CdR – La multinacional que lidera el proyecto busca articularse con los mocoanos, pero su llegada ha desatado confrontaciones públicas y procesos sancionatorios
Autor: Daniela Arias Tamayo
Una noche de febrero de 2023, un grupo de mujeres ambientalistas e indígenas habitantes de Mocoa emprendieron un viaje hacia el Carmen de Atrato (Chocó) para conocer la única mina de cobre que opera en Colombia. Entre abrazos, besos y recomendaciones se despidieron de sus familias para abordar los buses y buscar respuestas.
Soraida Chindoy, líder de la comunidad indígena Inga, era una de ellas. Al igual que gran parte de las demás mujeres, no estaba de acuerdo con el proyecto de minería que pretendía iniciar la empresa Libero Cobre, en Mocoa (Putumayo). Hoy esta multinacional canadiense es la dueña de cuatro títulos mineros para la exploración de cobre en el municipio. Parte de los títulos se superpone con la reserva forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa y con los territorios colectivos de los resguardos indígenas Inga de Condagua y Kamëntsá de Sibundoy, según un informe del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (OCA).
No obstante, Chindoy quería ver por sí misma qué había ocurrido en el Chocó. “Hacemos este viaje con el propósito de dialogar con los compañeros que llevan más de treinta años resistiendo (…), para luego regresar de nuevo a nuestro territorio y concientizar a las personas de que, si no nos unimos, en diez años nos puede pasar lo que está pasando en Carmen de Atrato”, le dijo a Mongabay Latam el año pasado.
Al regresar de su viaje, las mujeres estaban más convencidas de su decisión de oponerse al proyecto de minería de cobre en Mocoa: “Algunos habitantes del Carmen de Atrato dicen que el río ya no tiene pescados y sus aguas ya no se pueden tomar. Otros cuentan que antes exportaban comida y que ahora la importan porque son muy pocos los que siembran. Actualmente todos viven como empleados”, dijo Ofelia Samboni, indígena yanacona, para Mongabay Latam.
Constanza Carvajal, activista y miembro de la expedición a Carmen de Atrato, aseguró para el mismo medio que era un precio demasiado alto sacrificar un territorio como Mocoa, donde nacen las aguas que alimentan diferentes redes hídricas, a cambio de veinte años de explotación de cobre.
La palabra “Putumayo” viene de lenguas indígenas y significa “río de las garzas”, pero también podría significar “río de la vida”, según algunos, o “río donde todo nace”, según otros. Lo cierto es que esta palabra describe muy bien el territorio que lleva su nombre pues, al caminar por las calles de Mocoa, capital del departamento, la sensación de humedad persigue a cada transeúnte. Las nubes se posan sobre las montañas en cada amanecer y recogen el agua que llevarán a la ciudad en forma de lluvia por las tardes.
Mocoa es un territorio de agua: las lluvias pueden superar los 4.000 mm anuales, sobrepasando el promedio nacional que oscila entre los 2.500 y 3.000 mm al año, una cantidad considerable si tenemos en cuenta que Colombia es el país más lluvioso del mundo. Además, el territorio está conformado por altas pendientes y su formación geológica es muy joven, por lo que la región presenta diferentes fallas que, incluso, pueden alterar el cauce de los ríos. Estos y otros factores fueron el origen de la tragedia que ocurrió el 31 de marzo de 2017, cuando una avalancha de lodo inundó 17 barrios de la ciudad. Cinco de ellos quedaron completamente destruidos. El saldo fue de 335 personas muertas y varios habitantes desaparecidos.
Este suceso se suma a la larga resistencia de los mocoanos ante la realización de proyectos mineros en su territorio pues, según el reporte presentado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y la Universidad Javeriana, el cambio de uso del suelo (como la urbanización de las cuencas hídricas, la ampliación de la frontera agrícola o la deforestación para diferentes actividades económicas) es uno de los factores que incrementa el riesgo de nuevos desastres como el ocurrido en el 2017. Por su parte, el informe presentado por el OCA advierte que “una intervención como la proyectada daría lugar a que parte de Mocoa podría desaparecer”. En 2018 se realizó una asamblea popular en contra de la minería en Pueblo Viejo, seguida de la ‘Gran marcha contra la minería’ y la ‘Movilización social en defensa del territorio y el agua’. Ese mismo año el Concejo Municipal expidió el Acuerdo 020 que prohibió la minería a mediana y gran escala en Mocoa.
Este acuerdo municipal fue defendido por diferentes movimientos y organizaciones sociales, pero objetado por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Tras una larga disputa legal, el Consejo de Estado decretó su nulidad el pasado 31 de julio, con lo cual le dio la razón a la ANM y le confirió vía libre al proyecto para su desarrollo en Mocoa.
Esta ciudad es parte del piedemonte andinoamazónico, pues los ecosistemas que la rodean sirven como puente entre la riqueza natural de la región andina y la planicie amazónica. Igualmente, sus bosques húmedos alimentan permanentemente las nubes que llevan agua a ciudades de todo el continente, entre ellas Bogotá, Quito, Lima y La Paz. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil, cada árbol de la Amazonía puede transpirar hasta 1.000 litros de agua al día. La reserva forestal protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa goza de especial protección porque, en las entrañas de sus montañas, nacen los ríos Caquetá, Blanco, Putumayo, Mulato, Pepino y Mocoa; de esta gran red hídrica depende el 42 % de los acueductos del departamento, según un informe realizado por el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (OCA).
Pese a la importancia ecosistémica del territorio y a su fragilidad respecto al cambio climático y a las fallas geológicas que lo caracterizan, el proyecto de minería de cobre en Mocoa ha encontrado el apoyo de varios habitantes.
Un aterrizaje irregular
La Casa de la Cultura de Mocoa es un edificio de cinco pisos con grandes ventanales, entradas amplias y una ubicación privilegiada cerca de la catedral y de la Alcaldía Municipal. Allí se realizó el ‘Foro minero ambiental: por la construcción de una minería para la vida en Mocoa’, organizado por la Agencia Nacional de Minería. Según una nota de Mi Putumayo Noticias, el auditorio se llenó de mocoanos interesados en obtener información sobre la minería de subsistencia y la pequeña y mediana minería en el municipio. Sin embargo, fue poco lo que se habló de estos temas, pues la presencia de la multinacional Libero Cobre en el evento causó gran revuelo entre los asistentes.
Según la nota citada, colectividades, líderes ambientales y el representante a la Cámara Andrés Cancimance cuestionaron la presencia de la empresa en un evento de pequeña y mediana minería. Kristina Lyons, antropóloga ambiental y representante legal del colectivo Ríos y Reconciliación, cuenta que se levantó para exponer las afectaciones de las actividades mineras en la montaña, mientras la veeduría ciudadana del proyecto minero argumentó que la activista estaba desinformada, que el proyecto no se encuentra cerca de afluentes de agua estratégicos para la región y que el yacimiento no está en territorio amazónico.
El evento se extendió por más de cuatro horas y terminó con grandes desacuerdos entre la comunidad y poco o nada se habló sobre la minería de subsistencia en el municipio, según la nota periodística de Mi Putumayo Noticias. Mocoa cuenta con 82 personas registradas y 101 mineros artesanales que desean formalizarse, según datos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.
Lyons ha participado en los procesos ambientales y comunitarios de la ciudad desde que sucedió la tragedia del 2017. La llegada de Libero Cobre a las actividades sociales del municipio le ha parecido una embestida a la soberanía de los ciudadanos: “Están apareciendo en todas las reuniones que hay en el municipio. Siguen insistiendo, no solo por el lado jurídico, sino a través de la presión social y dividiendo a la comunidad”.
El 18 de febrero de 2019, la Agencia Nacional de Minería (ANM) demandó al municipio de Mocoa solicitando la nulidad del Acuerdo 020 de 2018 bajo el argumento de que las entidades territoriales no pueden prohibir las actividades mineras, pues es el Estado el que tiene la jurisdicción sobre los recursos del subsuelo. Además, la ANM solicitó la suspensión temporal del Acuerdo, solicitud que inicialmente fue rechazada por el Consejo de Estado en el 2021.
Sin embargo, el pasado 31 de julio de 2024, el Consejo de Estado declaró la nulidad del Acuerdo 020 de 2018, por considerar que el principio de autonomía y las competencias locales del municipio de Mocoa no pueden desconocer las competencias de las instituciones nacionales, a las que les corresponde planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en asuntos de utilidad pública.
Lyons es activa en las reuniones y eventos que se realizan en Mocoa y, como habitante de la ciudad, cuenta que ha notado más división entre la comunidad debido a las ofertas de empleo, actividades sociales, eventos educativos, ayudas e incentivos que ha entregado la multinacional. Para ella, los veedores ciudadanos del proyecto están a favor de la empresa y de sus actividades, como también lo narra el reporte de Mi Putumayo Noticias. Según Lyons, los veedores promueven la desinformación sobre el territorio: “Están diciéndole a las comunidades que ellos no viven en la Amazonía, que esto es solamente andino. Eso es desconocer la conectividad del territorio y que somos un territorio andinoamazónico; que nuestras aguas son andinoamazónicas, que Mocoa es parte de la Amazonía”.
Mocoa es una ciudad dinámica. Al recorrer sus calles se pueden observar todo tipo de negocios, artesanías, emprendimientos y creaciones. Sin embargo, Lyons asegura que la falta de oportunidades y de ingresos de vida dignos está afectando la soberanía de los ciudadanos e insiste en que, a pesar de que el cobre es un mineral fundamental para avanzar en la transición energética, la Amazonía no está llamada a la explotación minera.
“Si el gobierno quisiera evitar la minería debería crear fuentes de ingresos dignas para la comunidad, que no dependan del extractivismo, la tala de bosques o la minería”, concluye.
La propuesta del cobre para Mocoa
Entrada a las instalaciones de Libero, sobre la vía Pitalito – Mocoa. Por Daniela Arias Tamayo.
Al salir por Pueblo Viejo, sobre la vía Pitalito hacia Mocoa, se encuentra la entrada principal de la empresa Libero Cobre. El interior se compone de unas cuantas casetas pequeñas rodeadas por montañas, árboles y el cantar de aves escondidas entre la hierba. En una pequeña oficina compartida trabaja Rodrigo Fajardo, el coordinador de comunicaciones de esta multinacional canadiense que llegó a Putumayo en 2021.
Rodrigo camina con emoción alrededor de las miles de rocas y muestras geológicas brillantes y multicolores que se encuentran exhibidas en estantes de madera alrededor del lugar y que ilustran el progreso de las labores de Libero Cobre en Mocoa: “Lo que hacemos es explorar un mineral estratégico para la transición energética como es el cobre. Sin cobre no hay transición. Es el material por excelencia en cuanto a conductividad de energía”, dice.
Las exploraciones alrededor del yacimiento de cobre en Mocoa iniciaron en 1978, lideradas por Ingeominas, Ecominas y Naciones Unidas. Hoy, Libero Cobre estima que hay alrededor de 4.600 millones de libras de cobre y 510,5 millones de libras de molibdeno, según el reporte técnico que se encuentra disponible en su página web oficial.
La exploración del yacimiento de cobre no es el único objetivo de la multinacional. La empresa busca convertir a Mocoa en un centro de transformación de cobre de última tecnología: “Lo que queremos es trabajar en alianza con una empresa que recicla cuatro toneladas de cobre reciclado al año. Queremos que ese cobre se quede en nuestro propio centro de acopio para transformarlo aquí en Mocoa: iniciar con procesos de transformación simples como cables o hilos de cobre, hasta llegar a un proceso más grande como es un motor con cobre reciclado”, explica Fajardo.
A lo largo de estos cuatro años Libero Cobre ha formado alianzas con universidades de la zona, miembros de la comunidad y emprendimientos locales con el objetivo de que, si llega el momento, sean los mismos habitantes quienes tengan la capacidad de trabajar en la transformación del cobre que se extraiga en el municipio. Todo en aras de que los mocoanos se apropien de este proyecto que, en palabras de Fajardo, es para el avance de todos
En esto está de acuerdo Magaly Rodríguez, fundadora de la empresa de confección Diversos Mocoa, en la cual trabajan principalmente madres cabeza de familia. “Hoy en día tenemos la capacidad de hacer ropa industrial porque nunca lo habíamos hecho. Libero Cobre para nosotros se convirtió en una escuela porque nos dio la oportunidad y nos capacitó”, me dijo una tarde de junio mientras alistaba los pedidos diarios en su local.
La tienda de Magaly está ubicada muy cerca del centro de Mocoa y allí se encuentran uniformes para todo tipo de labores, chaquetas y ropa particular. Mientras mide las telas con las que iniciará su próximo trabajo, Magaly cuenta que es muy difícil conseguir contratos grandes con entidades públicas porque, generalmente, piden todo tipo de requisitos que son imposibles de cumplir para los pequeños emprendedores. Por eso agradece que Libero Cobre les diera la oportunidad sin mayores dificultades.
El negocio de Magaly ha tenido un crecimiento casi milagroso y dice que, gracias al contrato que obtuvo con Libero Cobre para proveerlos de ropa industrial, ha logrado ampliar su planta de producción, comprar nuevas máquinas, conectarse con nuevos clientes y contratar más personal. Hoy planea abrir un local en otro municipio y sueña con que Libero Cobre pueda continuar sus labores en Mocoa para que otros negocios locales también se beneficien.
Rodrigo Fajardo dice que, si bien el departamento de Putumayo es andinoamazónico, el yacimiento de cobre se encuentra sobre la cordillera de los Andes y, por ende, en la región Andina.
Además, opina que el Acuerdo 020 de 2018 provenía del miedo y la desinformación y que las prohibiciones impuestas por el Concejo Municipal eran inconstitucionales: “La falta de conocimiento hizo que la gente pensara que iba a existir una mina a cielo abierto; la desinformación hizo que la gente pensara que la montaña se iba a venir abajo. Libero Cobre viene es a hacer un proceso de exploración del subsuelo y eso no le hace daño a nadie”, dijo.
El ingeniero de petróleos y docente de la Universidad de América, Arnul David Paz, se ha desempeñado como auditor y cuenta con gran trayectoria en el sector mineroenergético. Según Paz, el éxito ambiental de un proceso minero depende de la rigurosidad con la que la empresa adelante sus gestiones. Así mismo, argumenta que el cobre es un mineral indispensable para nuestra vida diaria: “El celular tiene cobre, los computadores tienen cobre, el reloj tiene cobre. Adicional a eso, hay componentes que necesitan cobre para poder cumplir con la transición energética y con los acuerdos internacionales que tenemos para el 2030 y 2050”.
El cobre es un mineral indispensable para la fabricación de paneles solares, baterías, motores eléctricos, aerogeneradores y toda clase de instrumentos necesarios para producir energías más limpias. Por esta razón, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el gobierno de Gustavo Petro busca asignar nuevas áreas para la exploración de minerales estratégicos en todo el país. De acuerdo con proyecciones del Hub de Innovación de Cobre, si se materializan los proyectos de exploración de cobre que ya están andando, Colombia podría cubrir hasta la mitad de la demanda mundial de este mineral proyectada para el 2030.
La coordinadora de geología de Libero Cobre, Andrea Ordóñez, cuenta que la multinacional ha priorizado la contratación de profesionales putumayenses y que había mucho más personal antes de que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia) impusiera una medida preventiva de suspensión de actividades a la multinacional.
Líos legales y falta de permisos ambientales
En 2022, Corpoamazonia, la autoridad ambiental competente para Mocoa, impuso una medida preventiva de suspensión de actividades a Libero Cobre. La entidad afirmó, en el documento citado anteriormente, que tuvo que devolverle a la multinacional las solicitudes de “Aprovechamiento forestal único” y “Permiso de vertimientos a suelo” por considerarlas incompletas e inconsistentes con la normatividad municipal.
Días después, la empresa envió la ‘Guía Minero Ambiental de Exploración’, un instrumento obligatorio que se debe presentar a la autoridad competente antes de iniciar actividades de exploración minera. Entonces Corpoamazonia decidió consultarle a la Agencia Nacional de Minería, la cual respondió que no se encontraban autorizadas las actividades en los títulos mineros otorgados a Libero Cobre “por existir circunstancias que imposibilitan jurídicamente para su realización”, como se evidencia en el Auto emitido por Corpoamazonia y citado más arriba.
Pese a las prohibiciones vigentes para ese momento, el 15 de febrero de 2022 la multinacional anunció el inicio de sus actividades de exploración en Mocoa. Al poco tiempo, Corpoamazonia decidió realizar una visita de inspección al lugar donde se estaban realizando las exploraciones y encontró actividades de vertimiento a suelos con aguas domésticas, para las que la empresa no tenía autorización. La entidad también evidenció que en el área hubo tala de árboles, a pesar de que no contaban con los permisos de aprovechamiento forestal y que varios de estos formaban parte de un proceso de restauración del bosque. Además, Corpoamazonia encontró que la empresa no tenía el Plan de Contingencias para el manejo de residuos peligrosos que exige la ley; que no entregó las fichas de seguridad de reactivos para garantizar una buena gestión de los fluidos químicos usados durante el proceso de exploración; y que los títulos mineros se traslapan con la reserva forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa, donde las actividades mineras también están prohibidas por la ley. Todo esto quedó registrado en el Auto emitido por la entidad.
Algunos vecinos y habitantes de las veredas de Pueblo Viejo y Montclar le dijeron al OCA que el sobrevuelo aéreo por más de veinte días que realizó Libero Cobre para transportar material a uno de los campamentos exploratorios durante el mes de febrero de 2022, causó agitación entre aves y micos que revoloteaban aturdidos por el lugar. El informe del OCA también señala que esa reserva forestal es el hogar de especies en peligro de extinción como la danta de páramo, el oso de anteojos y el jaguar.
En agosto de 2022, Corpoamazonia hizo público el proceso administrativo sancionatorio ambiental contra la empresa Libero Cobre. Por medio de un comunicado, la entidad cuenta que le anunció la apertura del proceso sancionatorio a la Fiscalía General de la Nación seccional Putumayo, por considerar que “las conductas desplegadas por la empresa pueden llegar a constituirse en delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por la exploración de minerales sin el permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente”.
Ante la apertura del proceso sancionatorio ambiental por parte de Corpoamazonia, Thyana Álvarez, gerente para Colombia de Libero Cobre, respondió que la empresa ya ha presentado sus argumentos ante la entidad. Consideran que sus procedimientos han sido apegados a las normas, y se encuentran a la espera de los resultados del proceso. Por otro lado, Álvarez aseguró que la reciente decisión del Consejo de Estado, que declaró la nulidad del Acuerdo 020 de 2018, les permitirá continuar estudiando los suelos del municipio y contribuyendo al desarrollo de los mocoanos.
Para Kristina Lyons, la nulidad del Acuerdo 020 es una violación a las facultades municipales para determinar la vocación de sus suelos y a las manifestaciones ciudadanas que rechazan las actividades extractivistas en Mocoa. Lyons cuenta que las organizaciones sociales del municipio se han mostrado inconformes con esta determinación y han adelantado una mesa técnica con Corpoamazonia para determinar las acciones jurídicas que tomarán ante este nuevo panorama jurídico.
“Hay una gran unidad entre las subregiones del departamento. Habrá una gran marcha de diferentes movimientos sociales de Mocoa para manifestar el desencuentro y la defensa del Acuerdo 020 y del patrimonio biocultural del municipio (…), no se descarta la idea de sacar un nuevo acuerdo municipal”, dice Lyons.
Proyecto Esperanza: una inversión en los conflictos socioambientales
Libero Cobre invirtió dinero para la exploración de un yacimiento de cobre bastante cuestionado por las comunidades aledañas al Proyecto Esperanza, ubicado en Argentina.
En la provincia de San Juan, Argentina, el agua escasea. Este territorio es una zona precordillerana y semidesértica, por lo que las fuentes de agua son limitadas. Asimismo, en septiembre de 2015 ocurrió “El derrame de Veladero”: una grave emergencia ambiental en la que un vertimiento de cianuro producido por la mina de la empresa Barrick Gold afectó los ríos Jáchal, Potrerillos, Blanco, Palca y Las Taguas. Desde entonces, los sanjuaninos se oponen a la minería en su territorio pues ahora deben alimentarse de pozos de agua y no pueden beber del río Jáchal. Sin embargo, no paran los proyectos de megaminería para la extracción de cobre y oro.
Hoy existen cinco megaproyectos mineros para la extracción de cobre en San Juan. El Proyecto Esperanza se suma como el sexto en la lista. Libero Cobre invirtió en este yacimiento desde 2021, cuando se comprometió con la empresa Latin Metals a desembolsar hasta 2 millones de dólares en diferentes pagos hasta el 2024, con la opción de adquirir el 70 % de participación, según su reporte anual de 2021.
A pesar de la difícil situación denunciada en diversos medios por los sanjuaninos, en la página oficial de Latin Metals se pueden observar mapas y aproximaciones sobre el lugar donde se espera que se desarrolle el proyecto. Según un reporte de la Revista Andina de Educación y la ficha técnica del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, el yacimiento (anteriormente llamado Proyecto Minero Huachi) se encuentra muy cerca del acuífero de la Pampa del Chañar, la obra que le da agua subterránea a la comunidad y de la que dependen 21.000 habitantes del departamento.
Se puede observar un mapa de la ubicación del Proyecto Esperanza, publicado en la página web oficial de Latin Metals. A la derecha, se observa la ubicación de la Pampa del Chañar, según datos obtenidos a través de Google Maps.
A finales de 2023, la Revista Rumbo Minero publicó que Latin Metals se encuentra buscando un nuevo socio para el Proyecto Esperanza, puesto que Libero Cobre incumplió con el pago de 350.000 dólares que debía aportar antes del 6 de diciembre de ese año.
Lo que está en juego es la soberanía
A dos calles del Monumento a la raza en Mocoa está la sede de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP). Es una casa esquinera de cuatro pisos que porta en su fachada banderas de color amarillo, blanco y verde, junto con dos retratos a gran formato de Homero Mutumbajoy, fundador de la OZIP, y de Robinson López, líder de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), quien falleció en el 2020 a causa del COVID-19. “Unidos venceremos”, reza una de sus banderas.
La dinámica es abierta y sencilla en la casa. El presidente de la organización, Marino Peña, se encuentra trabajando en su oficina mientras escucha el reporte radial de las noticias: “Nos hemos constituido por la necesidad de representar a las comunidades indígenas que están dispersas a lo largo del Putumayo, para tratar asuntos que implementan desde los gobiernos y afectan a nuestras comunidades”, dice Peña.
Peña es un indígena inga que lidera los procesos de vocería de la OZIP alrededor de temas como el territorio, Derechos Humanos, salud y comunicaciones. Para Peña, con la aceptación global de la existencia del cambio climático, los pueblos indígenas han tomado relevancia como guardianes de los ecosistemas y algo que para muchos no tenía valor, como la conservación, hoy toma gran importancia.
“Frente a la situación del cobre nosotros tenemos mucha inquietud y muchas dudas sobre cómo es que el Gobierno está planteando la transición energética. El cobre es vital, es importante para hacer esa transición. El Gobierno ha dicho que no va a intervenir, pero, personalmente, no le creo”, dijo una tarde mientras escribía sus pendientes en una libreta.
Peña dice que, en este tipo de procesos, la regla ha sido la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Por esta razón el resguardo de Condagua logró, mediante acción de tutela, que se reconociera su derecho a la consulta previa en el proyecto minero que está adelantando Libero Cobre.
Los directivos de la multinacional han expresado en diferentes medios que no tienen intención de hacer minería al interior de la reserva forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa, pues sus actividades pueden limitarse a las inmediaciones. Sin embargo, en su informe técnico se menciona que, de no obtener permisos para realizar actividades mineras al interior de la reserva, la viabilidad económica del proyecto se vería afectada significativamente.
El proyecto de Libero Cobre no es el único que se encuentra con la reserva. El Instituto Nacional de Vías (Invías) ya solicitó la sustracción de un área de la reserva forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa para la construcción de la variante San Francisco hacia Mocoa, pues el 60 % de su tramo atraviesa la zona protegida. Según un informe del Instituto Sinchi, esta obra fue anunciada hace más de 23 años, pero se detuvo en el 2017 por sus afectaciones sobre la reserva forestal. El proyecto se reinició en el 2022 y se espera que concluya en 2030, pese a la oposición de las comunidades indígenas de la zona.
“En estos tiempos se dice que somos unos vagos, que no ponemos la tierra productiva y que somos pobres; pero no entienden que nuestras tierras producen oxígeno y agua. Nuestras tierras sostienen el equilibrio del mundo. Esto que hemos conservado no es para nosotros, sino para las generaciones futuras”, dice Peña.
Esta investigación es resultado del ciclo de capacitación de la ‘Escuela de formación en herramientas para investigar delitos ambientales: una apuesta por la transparencia desde los territorios’, iniciativa de Global Financial Integrity, el Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES) y Consejo de Redacción (CdR).