Esta columna fue escrita por el columnista invitado Andres Santana Bonilla.
Cada día que pasa, ante nuestros ojos desinteresados y ensimismados, somos testigos de un nuevo etnocidio de la misma magnitud del acaecido sobre los pueblos amazónicos en la conquista y colonización española. Como si viviéramos un viaje al pasado o una historia paralela —como la película “El abrazo de la serpiente”— la sociedad moderna es a la vez verdugo y víctima por la codicia, expresada en una renovada “fiebre del oro” que ha llevado sus precios a niveles insólitos. Esta vez, el etnocidio es exacerbado por un ecocidio ocasionado por la contaminación por mercurio y la deforestación asociados a la extracción aurífera.
La enfermedad y el Convenio de Minamata
A comienzos de noviembre se celebró en Ginebra, Suiza, la Conferencia de las Partes (COP6) del Convenio de Minamata sobre el mercurio. Con este tratado internacional, firmado en 2013, las partes se comprometen a adoptar medidas para proteger la salud humana y del ambiente de los impactos de la contaminación por mercurio. Su nombre proviene de la ciudad japonesa donde se vertieron toneladas de mercurio en el mar y el envenenamiento severo de su población les ocasionó la llamada “enfermedad de Minamata”. Esta enfermedad afecta principalmente al sistema nervioso y los síntomas incluyen pérdida de coordinación motora, temblores y movimientos involuntarios, alteraciones en la visión y pérdida de audición, dificultades para hablar y tragar, pérdida de sensibilidad en manos, pies y labios, cambios de comportamiento, irritabilidad, insomnio, depresión, fatiga y debilidad muscular, y daño renal y hepático en casos prolongados y, en los casos severos, parálisis, coma y muerte.
Este veneno silencioso no solo reduce la calidad de vida y deteriora la salud de los adultos, es especialmente peligroso para las mujeres gestantes y sus bebés porque atraviesa fácilmente la placenta y se acumula en el sistema nervioso del feto en concentraciones más altas que en la madre, ocasionando abortos espontáneos, mortinatos o malformaciones congénitas, retraso mental o del desarrollo, parálisis cerebral infantil, problemas de visión, audición y lenguaje, y dificultades motoras y cognitivas permanentes.
La expansión del crimen organizado y la minería en la Amazonía
En los países amazónicos, el mercurio es ampliamente usado en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape) por su bajo costo, fácil acceso y la simplicidad que aporta a la amalgamación o separación de sedimentos y oro. Al finalizar el proceso, el mercurio es vertido al suelo o al agua, y la amalgama se quema para obtener el metálico. Sus impactos sobre el ambiente y la biodiversidad son devastadores: contamina suelos, cuerpos hídricos y la atmósfera. Sobre la salud humana pueden ser directos para quienes entran en contacto con el químico e inhalan los vapores tóxicos de la quema; e indirectos, pues como en Japón, el mercurio contamina la cadena alimenticia y buena parte de la dieta de los indígenas amazónicos se basa en el pescado.
A nivel social, las economías ilegales asociadas a la minería ilegal —como el tráfico de mercurio, combustible y oro— son controladas por organizaciones criminales que aprovechan el histórico abandono estatal en la Amazonía e imponen sus formas de gobernanza territorial, forzando a las comunidades a realizar minería o desplazándolas de su territorio. Así, la Amazonía experimenta una expansión criminal inusitada que demuestra la capacidad de coordinación y colaboración transfronteriza del crimen, cuando la coordinación interinstitucional e intergubernamental falla y los marcos normativos presentan asimetrías favorables a este.
La organización del crimen es tal, que el oro extraído de la selva amazónica atraviesa múltiples fronteras desde países como Brasil, Perú o Colombia, pasa por Venezuela o Guyana y —gracias a un entramado entre lo criminal y el sector privado— penetra mercados legales europeos como Suiza o Italia o de Oriente Medio como Líbano, Emiratos Árabes o Arabia Saudita. Tampoco están a salvo las fronteras de los Estados Unidos, pues según la Coalición Fact, existen puntos ciegos en su regulación financiera que facilitan el lavado del oro ilegal amazónico.
Las conexiones con el crimen internacional no paran ahí. Los elevados precios del oro han impulsado la expansión de la minería ilegal, resultando en un aumento vertiginoso de precios y tráfico de mercurio. La EIA evidencia que entre 2019 y 2025 se han traficado más de 200 toneladas de mercurio desde minas en México hacia minas ilegales de oro en Bolivia, Colombia y Perú —exponiendo las falencias del Convenio de Minamata.
La Amazonía es la nueva Minamata
Nuestros indígenas se están envenenando y muchos de ellos ni siquiera saben cómo. Los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) son especialmente vulnerables porque no pueden tomar medidas preventivas o de remediación a las que, en cambio, ya tienen acceso algunos pueblos contactados. Todo esto impacta sus capacidades de transmisión intergeneracional de tradiciones culturales, ya que sus relaciones con la naturaleza y la biodiversidad están siendo afectadas. Los impactos son catastróficos porque la degradación ambiental por la minería aurífera y el mercurio están afectando su salud, los medios de vida que ofrece la selva y socavan las posibilidades de un futuro para las niñas y los niños amazónicos.
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 por la Asamblea General de la ONU, contiene principios que son vulnerados por la minería, entre otros: la autodeterminación o el derecho a definir libremente su desarrollo económico, social y cultural; el derecho a poseer, usar, desarrollar y controlar las tierras tradicionalmente ocupadas; la consulta y consentimiento libre, previo e informado; y el derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y recursos.
Pero si la Convención de Minamata es posterior a esta declaración ¿está alineada con estos principios? La respuesta, según el Relator Especial de la ONU, Marcos Orellana, es no. La Convención no prohíbe la Mape que contamina con mercurio ni obliga a dichas actividades extractivas el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Tampoco obliga a los Estados importadores de oro a realizar una debida diligencia para garantizar que sus mercados no sean infiltrados con oro extraído con mercurio.
Lamentablemente, la COP6 fue una oportunidad perdida. No se modificaron los Artículos 7 y 9 para prohibir el uso de mercurio en la Mape y el vertimiento de sus residuos en tierras indígenas, respectivamente. El tratamiento que da dicha Convención a la Mape no solo no está alineado con la citada Declaración de la ONU, sino que es contrario. El mercurio debe regularse como lo que es, un catalizador de violaciones de derechos humanos, de extracción y comercio ilegal de recursos naturales, y de financiamiento del crimen organizado. Es necesario modificar la Convención de Minamata para armonizarla con las normas internacionales de derechos humanos sobre los pueblos indígenas.
Titulé este artículo en alusión a la película titulada “Amazonía: La nueva Minamata”, que los invito a ver. Si estas líneas nos son suficientes para horrorizarnos, quizás las imágenes lo sean.