Por: Alexander Africano
𝗨𝗻 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗼𝗺𝗽𝗲 𝗲𝗹 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼
En Putumayo no todos los días la justicia habla con voz firme. Por eso, la condena a 𝗨𝗻 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗼𝗺𝗽𝗲 𝗲𝗹 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼 contra 𝗙𝗘́𝗟𝗜𝗫 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗜𝗢 𝗔́𝗩𝗜𝗟𝗔 𝗟𝗢́𝗣𝗘𝗭, exdirector de Medicina Legal en el departamento, no es una sentencia más: es un mensaje 𝗲𝗷𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝗿𝗶𝘇𝗮𝗻𝘁𝗲 contra el abuso de poder, la impunidad y la violencia sexual ejercida desde cargos de autoridad.
𝗦𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗵𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀
Ocurrieron entre enero y marzo de 2018 en Mocoa (Putumayo) donde el sentenciado se desempeñaba como 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝘀𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹 𝘆 𝗖𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗻𝘀𝗲𝘀. Este hombre aprovechándose del estado de vulnerabilidad de la niña de 13 años la hacía ir a su oficina para darle dinero. Después de ganarse su confianza, la citó en un sitio conocido como El Puente y 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗵𝗶́𝗰𝘂𝗹𝗼𝘀 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗶𝗱𝗮𝗱 la llevó hasta un motel donde la sometió a vejámenes sexuales, estos hechos se presentaron en cuatro oportunidades.
𝗘𝗹 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗵𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼
Ávila no era un ciudadano cualquiera. Era 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼, médico forense y figura clave dentro del sistema judicial. Desde esa posición de poder —según quedó probado en el proceso— 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝗼́ 𝘀𝘂 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿, 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝘆 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝘁𝗮𝗿 𝘀𝗲𝘅𝘂𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀, configurando delitos graves de violencia sexual y proxenetismo. El uniforme institucional no fue protección para las víctimas; fue el mecanismo del sometimiento.
𝗨𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮 𝘀𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀
La sentencia es clara: 𝗰𝘂𝗹𝗽𝗮𝗯𝗹𝗲, 𝘀𝗶𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀, 𝘀𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀. La justicia desmanteló el mito de la intocabilidad del poder. Aquí no hubo privilegios, ni atajos procesales. Hubo rigor probatorio y decisión judicial. Cuando el poder se usa para violentar, la sanción debe ser proporcional y pedagógica. Y esta lo es.
𝗘𝗹 𝗲𝗻𝗳𝗼𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗲́𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es su 𝗲𝗻𝗳𝗼𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗲́𝗻𝗲𝗿𝗼. El juzgado entendió las relaciones desiguales de poder, la coacción implícita y la vulnerabilidad de las víctimas. Esto no es activismo: es 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝗻𝗱𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 en materia de derechos humanos.
𝗟𝗮 𝗷𝘂𝗲𝘇𝗮 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗹𝗶́𝗻𝗲𝗮 𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮
La condena fue proferida por la 𝗷𝘂𝗲𝘇𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗔𝗿𝘁𝗲𝗮𝗴𝗮, reconocida en Putumayo por decisiones firmes y sin titubeos. Es la misma jueza que condenó a 𝗝𝗵𝗼𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗡𝗮𝗿𝘃𝗮́𝗲𝘇 𝗽𝗼𝗿 𝗳𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼. No es coincidencia. Es una línea jurisprudencial clara: 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘇𝗮 𝗻𝗶 𝘀𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗼𝗰𝗶𝗮.
𝗟𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗼́𝗺𝗼𝗱𝗮𝘀
Este caso también deja interrogantes inevitables: ¿cuántas señales fueron ignoradas?, ¿cuántos silencios fueron cómplices?, ¿cuánto tardó el sistema en reaccionar? La justicia llegó, pero 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗼́ 𝗱𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲́𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼. Eso también debe decirse, porque la prevención institucional sigue siendo una deuda.
𝗨𝗻 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗣𝘂𝘁𝘂𝗺𝗮𝘆𝗼
Putumayo no celebra una tragedia personal. Celebra algo más importante: que 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝘆 𝗮𝗹𝗰𝗮𝗻𝘇𝗼́ 𝗮 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻 𝘀𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗶́𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗻𝗰𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗹𝗮. Que las víctimas fueron escuchadas. Que el enfoque de género dejó de ser discurso y se convirtió en sentencia.
Porque una justicia que no toca a los poderosos no es justicia.
Y esta vez, en Putumayo, 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗳𝘂𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹.
*Consejero de Paz Departamental – Defensor de DDHH