Por: *JAAM
Resulta preocupante la narrativa que pretende criminalizar la legítima protesta social de comunidades rurales e indígenas en la vereda Pueblo Viejo al tildarlas de «bloqueos ilegales» que afectan la economía y la movilidad, sin examinar a fondo las razones estructurales que motivan su inconformidad. La reciente publicación de un periodista muy cercano a la Canadiense empresa Libero Cobre ya refleja una visión parcial, alineada con los intereses de multinacional, mientras invisibiliza las voces del territorio que, por años, vienen siendo sistemáticamente excluidas de las decisiones que afectan su vida, su entorno y su futuro.
Quienes habitan en Monclar y Pueblo Viejo no son «invisibles»; son protagonistas de una historia de resistencia frente al extractivismo que ha llegado al Putumayo con promesas de desarrollo, pero que a su paso puede dejar deforestación, conflictividad social y profundización de la pobreza; esto sin sumar el daño ambiental irreparable a la Amazonía Colombiana, Peruana, Ecuatoriana, Brasileña, por consiguiente en la humanidad . La protesta no surgió por capricho, sino como respuesta al temor del deterioro ambiental que ya se ha visto en otros países, la imposición de proyectos mineros sin consulta previa real, la desatención institucional histórica y una desinformación disfrazada y peligrosa.
No puede invocarse el derecho al trabajo de unos pocos contratistas que sin duda merecen trabajar sin poner en la balanza los derechos fundamentales de toda una comunidad: el derecho al agua, a un ambiente sano, a decidir sobre su territorio. El fallo C-107 de 2002 citado en la publicación menciona el derecho al trabajo, sí, pero también reconoce que los derechos pueden entrar en tensión, y que el Estado debe buscar el equilibrio, no la represión ni el silenciamiento.
Es inaceptable que se cuestione la legitimidad de la protesta alegando que tiene un «tinte político». ¿Acaso no es político defender la tierra, el agua y la vida? ¿No lo es también la operación de una multinacional que explora cobre en un territorio biodiverso sin resolver los conflictos sociales de fondo?
La empresa Libero Cobre exige derecho a réplica en medios nacionales. La comunidad exige algo más esencial: que se les escuche con respeto, sin estigmatización, y que se garanticen sus derechos colectivos. Mientras se priorice el cobre sobre la dignidad de los pueblos, no habrá paz verdadera ni desarrollo sostenible en Putumayo.
Lo que se necesita no es más tutela ni intervenciones desinformantes, mucho menos la intervención de la fuerza pública, sino una Mesa de Diálogo Permanente que estaaaaaá en deuda desde hace tiempo atras, con garantías para todas las partes, mediada por organismos imparciales, donde la voz del territorio tenga el mismo peso que la de las empresas. Solo así evitaremos seguir repitiendo una historia donde los de abajo pagan el costo del progreso de otros.
Pretender silenciar estas denuncias bajo el pretexto de un periodismo pagado o de intereses políticos es desviar la atención del verdadero debate: la defensa del territorio no es delito, es un derecho. Y denunciar lo que ocurre no es desinformar, es ejercer ciudadanía y proteger el bien común. Hoy más que nunca necesitamos voces valientes, no serviles al poder ni al miedo, sino comprometidas con la verdad, la dignidad y la vida.