Por : Aldo Manco
Hablar de campañas escolares en el Putumayo amazónico no es un asunto menor ni puramente organizativo. Lejos de reducirse a carteleras, colores, camisetas o tiempos de intervención, la campaña estudiantil constituye uno de los momentos pedagógicos más densos de la vida escolar, pues en ella se ponen en juego nociones fundamentales de democracia, poder, representación, ética pública y convivencia. En ese sentido, las discusiones recogidas en torno a la campaña escolar 2026 revelan tensiones profundas entre formación ciudadana, control institucional, cultura juvenil y modelo educativo.
Este artículo propone una lectura crítica y contextualizada de esas voces, no para juzgarlas, sino para comprenderlas como expresión de un proceso histórico y educativo más amplio, propio de la escuela amazónica contemporánea.
Uno de los primeros elementos que emerge con claridad es la resistencia estudiantil a una campaña reducida al formato del video institucional. Los estudiantes, especialmente quienes ya han vivido procesos anteriores, reconocen que una campaña no puede limitarse a la memorización de rostros ni a la circulación pasiva de mensajes. Su insistencia en la presencialidad, en el diálogo directo con los cursos y, sobre todo, con los niños de primaria, evidencia una comprensión intuitiva —pero profundamente pedagógica— de que la democracia se aprende en la relación, no en la pantalla.
Desde la pedagogía dialogante, esto resulta central: no hay formación política sin interacción, sin pregunta, sin escucha. La campaña escolar, entonces, aparece como un escenario privilegiado para el aprendizaje social, donde el estudiante-candidato deja de ser un emisor de consignas y se convierte en un sujeto que responde, explica, negocia y se expone al juicio del otro.
Un aspecto especialmente significativo es la preocupación reiterada por la forma de hacer campaña en primaria. Los estudiantes reconocen que los niños no son “votantes menores”, sino sujetos con una lógica distinta, que requieren cercanía, afecto, tiempo y presencia. Esta sensibilidad revela una ética del cuidado que rara vez se reconoce en los análisis formales de la democracia escolar.
Aquí se rompe con una visión adultocéntrica del gobierno escolar. Los estudiantes comprenden que educar para lo público implica adecuar los lenguajes, los ritmos y las estrategias, y que imponer formatos rígidos —como un único video— vacía de sentido la experiencia democrática, especialmente en los primeros años de escolaridad.
Uno de los núcleos más conflictivos del debate gira en torno al uso de redes sociales. La postura institucional es clara: evitar plataformas como TikTok, WhatsApp o redes personales, en coherencia con una política escolar que restringe el uso de celulares. Sin embargo, esta decisión genera tensiones evidentes.
Desde el punto de vista estudiantil, Facebook institucional no representa la realidad comunicativa juvenil, lo que produce una sensación de desconexión entre la escuela y el mundo social de los estudiantes. Desde el punto de vista docente, permitir redes personales podría profundizar desigualdades, fomentar prácticas clientelistas o desbordar los controles éticos.
Esta tensión no es anecdótica: expresa una contradicción estructural del modelo educativo actual, que busca formar ciudadanos críticos, pero limita los escenarios donde esa ciudadanía podría ejercerse de manera acompañada. La pregunta de fondo no es si usar o no redes sociales, sino cómo educar para un uso ético, crítico y responsable de lo digital, algo que hoy sigue siendo una deuda en muchas instituciones.
El documento revela también una fuerte demanda estudiantil por reglas claras, iguales y explícitas para todos. La insistencia en pactar colectivamente los tiempos, los espacios, los formatos y las estrategias no es simple inconformidad: es una comprensión avanzada de que la democracia se sostiene en la equidad de condiciones.
Las denuncias sobre campañas adelantadas, visitas no autorizadas a salones o posibles ventajas indebidas muestran que los estudiantes reconocen —quizá por primera vez de forma consciente— prácticas cercanas al clientelismo, incluso dentro del espacio escolar. Que estas prácticas sean discutidas, problematizadas y enfrentadas desde el diálogo es, en sí mismo, un logro pedagógico.
El pacto de transparencia, más que un documento, se convierte así en una herramienta de formación ética, donde se aprende que ganar no es lo mismo que imponer, y que el poder sin reglas degrada la convivencia.
Otro eje recurrente es la preocupación institucional por no perder tiempo académico. Esta inquietud, legítima en apariencia, es reveladora de una jerarquía implícita: la democracia escolar sigue siendo vista, en muchos casos, como algo accesorio frente a las “materias importantes”.
Desde una perspectiva histórico-educativa, esta visión desconoce que la formación ciudadana ha sido —al menos en el discurso— uno de los pilares de la escuela colombiana desde mediados del siglo XX. En el contexto amazónico, donde la participación comunitaria y la palabra colectiva tienen un peso cultural profundo, reducir la democracia escolar a un evento rápido y controlado resulta particularmente problemático.
La campaña no “quita clase”: es clase, si se la entiende como espacio de aprendizaje político, ético y social.
Uno de los momentos más reveladores del documento es el conflicto entre candidatos por una presunta copia o malentendido. Lejos de ser un hecho menor, este episodio muestra cómo la campaña se convierte en un laboratorio real de resolución de conflictos, donde aparecen el rumor, la acusación, la defensa, pero también la conciliación y el diálogo directo.
Que el conflicto se exponga públicamente, se argumente y se resuelva sin sanciones automáticas es una lección democrática de enorme valor. Aquí la escuela no actúa solo como juez, sino como mediadora pedagógica, permitiendo que los estudiantes aprendan que la democracia no es ausencia de conflicto, sino capacidad de tramitarlo sin violencia ni arbitrariedad.
Mirada en perspectiva histórica, la campaña escolar en el Putumayo no puede desligarse de una región marcada por la exclusión política, la centralización del poder y la lucha por el reconocimiento. En este contexto, cada elección estudiantil —por pequeña que parezca— es también un ejercicio de memoria y reparación simbólica, donde los jóvenes ensayan formas de participación que históricamente les han sido negadas a muchos sectores de la Amazonía.
Por eso, resulta fundamental que historiadores y educadores de la región se acerquen a estos procesos no como simples anécdotas escolares, sino como fuentes vivas para comprender la cultura política local.
La campaña escolar 2026, con todas sus tensiones, desacuerdos y aprendizajes, demuestra que la democracia escolar no se enseña con discursos, sino con experiencias reales, imperfectas y acompañadas. En ella, estudiantes, docentes y directivos se enfrentan al desafío de coherencia pedagógica: formar ciudadanos críticos en un sistema que aún teme ceder control.
Educar para lo público en el Putumayo amazónico implica confiar en la palabra del estudiante, aceptar el conflicto como parte del aprendizaje y reconocer qu e la democracia escolar no es un favor institucional, sino un derecho formativo.
Solo así la escuela dejará de simular la democracia y comenzará, verdaderamente, a practicarla.