Por : Germán Ortiz Ch.
Ayer se aprobó en el Congreso la conciliación del Acto Legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP), tras un largo proceso de debates y diferencias entre Senado y Cámara. Con 121 votos a favor, se materializó esta modificación, que busca otorgar mayor autonomía a las regiones al aumentar las transferencias nacionales. Sin embargo, esta reforma viene acompañada de un importante condicionante: la necesidad de una ley de competencias que defina claramente las responsabilidades de los diferentes niveles del Gobierno.
A pesar de los beneficios que promete la reforma, como un aumento en los recursos transferidos a las regiones (del 32,5 % al 39,5 % de los ingresos corrientes), persisten serias preocupaciones fiscales. Colombia atraviesa una difícil situación económica, con un bajo crecimiento y un recaudo tributario insuficiente, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de estas transferencias. De hecho, según un informe del Banco de la República, el aumento en las transferencias podría elevar el déficit fiscal del Gobierno nacional al 4,7 % del PIB para 2038, un incremento considerable respecto al 2,8 % proyectado sin la reforma.
La reforma también implicaría un aumento significativo en la deuda pública, que podría alcanzar el 64,6 % del PIB al final del periodo estimado, mucho más allá del límite prudencial del 55 % que recomienda la ley fiscal. Este desbalance fiscal genera incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para manejar sus compromisos sin afectar la estabilidad económica del país.
El contexto político detrás de esta reforma también genera dudas. Aunque la iniciativa fue impulsada por los congresistas, podría interpretarse como una estrategia para ganar apoyo en las regiones de cara a las elecciones, mientras que el Ejecutivo, inicialmente reacio, cedió ante la presión parlamentaria, probablemente a cambio de apoyo para la ley de financiamiento que también se encuentra en trámite.
En resumen, aunque la reforma al SGP promete descentralizar recursos y fortalecer la autonomía regional, su implementación podría generar riesgos fiscales considerables para la economía nacional, lo que requiere una atención urgente y responsable por parte del Gobierno y el Congreso para evitar que este impulso a la descentralización termine por agravar la situación financiera del país.