Por: *Alexander Africano
La suspensión de la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo, ha abierto una conversación nacional sobre 𝙚𝙡 𝙖𝙡𝙘𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙋𝙖𝙯 𝙏𝙤𝙩𝙖𝙡 𝙮 𝙨𝙪𝙨 𝙞𝙢𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙟𝙪𝙧𝙞́𝙙𝙞𝙘𝙖𝙨. En el fondo, lo que se discute no es una persona ni un grupo armado: se discute la ruta que Colombia quiere tomar hacia una paz duradera, con decisiones que pueden impactar directamente a regiones 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘗𝘶𝘵𝘶𝘮𝘢𝘺𝘰, 𝘥𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘢𝘳𝘮𝘢𝘥𝘰𝘴, 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪́𝘢𝘴 𝘪𝘭𝘦𝘨𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘺 𝘢𝘧𝘦𝘤𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘢 𝘭𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴.
Alias “Mocho Olmedo”, vinculado a graves delitos en Colombia y requerido por narcotráfico por la justicia estadounidense, hoy permanece en el país gracias a la Resolución 186 de 2025, que condiciona su no extradición a su participación activa en los diálogos de paz con el Frente 33. Se establece que, si cesa sus aportes, la extradición será retomada.
Este precedente genera un marco de interpretación que podría aplicarse en el futuro a otros casos. 𝙋𝙤𝙧 𝙚𝙟𝙚𝙢𝙥𝙡𝙤, 𝙚𝙣 𝙋𝙪𝙩𝙪𝙢𝙖𝙮𝙤, 𝙙𝙤𝙣𝙙𝙚 𝙡𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙤𝙘𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝙘𝙚𝙧𝙘𝙖 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙪𝙧𝙖𝙨 𝙖𝙧𝙢𝙖𝙙𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙤 𝙡𝙤𝙨 𝘾𝙤𝙢𝙖𝙣𝙙𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙁𝙧𝙤𝙣𝙩𝙚𝙧𝙖, surge la pregunta legítima: ¿podria ocurrir lo mismo con alias “Araña” para que siga en la mesa de diálogo? ¿Podría su proceso judicial detenerse si sigue vincula a un proceso de paz?
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫, 𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐣𝐮𝐳𝐠𝐚𝐫
Hacer este tipo de comparaciones no busca estigmatizar ni anticipar culpabilidades. Se trata de prever escenarios posibles y pensar desde los territorios cómo deberían manejarse para garantizar verdad, justicia y confianza.
𝘼𝙢𝙗𝙤𝙨 𝙘𝙖𝙨𝙤𝙨 𝙚𝙡 𝙖𝙘𝙩𝙪𝙖𝙡 𝙮 𝙚𝙡 𝙝𝙞𝙥𝙤𝙩𝙚́𝙩𝙞𝙘𝙤𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣 𝙚𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙚𝙨:
• Vínculos con estructuras armadas que operan en zonas estratégicas.
• Acusaciones por graves violaciones de derechos humanos y delitos transnacionales.
• Posibles intereses del Estado en que su permanencia en Colombia facilite procesos de paz.
𝙋𝙚𝙧𝙤 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙞𝙚́𝙣 𝙝𝙖𝙮 𝙙𝙞𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙨 𝙘𝙧𝙪𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚𝙨:
• En el caso de Mocho Olmedo, existe ya una mesa formal con el Frente 33.
• En el caso de los Comandos de Frontera, aún no hay un proceso de paz estructurado y está “tambaleando”, aunque existen llamados al diálogo desde sectores comunitarios y oficiales.
𝐄𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐨: 𝐜𝐨́𝐦𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐣𝐚𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨
Frente a estas realidades, el camino no puede ser improvisado. Colombia necesita decisiones coherentes con el marco legal, con los derechos de las víctimas y con la construcción de una paz legítima. Para lograrlo, se proponen algunos elementos:
𝟭. 𝗖𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝘀
Cualquier suspensión de procesos judiciales como extradiciones debe estar sujeta a verificación independiente, plazos definidos, y aportes reales en desarme, verdad y reparación.
𝟮. 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹
Los territorios como Putumayo deben contar con espacios formales de seguimiento a estos procesos, incluyendo veeduría ciudadana, representación de víctimas, e informes públicos de avance.
𝟯. 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗲𝗱𝗮𝗴𝗼𝗴𝗶́𝗮
Las decisiones que involucran a actores armados deben ser explicadas con transparencia. Se requiere pedagogía jurídica y política, especialmente en las regiones afectadas, para no erosionar la confianza institucional.
𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨: 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬, 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬
Putumayo ha sido duramente golpeado por el conflicto, pero también ha sido un territorio de propuestas. La experiencia acumulada en procesos de reincorporación, sustitución de cultivos y defensa del territorio debe ser escuchada cuando se toman decisiones que, aunque se firmen en Bogotá, se sienten con fuerza en nuestros municipios.
Por eso, desde una mirada propositiva, afirmamos: 𝙨𝙞 𝙡𝙖 𝙋𝙖𝙯 𝙏𝙤𝙩𝙖𝙡 𝙞𝙢𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙚𝙭𝙘𝙚𝙥𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨, 𝙚𝙨𝙖𝙨 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙙𝙚𝙗𝙚𝙣 𝙫𝙚𝙣𝙞𝙧 𝙖𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣̃𝙖𝙙𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙜𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙞́𝙖𝙨, 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖𝙡 𝙮 𝙢𝙚𝙘𝙖𝙣𝙞𝙨𝙢𝙤𝙨 𝙘𝙡𝙖𝙧𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘𝙞𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙞𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡. Si el Estado decide suspender extradiciones, debe también comprometerse a no suspender los derechos de las víctimas ni las obligaciones del sistema judicial.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐮𝐦𝐩𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚
El caso Mocho Olmedo ya está en marcha. Pero lo importante ahora es que sirva de referencia para construir mejores marcos jurídicos y políticos en futuros casos, evitando decisiones improvisadas o descontextualizadas.
Si mañana se abre un proceso con otras estructuras —como podría ser con los Comandos de Frontera—, se debe garantizar que no se repitan errores del pasado: que la búsqueda de paz no termine siendo el olvido de quienes han sufrido más.
Desde Putumayo, reafirmamos que la paz debe construirse con dignidad, verdad, institucionalidad y participación real. El camino no será fácil, pero debe ser justo. Esa es la verdadera garantía de una paz duradera.
*Consejero de Paz Departamental- Afiliado al CNP