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Por : Alexander Africano
𝘛𝘳𝘢𝘴 𝘭𝘰𝘴 𝘥𝘰𝘴 𝘩𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘭𝘪́𝘥𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘭𝘪́𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘺 𝘦𝘭 𝘢𝘣𝘰𝘨𝘢𝘥𝘰 𝘺 𝘤𝘢𝘯𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦, 𝘮𝘢𝘴 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘢𝘱𝘢𝘳𝘪𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘦𝘴𝘪𝘯𝘰 𝘺 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘦𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘫𝘰𝘷𝘦𝘯, 𝘔𝘰𝘤𝘰𝘢 𝘴𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘨𝘶𝘯𝘵𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘭 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘦𝘳𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘵𝘦𝘭𝘦𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰́𝘯, 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘴𝘰𝘯 𝘴𝘶𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘺 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘧𝘶𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘯𝘥𝘰, 𝘢𝘭𝘨𝘶𝘯𝘰𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘳𝘰𝘨𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘴𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘦𝘯 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘰𝘱𝘪𝘯𝘪𝘰́𝘯. 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥𝘢𝘯𝘪́𝘢 𝘵𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦́𝘯 𝘩𝘢𝘤𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘤𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥𝘢𝘯𝘢.
El 01 de noviembre de 2017, la alcaldía de Mocoa dirigida en ese entonces por 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨, dadas las necesidades en materia de seguridad, suscribió el contrato interadministrativo 194, con la empresa UNE comunicaciones para el mantenimiento y otros de un proyecto denominado “𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝐶𝐶𝑇𝑉 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑐𝑜𝑎, 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑚𝑎𝑦𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜́𝑛, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑦 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎́𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝐼𝐸𝑆 𝟷𝟸𝟹», el cual fue presentado por la Alcaldía Municipal.
Cabe mencionar, que 𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐟𝐮𝐞 𝐝𝐞 $𝟒.𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬, donde se incluía todo tipo de tributos, impuestos, contribuciones, con una cofinanciación del 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞 $𝟑.𝟕𝟖𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐮𝐧 𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 $𝟒𝟐𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬, como en efecto se llevó a cabo con su entrega y puesta en funcionamiento el 𝟑𝟎 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟖.
En suma, 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐚𝐬 𝟓𝟏 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐏𝐓𝐙 𝐓𝐈𝐏𝐎 𝐃𝐎𝐌𝐎 𝐓𝐈𝐏𝐎 𝟏 𝐲 𝟑𝟖 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐟𝐢𝐣𝐚𝐬, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟖𝟗 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 en el municipio de Mocoa; también se incluyeron otros muebles como puestos de trabajo (08), una planta de energía, un grabador del sistema, refrigeración y otros enseres.
Importante decir, que en el mismo año de la 𝐚𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐟𝐥𝐮𝐯𝐢𝐨 𝐭𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥, el proyecto CCTV se convirtió en uno para “mostrar” tras la rudeza de la naturaleza y fue una oportunidad institucional, ya que en sus funciones operativas lideradas por la Policía Nacional, también 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐚́𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬; de tal suerte que en varios años se mantuvo la presencia de un funcionario del 𝘌𝘑𝘌𝘙𝘊𝘖𝘓, 𝘢𝘴𝘪́ 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘋𝘦𝘧𝘦𝘯𝘴𝘢 𝘊𝘪𝘷𝘪𝘭 𝘺 𝘰𝘵𝘳𝘰𝘴 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘮𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘦𝘯𝘵𝘦 y resultó trascendental pues se coordinaba de inmediato cualquier afectación.
Ahora bien, dentro de los lineamientos para estos sistemas integrados de emergencia, se dejó claro que la 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐲 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝘴𝘰𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘴𝘶 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘺 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘯𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘺 𝘦𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳 𝘢𝘯𝘰𝘮𝘢𝘭𝘪́𝘢𝘴 𝘰 𝘥𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘴𝘰𝘯 𝘭𝘢𝘴 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘣𝘦𝘯 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘻𝘢𝘳 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘺 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘊𝘛𝘝. Tanta fue la importancia que se dio a estos sistemas que incluso a nivel nacional y local el Ministerio del Interior y de Justicia evaluó el uso apropiado y razonable de los recursos asignados en función de las estadísticas e índices de todos los integrantes del sistema (criminalidad, operatividad, efectividad en la respuesta y cantidad de casos atendidos) en el territorio.
En lo que corresponde a las GARANTÍAS del CCTV, se pactó un periodo de 02 AÑOS, contados a partir del 15 de junio de 2018, fecha en que se recibió a satisfacción todo el sistema, y donde la empresa ofreció una cobertura que incluía entre otros, defectos de fabricación, materiales de los equipos, pero, sobre todo, el funcionamiento del mismo y la renovación de aquellos equipos que fallaran más de dos veces durante el año. Es decir, que 𝐞𝐥 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢́𝐚 𝐬𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐨́ 𝐞𝐥 𝟏𝟓 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐞𝐧 𝐯𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐦𝐛𝐚𝐜𝐡í 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬.
𝐋𝐨𝐬 𝐌𝐨𝐜𝐨𝐚𝐧𝐨𝐬 vimos antes del 2020, en al menos 2 años, como 𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 en sus actuaciones y con la ayuda de las cámaras de seguridad captaba aspectos relacionados con la ilegalidad, sucesos de cómo se mostraban escenas de 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘦𝘤𝘶𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘯𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘭 𝘮𝘦𝘫𝘰𝘳 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘭𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘭𝘪́𝘤𝘶𝘭𝘢 𝘥𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘰𝘴 𝘶𝘯𝘪𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘭𝘭𝘦, 𝘩𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘭𝘰𝘴 𝘭𝘢𝘥𝘳𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘵𝘰𝘴 𝘺 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘦𝘯𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘳𝘢𝘯 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭 𝘊𝘊𝘛𝘝 𝘺 𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘢𝘥𝘰𝘴 c𝘰𝘯 𝘴𝘶𝘮𝘢 𝘳𝘪𝘨𝘶𝘳𝘰𝘴𝘪𝘥𝘢𝘥 de tal suerte que muchas personas aun solicitando videos no les era posible acceder a los mismos por cuanto la Policía indicaba que era material que gozaba de reserva legal.
Los inconvenientes para el sistema CCTV que siempre estuvo maniobrado por la Policía Nacional, se empezaron a ver en el gobierno de 𝐉𝐡𝐨𝐧 𝐉𝐚𝐢𝐫𝐨 𝐈𝐦𝐛𝐚𝐜𝐡𝐢́, prueba de eso es el documento GS-2021- 001406 del 11 de enero de 2021, donde el señor 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐉𝐀𝐕𝐈𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐔𝐋 𝐆𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐔𝐐𝐔𝐄, comandante de la Policía en Putumayo, puso de presente las novedades de cámaras CCTV y daba cuenta de que 𝐲𝐚 𝐡𝐚𝐛𝐢́𝐚𝐧 𝟏𝟖 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐚 𝐭𝐚𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝟕 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢́𝐚.
Sin duda, lo que vemos hoy en Mocoa con el CCTV tuvo su origen en el gobierno de Imbachí, pues bien, al menos 16% de las cámaras en su primer año ya estaban sin funcionamiento; claramente esto significa que ya se avizoraba una negligencia por cuenta de la alcaldía municipal y sobre todo desde la secretaría de gobierno que en ese entonces estaba dirigida por la señora 𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢 𝘊𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘔𝘰𝘳𝘢 y que incluso hasta hoy es de responsabilidad de dicha cartera.
Consultadas algunas fuentes, se sabe de manera preliminar que se han destinado desde el fondo de seguridad y convivencia ciudadana de Mocoa algunos recursos desde el año 2021, sin embargo, las fuentes coinciden en que dichas inversiones para el CCTV no han cumplido con las expectativas de mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de seguridad. 𝑬𝒏 𝒆𝒍 𝒂𝒏̃𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒎𝒊́𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑯𝒖𝒈𝒐 𝑷𝒊𝒆𝒅𝒓𝒂𝒉𝒊𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒔𝒂 𝒊𝒃𝒂 𝒂 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂𝒓 𝒚 𝒏𝒐 𝒇𝒖𝒆 𝒂𝒔𝒊́.
Se sabe también que, sobre el año 2020, 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐲 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐉‧ 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨, le propuso al entonces alcalde Imbachí una actualización del CCTV, tan provechoso que no solo se continuaba con el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema que ya estaba, sino que planteó la ampliación del sistema con cámaras en otros barrios donde la delincuencia comenzaba a hacer de las suyas, lamentablemente no fue validada la propuesta muy a pesar de 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐛𝐚 𝐮𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨𝐬.
Lo preocupante y volviendo a los escenarios “peliculescos” que eran contundentes contra la delincuencia por parte de la Policía Nacional años atrás y que generaban una sensación de seguridad distinta con la presencia de las cámaras a lo que se percibe en la actualidad, 𝘩𝘦𝘮𝘰𝘴 𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘦𝘳 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘤𝘳𝘦𝘴, 𝘩𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘰𝘳𝘦𝘴, 𝘮𝘶𝘫𝘦𝘳𝘦𝘴, 𝘢𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘴, 𝘮𝘶𝘦𝘳𝘵𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘣𝘢𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘱𝘭𝘦𝘯𝘰 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰, 𝘩𝘶𝘳𝘵𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘵𝘰𝘴, 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴, 𝘩𝘶𝘳𝘵𝘰𝘴 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘴, 𝘥𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘢 𝘷𝘦𝘩𝘪́𝘤𝘶𝘭𝘰𝘴, 𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘨𝘢𝘴 𝘪𝘭𝘦𝘨𝘢𝘭𝘦𝘴, 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘺 𝘰𝘵𝘳𝘰𝘴 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘰𝘴 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘪𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘤𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥𝘢𝘯𝘢 y en los últimos tiempos no se volvió a mostrar ni a hablar del sistema que, como se dijo, superó los $4.000 millones de pesos.
Mas preocupante, es la falta de compromiso y carácter del actual 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐇𝐮𝐠𝐨 𝐏𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 quien ya había fungido como 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘺 𝘴𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘢𝘯𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 y por simple lógica conocía de esta problemática, pues con dos secretarios de gobierno no ha podido con la seguridad y la convivencia en Mocoa, no faltará quien convencido por su flojo discurso salga a censurar lo indicado, mencionando que, por ejemplo se redujo el homicidio en el comparativo 2023-2024; no sea “LETEO”, diosa del olvido, quien motive sus juicios y recuerden que en 2023 fueron dos masacres y 8 homicidios en 2024 fuente de ingente luto y dolor para la capital de Putumayo.
Esa 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑐𝑜𝑎 por parte Piedrahita se puede ver también reflejada en el documento 𝐆𝐒-𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟎𝟔𝟎𝟒𝟐𝟎 de fecha 13 de agosto de 2024, suscrito por la 𝐓𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐋𝐀𝐃𝐃𝐘 𝐊𝐀𝐓𝐇𝐄𝐑𝐈𝐍𝐄 𝐓𝐔𝐓𝐀𝐋𝐂𝐇𝐀, 𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐞 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐜𝐨𝐚 y dirigido al alcalde municipal, donde ésta le solicita la contratación y mantenimiento del CCTV ciudadano, 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝟖𝟗 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧 𝟏𝟓, 𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝟖𝟑% 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐚 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐌𝐨𝐜𝐨𝐚; en su misiva también 𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘰́ 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘦𝘭 “𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘸𝘢𝘭𝘭” 𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘳 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘫𝘶𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘯𝘵𝘢𝘭𝘭𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘦𝘤𝘵𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘪́ 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘳 𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘥𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘭, 𝘭𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘰́ 𝘢 𝘴𝘶 𝘷𝘦𝘻 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘭 “𝘑𝘰𝘴𝘵𝘺𝘯” 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘣𝘢 𝘧𝘶𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘪𝘰, 𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘳, 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦 𝘶𝘴𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘷𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘶𝘯 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘦𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘢𝘯𝘵𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘥𝘰𝘳𝘢 𝘺𝘢 𝘯𝘰 𝘧𝘶𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘣𝘢; también le pidió mantenimiento a la planta eléctrica, la UPS, el aire acondicionado y hasta algo muy importante y que fue 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐚́𝐫𝐛𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐳 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐚́𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟓 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐭𝐚𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐛𝐚𝐧 𝙚𝙣 𝙈𝙤𝙘𝙤𝙖 𝐝𝐞 𝟖𝟗 𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥.
A lo anterior, 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐬𝐮𝐦𝐚𝐫𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐢́𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚 𝐥𝐞 informa 𝐚𝐥 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐚 𝐞𝐧 𝐌𝐨𝐜𝐨𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐛𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 que deberían captar las apenas 15 cámaras (en esa época) que funcionaban. Adicionalmente, la oficial refiere que, en noviembre de 2023 se radicó un proyecto ante la Alcaldía para poner en funcionamiento dicho sistema de grabación y 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐝 𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐨𝐜𝐭𝐚𝐯𝐨 𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐧̃𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐚𝐥𝐝𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥.
No menos grave, es también lo que viene sucediendo con el 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐫𝐚𝐧𝐚𝐬 (𝐒𝐀𝐓) 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐍𝐆𝐑𝐃 𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐜𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐧̃𝐨𝐬, debido a la falta de recursos técnicos y económicos; motivo que preocupa a la población de Mocoa que ha vivenciado crecientes súbitas recientes en los recientes años; luego no tener el sistema CCTV sin duda alguna afecta el fortalecimiento y la capacidad de monitoreo y coordinación con la comunidad con que se contaba anteriormente.
Al cierre de esta edición se desconoce el estado de funcionamiento de las cámaras de seguridad en Mocoa, sin embargo, algunos datos expuestos fueron complemento del 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐨́ 𝐞𝐥 𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 y que no contó con la suficiente fuerza ciudadana de respaldo; cabe aclarar también que 𝘰𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘫𝘢𝘭 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘶𝘷𝘰 𝘮𝘶𝘺 𝘢𝘵𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘦𝘯 𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘢𝘯𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘧𝘶𝘦 𝘦𝘭 𝘴𝘢𝘭𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘈𝘯𝘨𝘦𝘭 𝘗𝘪𝘻𝘰, quien en varias ocasiones quedaba solo en los debates como le está ocurriendo a Ramos, se presume por ser de oposición tal como le sucedió en su momento a 𝘗𝘪𝘻𝘰.
Por su parte, el concejal 𝐉𝐎𝐒𝐄 𝐂𝐄𝐃𝐈𝐄𝐋, quien es de los pocos concejales en este periodo junto con Ramos que ha demostrado su preocupación por la seguridad, 𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘢𝘣𝘳𝘪𝘭 𝘥𝘦 2024 𝘦𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦 𝘴𝘶𝘴 𝘳𝘦𝘥𝘦𝘴 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘰́ 𝘶𝘯 𝘭𝘭𝘢𝘮𝘢𝘥𝘰 𝘢 𝘭𝘢𝘴 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘨𝘶𝘣𝘦𝘳𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘺 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘢𝘳 𝘦𝘭 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘴 𝘤𝘢𝘮𝘢𝘳𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘰𝘴 𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰𝘴 𝘺 𝘢𝘴𝘦𝘨𝘶𝘳𝘰́ 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘯 𝘗𝘶𝘵𝘶𝘮𝘢𝘺𝘰 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘧𝘶𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢 𝘦𝘭 12 %. En particular, sobre Mocoa, aseguró que la 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟕𝟎𝟓 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 estaba en mantenimiento correctivo y preventivo, contrato que ya estaba en la fase final de ejecución, en ese año el gobernador era 𝐁𝐔𝐀𝐍𝐄𝐑𝐆𝐄𝐒 𝐑𝐎𝐒𝐄𝐑𝐎 𝐏𝐄𝐍̃𝐀 y el secretario de gobierno departamental 𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎𝐒 𝐆𝐄𝐑𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐆𝐎𝐍𝐙𝐀𝐋𝐄𝐙; se sabe que el contrato no incluía cambio de equipos y repuestos solo limpiezas, sin embargo hay dudas sobre lo que se hizo al respecto. Cediel en agosto de 2024, de control sostuvo un “rifi rafe” con el entonces secretario de gobierno municipal 𝐎𝐒𝐂𝐀𝐑 𝐌𝐀𝐔𝐑𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐎𝐑𝐓𝐄𝐆𝐀 a quien le cuestionó aspectos relacionados con su cartera.
Concluyendo, a apenas 6 meses de solicitada la petición de la Policía Nacional al actual alcalde en agosto de 2024, se presentó un doble homicidio en el barrio Los Pinos de Mocoa, donde resultó muerto 𝐞𝐥 𝐥𝐢́𝐝𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐄𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐂𝐄𝐑𝐎𝐍 𝐲 𝐞𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐲 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐒 𝐅𝐀𝐉𝐀𝐑𝐃𝐎, más una 𝙢𝙪𝙟𝙚𝙧 𝙡𝙚𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙙𝙖 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙢𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙝𝙚𝙘𝙝𝙤; sobre este particular acontecimiento se ha desplegado un buen número de investigadores de la DIJIN de la Policía, 𝘩𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘩𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘶𝘭𝘢𝘥𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘧𝘰𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘥𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘶𝘯𝘵𝘰𝘴 𝘩𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪𝘥𝘢𝘴; 𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘰, 𝘦𝘭 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘤𝘪́𝘢 𝘦𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘭𝘢𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘧𝘦𝘴𝘵𝘰́ 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘩𝘢𝘣𝘪́𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘶𝘦́𝘴 𝘥𝘦 𝘴𝘶 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘵𝘪𝘥𝘰 𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘤𝘰 𝘶𝘳𝘣𝘢𝘯𝘰 𝘺 𝘩𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘩𝘰𝘺 𝟓 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞́𝐬 𝘯𝘢𝘥𝘪𝘦 𝘴𝘢𝘣𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘶 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘥𝘦𝘳𝘰, a su vez, la presunta desaparición a finales de diciembre de 2024 en Mocoa de 𝐓𝐈𝐓𝐎 𝐉𝐀𝐕𝐈𝐄𝐑 𝐑𝐎𝐒𝐄𝐑𝐎 𝐉𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎, de quien se rumora fue descuartizado; así como el presunto homicidio de una mujer menor de edad de nombre 𝐘𝐔𝐒𝐒𝐘 𝐃𝐀𝐘𝐀𝐍𝐀 𝐑𝐔𝐈𝐙 𝐑𝐎𝐒𝐄𝐑𝐎 en el barrio san Agustín el día 07 de enero, acrecienta la grave crisis de seguridad que vive el municipio. Estos cuatro eventos más allá de la similitud de su trágico desenlace, se asemejan en la incertidumbre de las circunstancias que los rodean.
𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐝𝐢́𝐚 𝐬𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨 𝟎𝟒 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟎𝟑:𝟏𝟓 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐝𝐞, 𝐬𝐢 𝐬𝐞 𝐡𝐮𝐛𝐢𝐞𝐬𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝟖𝟗 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐲𝐚 𝐭𝐮𝐯𝐢𝐞𝐬𝐞𝐧 𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐨 𝐩𝐥𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 a 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐜𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬; por lo menos, los investigadores de la DIJIN y del CTI tendrían más elementos probatorios del recorrido de 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘢𝘵𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘶𝘦𝘭𝘵𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯 𝘢𝘳𝘮𝘢 𝘩𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪𝘥𝘢. 𝐋𝐮𝐞𝐠𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬, conviene preguntarse si existe o no 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐩𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐮𝐫𝐠𝐨𝐦𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐢𝐜𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥. No obstante, el actual alcalde, en lo que parece una maniobra de defensa, se ha referido en los medios de comunicación nacionales como 𝘭𝘢 𝘞 𝘙𝘈𝘋𝘐𝘖, como si en Mocoa se gozara de un fuerte sistema de cámaras, tal vez refiriéndose anacrónicamente, al sistema de 4 años atrás.
La sociedad no puede estar sometida bajo el yugo del poder desmedido, no puede quedar maniatada a una opinión favorable, pues, una sociedad sin opinión, ni juicio, es una sociedad en decadencia. Esta debe ser baluarte y adalid del fin último del estado representado en las instituciones y que es según la 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚: 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚, 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐡𝐨𝐧𝐫𝐚, 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬, 𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐲 𝐝𝐞𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐲 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐞𝐬, 𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐲 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬.
*𝘈𝘧𝘪𝘭𝘪𝘢𝘥𝘰 𝘢𝘭 𝘊𝘰𝘭𝘦𝘨𝘪𝘰 𝘕𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘗𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘴 – 𝐂𝐍𝐏 𝐒𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨