Por : Aldo Manco
Hablar de política en la escuela suele incomodar. Para algunos, es un tema “adulto”; para otros, un territorio peligroso. Sin embargo, la historia demuestra que la política no comienza en los palacios ni en los congresos, sino en los espacios cotidianos donde se aprende a convivir, a deliberar y a decidir colectivamente. En el Putumayo —territorio marcado por la exclusión histórica, la violencia estructural y la resistencia social— la escuela ha sido, muchas veces, el primer escenario donde niños y jóvenes ensayan el difícil arte de la democracia.
La elección de personeros y contralores estudiantiles, lejos de ser un simple trámite escolar, constituye una escuela práctica de ciudadanía. En ella se reproducen —para bien y para mal— las formas de hacer política que circulan en la sociedad. La conversación del Comité de Democracia de una institución educativa de Mocoa, tomada como fuente para este artículo, revela con crudeza y honestidad cómo las campañas estudiantiles se debaten entre la formación ética y la imitación acrítica de las malas prácticas de la política tradicional.
Desde Aristóteles, la política ha sido entendida como el arte de organizar la vida en común. No se trata únicamente del ejercicio del poder, sino de la búsqueda del bien colectivo mediante la palabra, la norma y la participación. En la escuela, esta definición cobra una fuerza particular: la política se vuelve pedagogía, y la pedagogía se vuelve política.
El gobierno escolar —personería, contraloría, consejo estudiantil— no es una simulación inocente. Es un laboratorio social donde se forman hábitos democráticos o, por el contrario, se naturalizan prácticas clientelistas, excluyentes y desiguales. Como lo advierten los docentes en la conversación analizada, “si así funciona la política afuera, ¿por qué aquí no?”, preguntan los estudiantes, evidenciando hasta qué punto la cultura política nacional permea el aula.
Uno de los temas más reiterados en la conversación del Comité es el exceso de gasto en campañas estudiantiles. Afiches costosos, camisetas, perifoneo, incluso alquiler de vehículos, reproducen en miniatura las lógicas de la política electoral colombiana, donde el dinero se convierte en un factor de exclusión. El testimonio es elocuente: estudiantes con liderazgo y capacidad discursiva renuncian a postularse porque “no tienen plata para la campaña”. Aquí la democracia deja de ser un derecho y se transforma en un privilegio. En un departamento como el Putumayo, donde la pobreza ha sido una constante histórica, esta práctica resulta profundamente contradictoria con los principios formativos de la escuela pública.
Otra mala práctica identificada es la espectacularización de la campaña. Gritos, barras, aplausos dirigidos, ruido excesivo: formas que impiden la escucha y vacían de contenido la palabra política. Los docentes reconocen que, en muchos casos, los estudiantes “ni siquiera saben qué propone su candidato”, pero sí saben quién hace más bulla. Este fenómeno no es nuevo. La historia política colombiana ha estado marcada por el caudillismo, la emoción sobre la razón y la adhesión acrítica. Cuando estas prácticas se trasladan al escenario escolar sin mediación pedagógica, la elección se convierte en una competencia de popularidad, no en un ejercicio de deliberación.
La conversación también revela una preocupación clave: la confusión entre los roles de personero y contralor. En algunos casos, se pretendía articular campañas conjuntas, desconociendo que la contraloría es un órgano de control y no de gobierno. Esta confusión no es menor: reproduce la falta de separación de poderes que históricamente ha debilitado las instituciones democráticas del país.
Enseñar a diferenciar funciones, responsabilidades y límites es una tarea política de primer orden. La escuela, en este sentido, no solo transmite normas, sino que forma criterios éticos para el ejercicio del poder. Frente a estas malas prácticas, el Comité de Democracia propone una estrategia que merece destacarse: la construcción y firma de un pacto de transparencia con los candidatos. Este pacto no es un documento simbólico, sino una herramienta pedagógica que busca transformar la cultura política desde la raíz.
Limitar gastos, regular el número de afiches, establecer tiempos claros de campaña y priorizar la argumentación sobre el espectáculo son medidas inspiradas, paradójicamente, en las mejores prácticas de la política institucional, no en sus vicios. Aquí la escuela se convierte en un espacio de resistencia ética frente a la normalización de la corrupción y el despilfarro.
El contexto amazónico no es un telón de fondo neutro. En el Putumayo, la política ha estado atravesada por el conflicto armado, la ausencia del Estado y la lucha por el territorio. Formar personeros y contralores estudiantiles con sentido crítico es, en este escenario, una apuesta por la reconstrucción del tejido social. El liderazgo estudiantil que emerge de procesos transparentes, austeros y reflexivos puede convertirse, a futuro, en un liderazgo comunitario comprometido con la defensa de la vida, el territorio y la dignidad. Como lo sugieren los docentes, la escuela no puede reproducir sin crítica “lo que pasa afuera”; debe ofrecer alternativas .La historia de los personeros y contralores estudiantiles en Mocoa es, en realidad, una historia más amplia: la de cómo una sociedad decide formar a sus futuros ciudadanos. Las malas prácticas de campaña no son simples errores juveniles; son reflejos de una cultura política que se aprende temprano.
Corregirlas no implica negar la política, sino dignificarla. Apostar por campañas sobrias, debates argumentados, control ético y participación consciente es una forma concreta de hacer historia desde la escuela. En el Putumayo y la Amazonia, donde la democracia ha sido frágil, cada elección escolar bien orientada es una semilla de futuro.
Porque, al final, la política no se hereda: se aprende. Y la escuela sigue siendo el primer territorio donde esa lección puede cambiar la historia.