Por :Aldo Manco
A las puertas del Palacio de Justicia de Mocoa, un miércoles cualquiera que terminó siendo histórico —28 de enero de 2026—, no se estaba juzgando a nadie en los estrados, pero sí se estaba interpelando al país. Allí, bajo el sol húmedo de la Amazonía, se reunieron maestras, obreros, campesinos, sindicalistas y ciudadanos de a pie convocados por la Central Unitaria de Trabajadores , FECODE, la Asociación de Educadores del Putumayo y su subdirectiva de Mocoa. No era una protesta improvisada: era un capítulo más de una larga historia de lucha sindical en una de las regiones más golpeadas y, paradójicamente, más olvidadas del país.
El plantón hacía parte de una jornada nacional frente a las casas de justicia para defender lo que sus convocantes llamaron sin rodeos el salario mínimo vital, un aumento del 23 % que, por primera vez en la historia reciente de Colombia, llevó el ingreso mínimo de millones de trabajadores a un umbral que apenas roza la dignidad. En Mocoa, como en otras ciudades, la consigna no fue técnica ni burocrática: fue política, histórica y moral.
Enrique Castillo y Aldeamar Ruiz, dos de las voces más escuchadas durante la jornada, no se limitaron a defender una cifra. Sus intervenciones —cargadas de memoria, rabia contenida y convicción política— trazaron una línea clara entre dos modelos de país. Recordaron que en 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el salario mínimo aumentó apenas un 3 %, sin que se produjera entonces el escándalo mediático que hoy provocan los incrementos destinados a los sectores populares.
Castillo lo dijo sin eufemismos: Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, y cada intento por corregir esa desigualdad desata la reacción airada de quienes históricamente han concentrado el poder económico, político y mediático. No es casual, recordó, que gremios empresariales como Fenalco y figuras de las élites jurídicas hayan demandado el aumento del salario mínimo vital. La paradoja —o la doble moral— resulta evidente: quienes jamás cuestionaron salarios de congresistas que superan los 35 o 50 millones de pesos mensuales, hoy se escandalizan porque un trabajador pobre alcance los dos millones con subsidio de transporte.
Hablar de sindicalismo en el Putumayo exige una pausa histórica. No es una región cualquiera. De sus cerca de 350.000 habitantes, aproximadamente la mitad ha sufrido desplazamiento forzado. Aquí, sindicalizarse fue durante décadas una actividad de alto riesgo; reclamar derechos laborales podía costar el exilio o la vida. En ese contexto, el magisterio —organizado en asociaciones como la de Educadores del Putumayo— se convirtió no solo en un actor gremial, sino en un sujeto político y moral del territorio.
Por eso no sorprende que la defensa del salario mínimo vital se mezcle, en los discursos del plantón, con la exigencia de paz, soberanía y justicia social. La lucha sindical en el Putumayo no se reduce a reivindicaciones salariales: es una lucha por permanecer, por existir, por no ser expulsados una vez más de la historia.
Los oradores no evitaron nombrar responsables. Se habló de la extrema derecha, de expresidentes como César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, y de sectores políticos que hoy critican al gobierno de Gustavo Petro mientras defienden privilegios heredados. En contraste, se defendieron las reformas estructurales: la reforma pensional, la reforma a la salud, la educativa y la política.
Uno de los puntos más reiterados fue el drama de la informalidad: más de 11 millones de colombianos trabajan sin garantías, sin pensión y sin futuro. Vendedores ambulantes, taxistas, trabajadores del rebusque: esa Colombia invisible fue puesta en el centro del debate. Para los manifestantes, una reforma pensional que incluya al sector informal no es un favor, sino una deuda histórica.
El plantón también fue un espacio para rechazar las intervenciones extranjeras y reivindicar la soberanía nacional. No es un detalle menor en una región amazónica históricamente atravesada por intereses externos: caucho, petróleo, coca, biodiversidad. Defender el salario vital, dijeron, es también defender el territorio y la vida frente a un modelo extractivo que ha dejado pobreza y violencia.
La consigna “Colombia, potencia mundial de la vida” resonó con fuerza en Mocoa. En boca de los sindicalistas putumayenses, no fue una frase publicitaria, sino una declaración ética: vida contra pobreza, vida contra exclusión, vida contra el silenciamiento histórico de regiones periféricas.
El cierre del acto fue explícitamente político. Se llamó a construir mayorías alternativas en el Congreso y a respaldar proyectos como el de Iván Cepeda y Miguel Ángel Rubio. No se trató de proselitismo vacío, sino de una lectura histórica: sin representación política, las conquistas laborales son frágiles y reversibles.
“Mientras existan maestros de pie, no habrá pueblos de rodillas”, dijo una docente, arrancando aplausos. La frase resume décadas de resistencia silenciosa en escuelas rurales, barrios marginales y veredas olvidadas del Putumayo.
Lo ocurrido frente al Palacio de Justicia de Mocoa no fue un hecho aislado. Fue un recordatorio incómodo para historiadores y políticos de la Amazonía: la historia no se escribe solo en archivos ni en capitales lejanas. También se escribe en la calle, en el plantón, en la voz quebrada de un trabajador que defiende su derecho a comer tres veces al día.
La lucha sindical en el Putumayo, ayer y hoy, es una escuela de ciudadanía. Ignorarla es condenarse a repetir los errores de una nación que durante más de dos siglos confundió orden con desigualdad y progreso con exclusión. Escucharla, en cambio, puede ser el primer paso para construir una historia distinta: una historia donde la dignidad no sea una consigna, sino una realidad.