Por: Juan Carlos Espinosa Santacruz. Economista
El gasto público es el que realiza el gobierno en sus diferentes niveles (nacional, departamental y municipal), mediante el uso de recursos proveniente de los impuestos, las tasas y contribuciones, con recursos del balance y recursos del crédito público, para garantizar el bienestar social, el funcionamiento de la administración, el desarrollo económico, la defensa nacional y el pago del servicio de la deuda.
A nivel de los Municipios y del Departamento, el gasto público se orienta a los mismos fines aquí indicados, excepto la seguridad nacional, que está a cargo directamente del sector central.
En relación con el gasto público social, que es el que se utiliza para garantizar el bienestar de la comunidad, el Estatuto Orgánico del Sistema Presupuestal colombiano (Decreto 111 de 1.996), en su artículo 41 lo define de la siguiente manera:
“ARTICULO 41. Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión”.
Esta norma, al detallarlas, da relevancia a las necesidades insatisfechas en materia de salud, salud, saneamiento básico, agua potable y vivienda y deja otras contenidas en la expresión bienestar general y calidad de vida, que la Ley de transferencia y competencias (Ley 715 de 2001), denomina otros sectores. Esta Ley al distribuir las transferencias de la nación a las entidades territoriales e indígenas, asigna un porcentaje apreciable a los sectores mencionados y un porcentaje global para los demás sectores o como lo indica la Ley, para Propósito General, en los que se encuentran entre otros los sectores de justicia, medio ambiente, infraestructura vial y eléctrica, sector agropecuario, desarrollo económico, desarrollo institucional, servicios públicos, deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, cultura, centros de reclusión, derechos humanos, participación ciudadana, prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo económico, atención a grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, empleo, orden público, convivencia ciudadana, entre otros.
Como se puede ver, la Ley 715 de 2001, reitera el compromiso que debe tener el gasto público con el bienestar de la comunidad, el gasto público social, el desarrollo económico y la seguridad ciudadana.
Tradicionalmente los Municipios emplean los recursos destinados al gasto público social en mayor proporción en los sectores indicados, dejando de lado inversiones necesarias para el desarrollo económico y la seguridad ciudadana, que terminan con muy bajas o nulas asignaciones presupuestales.
La calidad del gasto público en cada Municipio se debe evaluar por los resultados de las administraciones en cada uno de estos sectores a partir de indicadores que permitan medir el desempeño en cada sector y para ello es preciso dar respuesta a preguntas básicas como las siguientes:
- En materia educativa. Está atendiendo el Municipio la educación inicial de la primera infancia? (Para la población de 0 a 5 años); son altos los índices de cobertura de la educación preescolar, primaria y básica; son adecuados los índices de cobertura de la educación superior? Es de calidad la educación en sus diferentes niveles? Está articulada la educación secundaria y la educación universitaria al sector productivo y al desarrollo económico local? Cuenta el Municipio con la infraestructura educativa adecuada y la dotación correspondiente? Se está impulsando en el Municipio el desarrollo de la ciencia y la tecnología?
- En materia de salud. Cómo están los indicadores vitales en salud? Indicadores de cobertura en salud, de mortalidad general, de mortalidad infantil; indicadores de morbilidad, indicadores de oferta de servicios de salud, indicadores de asignación de recursos para salud, indicadores de vacunación, entre otros.
- En servicios de provisión de agua. Cómo está la cobertura de los acueductos municipales tanto rurales como urbanos? Se provee de agua potable a la comunidad? Hay continuidad en la prestación del servicio? Los costos de las tarifas son razonables?
- En el servicio de alcantarillado: Se tiene cobertura superior al 95% en el sector urbano? Se utilizan pozos sépticos en los sectores donde no hay acceso a la red de alcantarillado? Hay control sobre los vertimientos de aguas servidas a los cuerpos hídricos? El Municipio cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en funcionamiento? Los costos de las tarifas son razonables?
- En el servicio de aseo. Es adecuado el sistema de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos?. Se están haciendo procesos de reutilización y reciclaje? El costo de las tarifas es razonable?
- En el sector vivienda y de espacio público. Se están desarrollando en el Municipio programas de vivienda de interés social? Existe una estrategia municipal para reducir el déficit de vivienda? Hay suficientes parques y zonas de recreación y deporte? Hay suficientes ciclorutas?
- En el sector de la cultura. Hay suficientes escenarios para las actividades culturales? Se apoyan las actividades culturales locales? Se apoyan las escuelas de formación cultural con recursos suficientes de manera permanente?
- Sector de transporte y comunicaciones. Todos los sectores del Municipio están interconectados por vías? Es adecuado el estado de las vías urbanas y rurales? Se hace mantenimiento a puentes y caminos?
- Sector de la familia. La violencia intrafamiliar y el abusos sexual de menores es bajo en el Municipio? Está atendiendo el Municipio a los jóvenes para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y el reclutamiento forzado por parte de bandas criminales? Hay en el Municipio políticas para la generación de empleo o ingresos para los jóvenes? Se ejecutan programas para fortalecer la capacidad de las familias para ser entornos protectores de jóvenes y niños?
- Inclusión social. Desarrolla el Municipio estrategias para inclusión en los procesos de desarrollo económico y social a los indígenas, afrodescendientes, organizaciones de mujeres, población LGBTIQ+ y población vulnerable?
Este ejercicio de evaluación se debe hacer para cada uno de los sectores que forman parte de las necesidades de la población y que impactan el bienestar de la comunidad y que por limitaciones de espacio no se alcanzaron a referir en forma más amplia en este artículo.
De otro lado, tiene una importancia estratégica alta que los mandatarios territoriales fijen su mirada en el desarrollo económico local y formulen efectivas estrategias que permitan impulsar el desarrollo agropecuario, el desarrollo industrial, el desarrollo del sector turístico, el desarrollo de la minería sostenible, el desarrollo del sector de la construcción, el desarrollo del sector de servicios, pues es en estos sectores en los que se genera: empleo, crecimiento, ingresos de las familias, ingresos de las empresas e ingresos públicos, provenientes de los impuestos. Es fundamental que haya un adecuado nivel de desarrollo económico, para garantizar un adecuado nivel de bienestar a la sociedad. Las preguntas adecuadas en este campo son: Es bajo el desempleo en el Municipio? Es fácil para las personas conseguir empleo o generar ingresos? La economía local crece a un ritmo adecuado y sostenible? Los ingresos de las familias y de las empresas están creciendo de manera sostenida y sostenible?
Finalmente es crucial que los mandatarios territoriales garanticen la seguridad ciudadana. Parte del bienestar que reclama la comunidad tiene que ver con la reducción de los índices de delincuencia local, reducción permanente de la tasa de homicidios, de robos, de atracos, de secuestros, de extorsiones, garantizar en todo momento el derecho a la propiedad y reducción del consumo de sustancias psicoactivas. La pregunta es: ¿Se sienten seguros los ciudadanos en el Municipio?
Después de responder estas preguntas cada uno de nosotros puede evaluar si tiene en la actualidad un buen alcalde o alcaldesa o un buen gobernador o gobernadora y también analizar en este proceso electoral con cuál de los candidatos o candidatas sentiría que se puede avanzar en el logro del bienestar, el desarrollo económico y la seguridad ciudadana que necesita y merece la comunidad.