La Fiscalía General de la Nación es consciente de los múltiples retos que tiene el país en la garantía de los derechos humanos de poblaciones específicas. Por esta razón, el señor Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, en el marco del Direccionamiento Estratégico 2020-2024 “Resultados en la Calle y en los Territorios” priorizó a los Pueblos Indígenas como sujetos de especial protección constitucional.
En función de lo anterior, y con el apoyo del Programa de Justicia Inclusiva de USAID, se llevó a cabo la firma del primer protocolo de entendimiento para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural, entre la Fiscalía y los 15 Pueblos Indígenas de Putumayo.
“Es importante la firma de este protocolo con la Fiscalía, porque corta esa barrera que había entre la Justicia Especial Indígena y la Justicia Ordinaria, nos conlleva y nos une a un mismo sentir como indígenas si queremos la pervivencia cultural de nuestros procesados y nos genera confianza para seguir tejiendo estos procesos”, afirma Luz Delly Gómez Rengifo, lideresa indígena del Pueblo Yanaku en el Putumayo.
Este protocolo quedó constituido por cuatro líneas de acción correspondientes a la construcción de una ruta para la aplicación del decreto 1953 del 2014 que promueve la capacitación, sensibilización e intercambio de saberes.
Asimismo, la articulación entre la Fiscalía y las autoridades de los pueblos indígenas, permitirá la investigación, el impulso, el esclarecimiento de los casos de homicidios y violencia sexual, la traducción de documentos institucionales y la implementación de intérpretes en las diferentes etapas procesales.
“Es importante este protocolo firmado con la Fiscalía y las autoridades indígenas. Que sea una herramienta muy fundamental, como directriz para sacar adelante todos los procedimientos, procesos en materia de encuentro de la jurisprudencia indígena y la justicia ordinaria y lograr así una consolidación y encuentro de voluntades y que la justicia sea posible”, indicó José Evaristo Garcés Cunda, autoridad delegada en la mesa de coordinación.
Se espera que tanto los operadores judiciales como las autoridades indígenas encuentren en este protocolo de entendimiento, los insumos y herramientas técnicas y procedimentales para lograr el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena y la aplicación del enfoque diferencial en el proceso penal.
