ElEspectador – El panorama parece desalentador para las personas jóvenes que viven en el sector rural, pero su identidad campesina se mantiene fuerte y quienes cuentan al menos con la tierra de sus familias tienen deseo de trabajarla y producir, pero requieren apoyo para acceder a capital y a maquinaria, o para vender su producción.
Por: Lina María Ortega Van Arcken, investigadora y asesora jurídica en temas agrarios, desarrollo rural y juventudes.
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 22.9% de la población nacional vive en zonas rurales dispersas y centros poblados, de esta población el 28.5% son jóvenes en edades entre los 14 y 28 años, siendo 2.879.755 jóvenes rurales que se encuentran principalmente en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Guainía, Vichada, Guaviare y Arauca. Un número bajo que evidencia el envejecimiento acelerado de la población, fenómeno que ha afectado a otros países y que actualmente ha empezado a sobresalir en Colombia, donde la expectativa de vida ha aumentado mientras la tasa de natalidad ha descendido en los últimos años, originando que la población adulta supere cada vez en mayor proporción a la población infantil y juvenil.
En el sector rural este fenómeno es agravado por la falta de oportunidades, el acceso deficiente a servicios básicos, la violencia armada y el reclutamiento por parte de grupos armados y criminales que obliga a las y los jóvenes a abandonar el campo para buscar no solo un mejor futuro, sino un mejor presente.
A nivel productivo las juventudes rurales cuentan con menos fuentes de ingresos y enfrentan mayores dificultades para acceder a oportunidades económicas y formativas, además, aunque el trabajo agrícola sigue siendo la principal actividad económica del sector rural y de que es necesario para garantizar la seguridad alimentaria del país, las juventudes campesinas carecen de la tierra, el capital y la tecnología necesarios para subsistir y generar desarrollo en el campo.
A pesar de que las juventudes rurales representan una fuerza de trabajo vital para el sector rural, el pago por el jornal rural en el mejor de los casos alcanza los 47.450 pesos que equivalen al salario mínimo diario actual en el país, además, el trabajo de la tierra es pesado, suele exceder las 8 horas de trabajo diarias previstas legalmente, en ocasiones parte de los pagos se hacen en alimentación o en especie con los productos de las fincas, y pocos trabajadores rurales reciben prestaciones sociales o cotizan para pensión.
El panorama parece desalentador para las personas jóvenes que viven en el sector rural, pero su identidad campesina se mantiene fuerte y quienes cuentan al menos con la tierra de sus familias tienen deseo de trabajarla y producir, pero requieren apoyo para acceder a capital y a maquinaria, o para vender su producción.
Un impulso es necesario para potencializar las capacidades juveniles, por ejemplo, los dispositivos digitales que las personas jóvenes usan con facilidad y el acceso a conectividad pueden generar grandes ventajas, pues a través de las TICs se pueden hacer contactos de compradores o proveedores para abrir mercados agrícolas, utilizar servicios financieros digitales, y en general acceder a información y a ofertas privadas y públicas. Las opciones tecnológicas parecen salidas de contexto cuando no existe conexión a internet, vías, o acueductos, sin embargo, es parte de las aspiraciones y metas que las nuevas generaciones tienen, junto a sus múltiples intereses y el deseo de aprender diversas profesiones, oficios y artes que no tienen el mismo impulso en el sector rural que en zonas urbanas o ciudades grandes, pero hacen parte de las nuevas ruralidades, y de las transformaciones que las personas jóvenes quieren lograr.
Algunos avances se presentan en la nueva ley para jóvenes rurales que fue aprobada el pasado 19 de junio en el Senado y que se encuentra a la espera de sanción presidencial. La ley que fue impulsada desde la Comisión Accidental de Juventud procura incluir a las juventudes rurales en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, garantizando su acceso a la tierra, a proyectos productivos, y a formación académica y técnica.
Las disposiciones que trae esta nueva ley otorgan subsidios a jóvenes para la adquisición de tierra y les permite ser beneficiarios del programa de adquisición de tierra por negociación directa. Además, establece que las juventudes rurales son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, y se les garantiza participación en políticas de desarrollo rural.
También, se entiende que la tierra, la productividad y la inclusión social y cultural son factores clave para fortalecer la autonomía, el empoderamiento, el reconocimiento social y el ejercicio de derechos de las y los jóvenes rurales, y se promociona el arraigo cultural fortaleciendo el sentido de pertenencia y la apropiación de la identidad campesina.
Con un enfoque más fresco, esta nueva ley reconoce modelos económicos alternativos que involucren formas de organización, producción, distribución, consumo e intercambio diferentes a las tradicionales, además de que promueve la innovación, el emprendimiento, y el uso de las TICs.
Otras consideraciones que trae la ley es que crea incentivos a quienes contraten a jóvenes rurales, y establece que se creen mecanismos de asesoría, representación y formación para que las juventudes accedan a sus derechos sobre la tierra. Asimismo, impulsa la sostenibilidad y la agricultura regenerativa, da acceso a apoyos financieros del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, crea un trazador presupuestal de juventud rural, e impulsa la gobernanza juvenil del territorio.
Junto a la Reforma Agraria que se está generando actualmente, esta ley ayuda a entregar el futuro del campo a las juventudes, las cuales en un entorno adverso siguen luchando para que el trabajo agrario genere condiciones de vida digna, con un mérito acorde al nivel de esfuerzo que requiere.