Por : Alexander Africano
Desde el pasado viernes 26 de enero de la presente anualidad, la alcaldía de Mocoa fue informada por parte de la Policía Nacional sobre unos hechos donde varias familias se trasladaron hasta un predio ubicado en la vereda Las Planadas con la intención presunta de tomar posesión del terreno.
Acto seguido la secretaría de gobierno y política social el mismo viernes se trasladó al lugar, donde tomó contacto con los allí presentes y mediante un ejercicio de diálogo se trató de verificar los motivos de las vías de hecho; según el mismo secretario se trata de un predio que era de propiedad de la gobernación de Putumayo y que en algún momento se entregó en comodato y que se desconocía la documentación real del predio.
Ya para el día sábado se citó a un consejo de seguridad extraordinario (se desconoce si se hizo) y lo cierto es que el dia de hoy domingo en horas de la mañana se realizó una intervención Policiva por parte de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) o más conocida como el antiguo (ESMAD), quienes dieron aplicación del artículo 81 de la ley 1801. Dicha acción hizo que las al menos 70 familias desalojaran el predio; cabe señalar que allí se encontraban menores de edad, adultos mayores y demás.
Esta normativa ordena y establece un límite de tiempo de 48 horas para el ejercicio de una acción policial de protección a la posesión para así poder proteger la propiedad, pública o privada de cualquier perturbación de estos bienes inmuebles sin que sea requerido una autorización adicional de inspector o juez. Como autoridad máxima de Policía el alcalde Carlos Piedrahita tuvo que haber dado la orden de intervención.
Este medio informativo tuvo acceso a la escritura 1773 del 30 de diciembre de 2019, ante la notaría única de Mocoa donde se entregó mediante donación total e insinuación de donación un predio denominado El Balcón ubicado en la vereda Las Planadas de Mocoa en un total de 3 hectáreas equivalentes a 3.921 mts2, siendo los intervinientes la señora Sorrel Aroca gobernadora de departamento en esa época como donante y el señor José Castro como alcalde de ese momento como donatario.
Mientras todo esto ocurre y con la presencia del ministerio público (personería y procuraduría) y hasta la inspección de Policía, ha trascendido que en el procedimiento policivo se presentó una persona de sexo femenino lesionada a la altura de la cabeza y según sus familiares fue producto al parecer del impacto de una de los elementos no letales usados en el procedimiento, para lo cual interpondrán la respectiva denuncia.
Ante el malestar de las personas desalojadas se espera un pronunciamiento oficial y mientras tanto hay rechazo por las decisiones del actual alcalde donde la comunidad manifiesta que hizo falta más diálogo para acordar una salida pacífica y sin posibles vulneraciones a los derechos humanos.