Por: *Alexander Africano
Putumayo no puede darse el lujo de normalizar el agravio público como estrategia política. Mucho menos cuando ese agravio se lanza al aire, en un medio de comunicación, contra un activista y comunicador social ampliamente reconocido en el territorio y en el país por su trabajo en favor de la paz como varios de nosotros.
En una emisión del noticiero de la emisora La Reina, el candidato 𝐁𝐮𝐚𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞𝐬 𝐑𝐨𝐬𝐞𝐫𝐨 𝐏𝐞𝐧̃𝐚, en medio de una alocución marcada por la calentura política, arremetió verbalmente contra 𝗥𝗶𝗰𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿𝘁𝗲, conocido en Mocoa, Putumayo y Colombia como el “»𝘠𝘰𝘶𝘵𝘶𝘣𝘦𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘗𝘢𝘻”, afirmando textualmente que para él no es de la paz sino «𝘦𝘭 𝘺𝘰𝘶𝘵𝘶𝘣𝘦𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢”. A renglón seguido, puso en duda no solo sus posturas políticas pasadas y presentes, sino 𝐬𝐮 𝐥𝐞𝐠𝐢́𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐲 𝐚 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫, 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐥𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨, 𝐬𝐮 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨, 𝐨𝐩𝐢𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬.
Las palabras importan. Y en territorios históricamente golpeados por el conflicto armado, 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻 𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗯𝗹𝗲.
Más preocupante aún fue el silencio de los entrevistadores. El silencio también comunica. Y cuando se guarda silencio frente a la descalificación de un colega comunicador, se corre el riesgo de legitimar el ataque y normalizar la estigmatización. Eso, en Putumayo, no es un detalle menor: 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗮𝗻𝘁𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗹𝗶𝗴𝗿𝗼𝘀𝗼 en una región donde la palabra ha sido, muchas veces, antesala de la violencia.
Este episodio contradice abiertamente el llamado reciente del 𝗣𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗚𝗿𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗘𝗹𝗷𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗮𝗰𝗵𝗲𝗰𝗼, quien exhortó a todos los actores políticos a garantizar una 𝗽𝗮𝘇 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹 de cara a las 𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲, evitando discursos de odio, provocaciones y tensiones que puedan derivar en hechos de violencia. El mensaje fue claro: respetar la Constitución, el juego democrático y los resultados que emanen de las urnas.
No se trata de censurar la crítica política la democracia vive de ella, sino de 𝘁𝗿𝗮𝘇𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗹𝗶́𝗻𝗲𝗮 𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗶́𝘁𝗶𝗺𝗼 𝘆 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹. Una cosa es controvertir ideas; otra muy distinta es 𝗽𝗼𝗻𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝗵𝗼 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱, 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝘆 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗼, solo porque sus decisiones políticas no encajan en una narrativa conveniente.
Quienes defendemos la paz no lo hacemos únicamente desde discursos o declaraciones formales. La paz se defiende 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮, 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗹𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝗷𝗲, 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘂𝗻 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼́𝗳𝗼𝗻𝗼 a la mano, y en la coherencia entre lo que se dice y lo que se practica. La estigmatización, venga de donde venga, es incompatible con cualquier proyecto serio de liderazgo.
Como Consejero Departamental de Paz, hago un llamado claro y sin ambigüedades:
A los 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀, para que entiendan que elevar el tono no equivale a elevar el nivel, y que el señalamiento personal no construye autoridad moral ni credibilidad política.
A los 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, para que asuman con responsabilidad su rol como garantes del pluralismo y del debate respetuoso, y no como espectadores pasivos de la descalificación.
A la 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗶́𝗮, para que no normalice la agresión verbal como espectáculo electoral.
Putumayo necesita ideas, propuestas y visión de futuro. No necesita adjetivos ni incendios retóricos.
La paz electoral no es un favor ni una consigna: 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲́𝘁𝗶𝗰𝗮, 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹.
Decirlo con claridad también es hacer paz. Y callar, cuando la palabra hiere, 𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝗻𝗲𝘂𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱: 𝗲𝘀 𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻.
*Consejero de Paz Departamental de Putumayo – Defensor de DDHH