. Invitar a los padres a participar activamente en estos estamentos es reconocer que la democracia se aprende ejerciéndola, también en la escuela.
En el Putumayo, donde la historia ha estado marcada por conflictos, exclusiones y decisiones tomadas desde afuera, la democracia escolar adquiere un valor simbólico enorme: enseña a dialogar, a disentir, a escuchar y a construir acuerdos desde lo cotidiano.
Finalmente, el documento deja una idea poderosa: la educación es la vía más profunda para transformar la sociedad de Mocoa y del Putumayo. No se trata solo de formar buenos estudiantes, sino buenos seres humanos. La escuela amazónica, con todas sus limitaciones, sigue siendo uno de los pocos espacios donde es posible sembrar futuro.
Desde una lectura histórica y pedagógica, esta asamblea no es un acto menor. Es una muestra de cómo la educación, cuando se piensa desde la comunidad, puede convertirse en un proyecto ético, cultural y político en el mejor sentido del término: educar para lo público, para la vida y para la dignidad humana.