Por: *Alexander Africano
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El reciente desalojo de los comerciantes ambulantes en la Av. Colombia y San Francisco pone sobre la mesa una vieja discusiΓ³n: el derecho al espacio pΓΊblico versus el derecho al trabajo. Si bien es cierto que las autoridades deben garantizar el orden en las ciudades, ΒΏππ ππ’π π‘π ππ’π ππ ππππππ ππ ππ π βπππππβ ππ ππππ’ππ ππ’πππππ , ππ π π’ πππ¦πππΜπ, π£ππ£ππ πππ ππππ’π ππ’π ππππππ?
Las imΓ‘genes de mujeres y hombres viendo cΓ³mo su ΓΊnica fuente de sustento es decomisada resultan indignantes. No porque la AlcaldΓa estΓ© actuando fuera de la ley, sino porque una administraciΓ³n que recurre a la fuerza antes que al diΓ‘logo demuestra su incapacidad para gobernar con justicia social.
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El problema de la venta informal no se soluciona con operativos represivos. Se necesitan estrategias reales de inclusiΓ³n econΓ³mica. ΒΏπ·πΜπππ ππ π‘πΜπ πππ πππππππππ ππ πππ’πππππππΜπ? ΒΏπ·πΜπππ ππ π‘πΜπ πππ πππ‘πππππ‘ππ£ππ πππππππππ ? ΒΏπ ππππ π π π ππ ππππ ππ’π ππ π‘ππ ππππ ππππ πππ ππππππ§πππ ππ ππ ππππ©π π ππ πππΜπππ?
Este no es solo un problema de espacio pΓΊblico; es una cuestiΓ³n de pobreza y desigualdad. Putumayo, y en particular Mocoa, enfrenta un alarmante Γndice de desempleo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de EstadΓstica (DANE), Mocoa se ha ubicado entre las ciudades con mayor desocupaciΓ³n del paΓs, con una tasa de desempleo del 26,8% en 2023, muy por encima del promedio nacional del 10%. A esto se suma que el Γndice de pobreza multidimensional en Putumayo alcanzΓ³ el 20,8%, lo que refleja las limitadas oportunidades laborales y la precariedad econΓ³mica de la regiΓ³n, segΓΊn datos publicados por Cambio Colombia.
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Pero hay un elemento aΓΊn mΓ‘s preocupante: la mayorΓa de los vendedores ambulantes desalojados son mujeres cabeza de hogar. Son madres que, ante la falta de empleo formal y el abandono estatal, no tienen otra opciΓ³n que salir a las calles para alimentar a sus hijos. Estas mujeres no estΓ‘n allΓ por gusto, sino porque el sistema no les ha dejado otra alternativa. Quitarles su fuente de ingreso sin ofrecerles soluciones es condenarlas a una mayor precariedad, y con ellas, a sus familias.
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Lo que resulta mΓ‘s contradictorio es que, mientras la AlcaldΓa ejecuta operativos rigurosos contra los vendedores ambulantes, muchos establecimientos comerciales en la capital del Putumayo operan sin cumplir el 100% de los requisitos de ley. No es un secreto que hay negocios sin los permisos adecuados, sin cumplir normativas sanitarias o evadiendo impuestos, pero que siguen funcionando sin mayores inconvenientes. Esto demuestra una aplicaciΓ³n selectiva de la norma, donde los mΓ‘s vulnerables son los primeros en ser castigados, mientras otros operan con cierta permisividad.
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Por otro lado, la problemΓ‘tica de la venta informal no se limita a la Av. Colombia y San Francisco. Basta con mirar el Parque General Santander, donde la proliferaciΓ³n de vendedores ambulantes es evidente. Este fenΓ³meno no es producto de la desidia de estas personas, sino de la falta de alternativas reales para su sustento. Si bien es cierto que el parque es un espacio pΓΊblico que debe estar regulado, ΒΏππ’πΜ ππππππππ π©π ππππππππ ππ πππππππ π‘πππππΜπ ππ’πππππππ π ππ π‘ππ π‘πππππππππππ ? Hasta ahora, parece que la ΓΊnica respuesta ha sido la represiΓ³n y la indiferencia.
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Criminalizar a quienes buscan sobrevivir en una economΓa que no les ofrece oportunidades no solo es miope, sino profundamente inhumano. Si la administraciΓ³n local quiere resolver este problema de manera estructural, debe empezar por tratar a estas personas como ciudadanos con derechos y no como obstΓ‘culos en la vΓa pΓΊblica.
Porque al final, la pregunta no es si los vendedores deben estar o no en la calle. La verdadera pregunta es: ΒΏπ¦πͺπΜ ππ¨π©ππ’π€π¨ ππππππ£ππ€ ππ€π’π€ π¨π€ππππππ ππ£ ππ€ππ€π π₯ππ§π π¦πͺπ π£π€ π©ππ£πππ£ π€π©π§π π€π₯πππ€Μπ£?
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