Mocoa, Putumayo – La Comunidad de la Vereda San Martín, entidad constituida bajo Personería Jurídica N. 250-06-1976 y con NIT 846000749-7, ha alzado su voz formalmente ante la Mesa de Concertación, delegados del Gobierno Nacional, la Gobernación del Putumayo, la Alcaldía Municipal de Mocoa y la empresa Libero Cobre. La comunidad exige su inclusión directa, formal y explícita en el proceso de concertación y negociación relacionado con el «Proyecto Mocoa».
Según la comunidad, representada por su vocero, la situación actual vicia de origen la legitimidad y representatividad del espacio de concertación. Afirman que, de manera unánime, los miembros de la Vereda San Martín, y algunos de las veredas aledañas Campucana y Montclar, no se sienten representados ni han sido debidamente incluidos. Sus preocupaciones, necesidades y propuestas no han encontrado eco ni trámite efectivo ante los representantes de la mesa.
La Vereda San Martín se considera un núcleo poblacional y territorial cuya afectación directa por el proyecto es inminente y de magnitud particular y diferenciada. Los habitantes son los propietarios, poseedores y demás habitantes del territorio directamente y más gravemente afectados. La comunidad destaca que la ausencia de una interlocución directa y vinculante socava los cimientos de la participación ciudadana efectiva, un derecho fundamental garantizado constitucionalmente. La participación no es una dádiva, sino un derecho que las autoridades y la empresa deben garantizar plenamente, especialmente en decisiones que impactan la comunidad, su modo de vida y entorno vital.
La Vereda San Martín es el epicentro de la producción de panela en Mocoa, una actividad vital que es la base fundamental y el sustento de más de 45 familias y aproximadamente un centenar de habitantes. Esta actividad representa su identidad cultural y patrimonio territorial construido a lo largo de generaciones. La comunidad señala que el «Proyecto Mocoa» representa una amenaza cierta, grave e inminente contra este patrimonio, su forma de vida y las vidas de sus niños y ancianos. Advierten sobre consecuencias previsibles y catastróficas como la contaminación de fuentes hídricas vitales para cultivos y consumo, y la alteración geomorfológica.
La comunidad también visibiliza una problemática adicional: las acciones emprendidas por el Cabildo Camentsa Biya de Mocoa, quienes, según la Vereda San Martín, han solicitado la restitución de su territorio basándose en «argumentos engañosos y mentirosos» bajo la Ley 1448 de 2011. Los habitantes de San Martín afirman ser los únicos habitantes, propietarios y poseedores de este territorio desde hace más de 100 años y perciben a quienes reclaman la restitución como «victimarios».
Negarles una voz propia y con capacidad de incidir en la mesa equivale a negociar su futuro y seguridad vital sin su participación. Un acuerdo alcanzado bajo estas condiciones de exclusión carecería de legitimidad social y sería jurídicamente cuestionable, abocado al conflicto social y la impugnación legal. La comunidad subraya que no puede haber paz territorial ni desarrollo sostenible genuino si se ignora a quienes históricamente han construido y protegido el territorio. Aunque existen dificultades geográficas que impiden la movilización masiva, estas no pueden ser un pretexto para silenciarlos, sino que subrayan la necesidad de facilitar su participación directa.
La Vereda San Martín enfatiza que su inclusión no es un favor, sino un deber legal y constitucional de las entidades estatales y una responsabilidad de la empresa, así como una condición indispensable para que la mesa cumpla su propósito de construir acuerdos justos y sostenibles. Una vez garantizada su participación, presentarán formalmente su Pliego de Peticiones elaborado colectivamente. Ignorar esta solicitud, advierten, prolongará la ilegitimidad del espacio y generará mayor desconfianza.
Finalmente, la comunidad exige una acción inmediata y concreta que corrija este vicio procedimental y garantice su efectiva y pronta participación, considerando cualquier otra respuesta insuficiente e inaceptable. Argumentan que el derecho les asiste, la Constitución obliga a las autoridades y el territorio les convoca a la protección, por lo que «no hay excusas válidas para la dilación o la negación».
El vocero, de acuerdo a los documentos recibidos en la redacción de Mi Putumayo Noticias, cuenta con un poder amplio y suficiente otorgado por la comunidad para representarlos en este proceso de negociación.