La Gobernación de Putumayo y la Institucionalidad hicieron caso omiso a la invitacion del Ministerio de Interior quien los habia invitado a una reunión para tratar asuntos etnicos importantes en respuesta del fallo de la Corte Constitucional T – 246 del 7 de julio de 2023 que ampara derechos del Resguardo Musurrunakuna en Mocoa.
Los funcionarios del Ministerio del Interior se hicieron presentes en Mocoa y la Gobernación de Putumayo y demás instituciones los dejaron plantados esperándolos.
A esa reunión previamente programada asistieron funcionarios de la UNGRD pero no tenían ni idea del tema que se iba a tratar, según la denuncia de las comunidades indígenas, al parecer no se había ni leído la sentencia de la Corte Constitucional sobre la cual se desarrollaría la reunión.
La Corte Constitucional profirió la sentencia T – 246 del 7 de julio de 2023 mediante la cual se le reconoció a la comunidad del Resguardo Indígena Musurrunakuna del Pueblo Inga del municipio de Mocoa, los derechos fundamentales de Consulta Previa y Vivienda Digna entre otros, mismos que habiendo sido reconocidos en primera instancia por el juzgado segundo Penal del Circuito de Mocoa, y fueron negados en segunda instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Mocoa – Putumayo, Sala Única de Decisión; por lo que las comunidades indigenas elevaron el proceso a la Corte Constitucional quien les dio el fallo a favor.
En cumplimiento de la referida sentencia la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior convocó a la comunidad indígena de Musurrunakuna, La Gobernación de Putumayo, la UNGRD, Defensoría del Pueblo, Corpoamazonia, Personería Municipal, Ministerio de Vivienda, entre otras entidades, para dar inicio al proceso de Consulta Previa, mediante el cual se debe reformular y concertar el Plan de Acción Especifico, para la reconstrucción de Mocoa en el componente de vivienda rural Indígena.
Por lo anterior, la comunidad indígena de Musurrunakuna, adelantará las acciones legales correspondientes contra el Gobierno Departamental y las instituciones por lo que ha considerado un desacato al fallo proferido por la Honorable Corte Constitucional.