ElEspectador – Por : Daniel Llanos Ramirez y Grupo de Berlín (GIFK)
Durante décadas, algunos departamentos del país han sido escenario de una conflictividad armada intrínsecamente ligada a sus recursos naturales. En Cesar, La Guajira, Meta y Putumayo, la minería de carbón y la extracción de hidrocarburos alimentaron una multiplicidad de actividades ilícitas conexas y llenaron las arcas de grupos armados ilegales que, sin importar su naturaleza ideológica o política, terminaron afectando gravemente los ecosistemas y vulnerando la vida de las comunidades étnicas y campesinas en los territorios. Mientras que los departamentos del corredor minero estuvieron gobernados por el paramilitarismo, en las sabanas y selvas del suroriente del país eran las guerrillas quienes controlaban la economía local, la seguridad y el orden público.
A pesar de que en la actualidad estos lugares continúan inmersos en un conflicto aún no resuelto y sus economías siguen siendo disputadas violentamente por “nuevas” estructuras armadas (como es el caso del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el Caribe, o del Estado Mayor Central (EMC) contra el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y los Comandos de la Frontera (CF) en la región amazónica), hay un nuevo factor en la ecuación: la transformación de los sistemas energéticos del país y la transición justa. En este contexto, la descarbonización de la economía y la reestructuración de la matriz productiva del país ofrecen una oportunidad única para empoderar a la población rural y reconfigurar los territorios históricamente azotados por la violencia, la pobreza y la exclusión. Tanto a nivel nacional como internacional, se están llevando a cabo importantes esfuerzos para que esto suceda.
A nivel nacional, el marco normativo de la transición energética ha logrado integrar de manera efectiva las dimensiones sociales, ambientales y culturales en este proceso. Solo hace falta leer con atención el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida, la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, o el Plan Energético Nacional (PEN) 2020-2050: La transformación energética que habilita el desarrollo sostenible, para darse cuenta de que, al menos sobre el papel, las políticas públicas en este sector buscan generar beneficios sociales tangibles para toda la población. Por otro lado, en el país se han ido consolidando un número significativo de actores sociales e instituciones educativas que, con su trabajo, sitúan la dimensión humana al mismo nivel que los objetivos de descarbonización. El Semillero de Transición Energética de la Universidad del Magdalena, la Fundación Tierra Digna, Censat Agua Viva, CINEP/PPP y muchas otras organizaciones han contribuido a visibilizar la complejidad y los impactos tanto de la minería del carbón como de la transición energética. A través de investigaciones, eventos y proyectos de diversa índole, estas organizaciones han acompañado procesos de reconversión laboral para los trabajadores salientes de las minas, han reivindicado los derechos de los sindicatos y promovido la defensa de los territorios, así como los derechos constitucionales de las comunidades que los habitan y su autogestión.
En el plano internacional, se han destinado grandes sumas de dinero para apoyar este proceso en Colombia. La Iniciativa Internacional del Clima (IKI) del gobierno alemán, por ejemplo, financia proyectos de diversificación energética de pequeña, mediana y gran escala en varias regiones del país. Paralelamente, la Embajada de Colombia en Berlín ha enfocado parte de su misión diplomática en hacer atractivo el proceso nacional de transición energética para empresas como Siemens Energy o conglomerados como la Federación de Industrias Alemanas (BDI). La transferencia de tecnología, la investigación conjunta en hidrógeno verde y la instalación de sistemas de energía renovable forman parte del portafolio de esta red de trabajo. En 2023, Colombia y España firmaron un Memorando de Entendimiento con el objetivo de establecer un marco de colaboración para el beneficio mutuo en el campo de la transición energética justa y la descarbonización del sector energético. Hasta el momento, este acuerdo ha facilitado el intercambio de experiencias en áreas clave como la descentralización y digitalización del sector eléctrico, la eficiencia energética y la gestión sostenible de materias primas estratégicas para la transformación verde.
Todo esto suena muy positivo; sin embargo, el cambio que se pretende lograr no solo requiere de financiamiento o de la adopción de nuevas tecnologías y buenas prácticas, sino también la capacidad de adaptar dichas innovaciones a las particularidades de cada territorio. Y es aquí donde los grupos armados ilegales vuelven a ser determinantes en el resultado de nuestra ecuación. La transición energética justa requiere de un diálogo social donde los actores implicados y los grupos afectados tengan la capacidad de organizarse, debatir y decidir en libertad. Para que la democratización energética en Colombia pueda dinamizar la producción agrícola local y corregir desequilibrios socioeconómicos preexistentes, se necesita que haya paz y estabilidad, especialmente en la ruralidad de los departamentos donde se extrae petróleo, oro y carbón. Hoy en día, la situación que se vive en muchos de estos lugares difiere mucho de este ideal.
La gobernanza criminal y las nuevas olas de violencia no permiten que proyectos agrofotovoltaicos lleguen a donde más se necesitan, como por ejemplo a centros poblados y veredas donde las casas nunca han tenido una nevera y el único lugar donde se pueden comprar alimentos y bebidas refrigeradas está a horas de camino. Los habitantes de estas áreas no suelen estar bajo el mando de un único actor armado, sino que se ven obligados a rendir cuentas a dos o más grupos criminales y negociar con ellos la instalación de un simple panel solar o su participación en cursos de formación con beneficios directos para su comunidad. Y es que un avance social de este tipo es una amenaza directa para su poder y control territorial.
Esta es la realidad que muchos desconocen y que, a su vez, dificulta el despliegue de los beneficios que la transición energética justa puede traer para los territorios periféricos en Colombia. Es por esto que en todas las discusiones y proyectos que se den en este ámbito no debe olvidarse que sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad.
*Daniel Llanos Ramirez, Politólogo de la universidad Johann Wolfgang Goethe. M.A Estudios interdisciplinarios latinoamericanos de la FU Berlin. Hace parte del Berliner Gruppe für interdisziplinäre Friedens-und Konfliktfors (Grupo de Berlín).
🡪El Grupo de Berlin o Berliner Gruppe für interdisziplinäre Friedens-und Konfliktfors -GIFK-, en español: Grupo de Berlín para la Investigación Interdisciplinaria de la Paz y los Conflictos.