Por : Aldo Manco
Crónica de una democracia escolar en construcción.
En las aulas del Putumayo, lejos de los grandes salones del poder nacional pero profundamente conectadas con sus tensiones, se libra desde hace décadas una batalla silenciosa: la de formar ciudadanos en medio de una historia atravesada por la desigualdad, la violencia, la ausencia estatal y, paradójicamente, una profunda vocación democrática. Allí, en los pasillos de instituciones como Santa María Goretti de Mocoa, la figura del personero estudiantil no es un simple requisito legal ni una formalidad escolar. Es, o debería ser, una escuela temprana de ética pública, control social y defensa de los derechos.
La conversación sostenida por el Comité de Democracia, recogida como memoria viva del proceso electoral estudiantil, deja ver algo más que discusiones técnicas sobre manuales de convivencia o rutas institucionales. Revela una preocupación de fondo: ¿qué tipo de democracia se está enseñando en la escuela?
La figura del personero estudiantil surge en Colombia al amparo de la Constitución Política de 1991, desarrollada por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860, como parte del Gobierno Escolar. En el papel, el personero es el defensor de los derechos de los estudiantes, una suerte de “ministerio público juvenil”, elegido democráticamente y con funciones claramente delimitadas.
Sin embargo, en territorios como el Putumayo —marcados por economías extractivas, conflicto armado y débil institucionalidad— esta figura adquirió desde temprano un significado adicional: la posibilidad de aprender a ejercer el poder sin reproducir la politiquería que tanto daño ha causado en la historia regional.
Uno de los ejes centrales del debate del Comité de Democracia gira en torno al Manual de Convivencia vigente, aprobado formalmente, frente a versiones ajustadas que aún no cuentan con aval institucional. La discusión no es menor. De ella depende si el proceso electoral se rige por normas claras o por interpretaciones coyunturales, un problema tristemente común en la política nacional y que la escuela no quiere repetir.
El énfasis reiterado en “no inventar nada” y ceñirse al manual aprobado expresa una lección histórica aprendida a golpes: la arbitrariedad, incluso con buenas intenciones, debilita la democracia
Uno de los pasajes más reveladores de la conversación es la crítica abierta a prácticas como la “algarabía”, los regalos, el ruido excesivo y la contaminación visual durante las campañas. No es una discusión estética; es una discusión ética.
Los docentes reconocen que muchos estudiantes reproducen, casi por inercia cultural, las formas tradicionales de la política colombiana: promesas vacías, clientelismo simbólico y espectáculo. Frente a ello, el Comité propone una pedagogía distinta: planes de acción escritos, debates respetuosos, argumentación y coherencia entre discurso y conducta.
En ese sentido, la escuela aparece como contrapoder cultural, intentando corregir lo que la sociedad normalizó.
Uno de los aportes conceptuales más importantes del diálogo es la aclaración —necesaria y urgente— de que el personero no gobierna, no administra recursos ni toma decisiones ejecutivas. Su función es garantizar derechos, vigilar el cumplimiento del manual de convivencia y canalizar las voces estudiantiles.
Esta precisión no es trivial. En años anteriores, la confusión de roles llevó a choques con directivos, intentos de paralización de actividades y malentendidos sobre la autoridad. El Comité insiste en que formar personeros también implica enseñar límites, algo que la política adulta rara vez hace.
Quizá el debate más delicado sea el de la revocatoria del mandato estudiantil. ¿Es legítimo revocar a un personero que incumple? ¿Qué mensaje se envía?
Las posiciones son encontradas. Algunos temen que una revocatoria sea vista como un fracaso institucional; otros la entienden como una señal de madurez democrática. El consenso parcial apunta a una salida pedagógica: si hay revocatoria, debe ser promovida por los propios estudiantes, respetando el debido proceso y centrada en el incumplimiento de deberes, no en venganzas políticas.
En una región donde la anulación de elección de Alcaldes y gobernadores no ha sido rara y conflictiva, discutirla en la escuela es, en sí mismo, un acto formativo.
Aunque menos visible, la figura del contralor estudiantil aparece como clave, especialmente en temas ambientales, proyectos institucionales y vigilancia de recursos como el restaurante escolar. En el contexto amazónico, donde lo público ha sido históricamente saqueado o abandonado, formar contralores estudiantiles es sembrar una semilla de defensa del bien común.
Lo que ocurre en la I.E. Santa María Goretti no es un hecho aislado. Hace parte de una historia más amplia del Gobierno Escolar en el Putumayo, donde la escuela ha sido uno de los pocos espacios estables de deliberación democrática en medio de la incertidumbre.
Por eso, este proceso interpela no solo a docentes y estudiantes, sino también a historiadores, políticos y líderes amazónicos: ¿qué tanto estamos escuchando estas experiencias? ¿Qué tanto aprendemos de estas democracias pequeñas pero significativas?
Al final, la historia de los personeros y contralores estudiantiles en el Putumayo no se escribe solo en actas ni en manuales. Se escribe en discusiones como esta, en desacuerdos, en ajustes, en la decisión consciente de no repetir los vicios del mundo adulto.
Tal vez ahí radique su mayor valor histórico: enseñar que la democracia no es ruido, sino responsabilidad; no es promesa, sino coherencia; no es poder, sino servicio.
Y tal vez por eso, quienes estudian la historia política de la Amazonia deberían mirar más seguido hacia las escuelas. Porque en ellas, a veces, se ensaya el país que todavía no somos.