Por: *Alexander Africano
La reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas vuelve a poner en evidencia una realidad incómoda: el peso del problema no recae únicamente en países productores como Colombia, sino en la propia estructura de consumo, lavado de dinero y tráfico de armas que se origina en Norteamérica.
Tal como lo plantea la fiscal Angélica Monsalve, Colombia debería replantear el modelo de extradición y garantizar que sus nacionales procesados por narcotráfico sean juzgados en territorio nacional. Esto no solo responde al principio de reciprocidad, sino que también visibiliza que el problema no se resuelve trasladando responsabilidades a otro país.
En el caso de Putumayo, la descertificación tiene efectos directos:
1. 𝐄𝐬𝐭𝐢𝐠𝐦𝐚𝐭𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨. El departamento vuelve a ser señalado como “zona roja” del narcotráfico, cuando en realidad las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes son las principales víctimas de la violencia, la militarización y la falta de inversión social.
2. 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬. La cooperación internacional condicionada puede reducir recursos para proyectos productivos y de sustitución de cultivos, debilitando procesos comunitarios que buscan alternativas al modelo de la coca.
3. 𝐀𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚. Históricamente, cada vez que EE. UU. presiona con la narrativa de “mano dura” contra las drogas, Putumayo enfrenta más erradicaciones forzadas, más presencia militar y más violaciones a los derechos humanos, sin que se solucionen las causas estructurales del narcotráfico.
Estados Unidos habla de “guerra contra las drogas”, pero:
• Es el mayor consumidor del mundo de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo.
• Su sistema financiero es cómplice del lavado de activos.
• Desde su mercado provienen muchas de las armas de alto poder que alimentan la violencia en Putumayo.
Mientras en EE. UU. mueren más de 100.000 personas al año por sobredosis, en Putumayo mueren líderes sociales, campesinos y jóvenes en medio de una guerra que no nos pertenece. La descertificación, por lo tanto, no resuelve nada: el problema sigue y se agrava porque no se toca el fondo del asunto, que es la demanda en Norteamérica y su responsabilidad histórica en esta crisis.
Putumayo necesita que se pase de la guerra a la inversión social, de la erradicación forzada a la sustitución concertada, y del señalamiento internacional al reconocimiento de las comunidades como constructoras de paz.
*Consejero de Paz Departamental y afiliado al CNP