Cuando la política se pinta de cobre

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Por : Por: Joan Mauricio Fajardo Coral
Afiliado CNP. – Putumayo

A medida que se acercan las elecciones en Colombia desde Putumayo, emerge un escenario alarmante; candidatos y candidatas con plataformas políticas construidas desde los intereses de la empresa minera que insiste en intervenir el piedemonte amazónico de Mocoa.

No son rumores; son respaldos visibles y estratégicos orientados a asegurar poder legislativo.

El momento es crítico. Mientras el presidente Gustavo Petro anuncia la intención de declarar la «Amazonia libre de minería», la multinacional ve en riesgo su negocio y necesita aliados en el Congreso que mantengan las puertas abiertas a la extracción. La disputa es clara: la Amazonia como territorio de vida o como botín legislativo.


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Tener congresistas al servicio de una minera es un peligro directo para la democracia. Implica que las leyes ambientales, las reformas al código minero y las decisiones sobre áreas protegidas podrían redactarse pensando en la rentabilidad corporativa, no en el futuro del país. Es permitir que el poder económico use el poder político.

La multinacional no necesita ganar un debate técnico si tiene curules amañadas. No necesita convencer al territorio si puede influir en quienes redactan la ley. Cuando los legisladores son mensajeros de intereses privados, la Amazonia se vuelve moneda de cambio.

Quienes conocemos el piedemonte amazónico sabemos que no es reemplazable ni negociable. Su riqueza hídrica y biodiversidad no admiten errores. Una ley mal orientada podría abrir puertas que ningún gobierno podrá cerrar.

Este es un llamado a la responsabilidad colectiva.


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La Amazonia exige ciudadanía vigilante, comunidades que cuestionen y que exijan transparencia a quienes hoy buscan una curul. Porque, si algo está claro, es que cuando una corporación minera escribe parte de la agenda legislativa, el riesgo no es solo ambiental: es democrático.

Que no nos tomen el territorio por silenciosos. La Amazonia exige voces firmes, comunidades alertas y un país que no permita que los intereses privados definan el futuro de su selva más vital.


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