Por : Alexander Africano
Los recientes hechos ocurridos tanto en el centro penitenciario La Picota de Bogotá, donde se frustró un presunto plan para asesinar a alias Araña, cabecilla de los Comandos de la Frontera, como el asesinato de dos personas en la vereda La Paila de Puerto Asís, generan profunda preocupación en el Putumayo y exigen una lectura articulada del contexto de seguridad, justicia y construcción de paz.
Ambos acontecimientos, ocurridos en escenarios geográficos distintos, convergen en una misma realidad estructural: la persistencia del control armado, el debilitamiento institucional en zonas periféricas y el uso de la violencia como mecanismo de poder, incluso desde las propias cárceles del país.
𝟏‧ 𝐔𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐧̃𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐢𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨
El hallazgo de una pistola dentro de La Picota, presuntamente destinada a asesinar a un facilitador de paz detenido, confirma que los tentáculos de las organizaciones armadas siguen activos incluso dentro del sistema penitenciario colombiano. La facilidad con la que ingresó un arma de fuego a un pabellón de alta seguridad revela una alarmante fragilidad institucional y plantea interrogantes sobre la protección de quienes hacen parte, directa o indirectamente, de procesos de negociación, sometimiento o esclarecimiento de responsabilidades en el marco del conflicto.
Desde Putumayo, donde alias Araña y su estructura han tenido un rol protagónico en el control territorial, esta situación se percibe como una alerta que podría tener repercusiones sobre el equilibrio de poder en la región, aumentando el riesgo para las comunidades en medio de posibles reacomodamientos armados.
𝟐‧ 𝐋𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐋𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐥𝐚: 𝐝𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐛𝐚𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬
Mientras tanto, en la vereda La Paila de Puerto Asís, la violencia se volvió a manifestar con el asesinato de dos hombres cuyos cuerpos presentaban múltiples impactos de bala. José Bramley Villa Rodríguez (25 años) y Jaider Iván Petevi Romero (41 años) fueron encontrados en una zona de difícil acceso, sin presencia estatal cercana, y con signos de sevicia en al menos uno de los casos.
Este hecho no solo enluta a sus familias y a la comunidad, sino que expone la persistente vulnerabilidad en la que viven los habitantes rurales del bajo Putumayo, donde el miedo, el silencio y la desprotección siguen siendo una constante.
La presencia de estructuras armadas como los Comandos de la Frontera en esta región, sumado a la posibilidad de llegada de otros gránulosoos, y la recurrente ausencia de garantías institucionales reales, profundizan la percepción de abandono estatal y debilitan los esfuerzos comunitarios por consolidar entornos de convivencia y reconciliación.
𝟑‧ 𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨, 𝐮𝐧 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞:
Los dos hechos mencionados, aunque distintos en su naturaleza, están íntimamente conectados por una realidad territorial: la continuidad del conflicto armado no resuelto, las economías ilícitas como fuente de poder y la fragilidad del Estado para proteger la vida y ejercer justicia de manera eficaz.
Desde Putumayo, territorio históricamente golpeado por el conflicto y aún esperanzado en la implementación integral de la paz, hacemos un llamado a las autoridades nacionales para:
• Garantizar plenamente la vida y la integridad de quienes hacen parte de procesos de diálogo o sometimiento.
• Reforzar las capacidades del Estado para controlar y depurar el sistema penitenciario.
• Investigar con celeridad y transparencia el doble homicidio ocurrido en La Paila y judicializar a los responsables.
• Priorizar el Putumayo como una zona estratégica de intervención integral que combine justicia, verdad, desarrollo rural, educación y protección colectiva.
𝐏𝐚𝐳 𝐬𝐢́, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢́𝐚𝐬
La construcción de paz no puede darse en medio de asesinatos selectivos, armas en cárceles de alta seguridad y comunidades condenadas a la indiferencia. La paz se construye garantizando la vida, restableciendo la confianza y haciendo presencia allí donde hoy reina la ausencia del Estado.
Desde el Putumayo reafirmamos nuestro compromiso con la vida, la justicia y la paz, pero exigimos al Estado que su presencia no sea simbólica ni tardía, sino decidida, respetuosa de los derechos humanos y coherente con las demandas de los territorios.
*Consejero de Paz Departamental- Afiliado al CNP