Como medida de seguimiento y evaluación a los compromisos establecidos en diciembre pasado, la Supersalud se trasladó al departamento del Putumayo para desarrollar una jornada de intervención focalizada que busca verificar las acciones desarrolladas por las Secretarias de Salud municipales, las EPS y la red prestadora de servicios de salud pública y
privada.
“Lo dijimos y les cumplimos; para este Gobierno es una prioridad atender las necesidades de la Colombia profunda y eliminar las fallas que hoy imponen barreras en el acceso a los servicios de salud, no podemos seguir permitiendo vulneraciones a los derechos de los ciudadanos y por eso durante esta semana presentaremos los resultados al seguimiento realizado”, aseguró en la instalación de la jornada el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.
El equipo de la Supersalud desplazado al territorio viene desarrollando las acciones de inspección y vigilancia tendientes a verificar la veracidad de los reportes hechos por las autoridades locales y establecer acciones de inmediato cumplimiento frente a los indicadores en salud más críticos que hoy se registran.
En este sentido, el ente de control citó a las Secretarías de Salud municipales y la departamental, así como a los representantes de Nueva EPS, AIC, Mallamas y Emssanar, esta última bajo medida de intervención, para presentarles los resultados más relevantes evidenciados en donde se identificaron deficiencias en el proceso de atención, entrega de medicamentos y autorización de servicios.
EPS, con cumplimiento del 33%
La Supersalud alertó por el incumplimiento en la implementación de estrategias que garanticen el acceso a los servicios de salud a los 333 mil afiliados en el departamento, considerando que el resultado de la evaluación de indicadores que se realiza a las EPS no superó el 33% de cumplimiento.
Frente a los reclamos por fallas en la prestación, se determinó que la falta de oportunidad en la asignación de citas, la demora en la entrega de medicamentos, la dilación en el proceso de traslado y la inoportunidad en la autorización de citas por especialistas, concentran la mayoría de las 3.614 peticiones y quejas radicados.
“Nos inquieta que vemos una deficiente contratación de los servicios de salud mental, con atención específica a niños, niñas y adolescentes, en donde también hicimos un llamado para evaluar el subregistro y hacer un trabajo de campo con el objetivo de realizar identificación de las necesidades de estos menores y sus familias”, agregó el Superintendente Beltrán López.
Asimismo, se identificaron algunos municipios que preocupan por la falta de servicios contratados para garantizar la atención primaria en salud que es la puerta de entrada al sistema de salud. La alerta roja se encuentra en los municipios de: Colón, Orito, Puerto Caicedo, Puerto Leguizamo, San Francisco, Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuez y Villagarzón.
Alerta por riesgo de desnutrición en menores
De acuerdo con las cifras entregadas por el Gobierno Nacional, para el año 2022 en el departamento se reportaron 11 casos de menores con riesgo de muerte por desnutrición, situación que enciende las alarmas y exige un trabajo extramural de identificación y seguimiento a la evolución de los casos identificados, para evitar que los menores recaigan o que se presenten nuevos casos.
Municipio / Casos riesgo mortalidad
Valle del Guamez : 2
Puerto Caicedo : 3
Puerto Leguizamo : 1
Puerto Asís : 2
Orito : 2
Villagarzón : 1
Total 11
“El objetivo es tener un panorama integral de la situación que atraviesa el departamento, para focalizar las acciones necesarias en garantizar una atención con oportunidad y calidad”, aseguró el Superintendente de Salud.
Hasta este viernes la Supersalud desarrollará mesas de seguimiento a la formalización contractual para habilitar red de atención, de flujo de recursos y de seguimiento a la formulación de planes de acción que permitan gestionar las deficiencias en los indicadores de atención y calidad. Los resultados y los compromisos serán sujetos de evaluación y su incumplimiento podrá acarrear investigaciones administrativas que deriven en sanciones.