Por: *J. Alexander Africano M.
Muchos colombianos esperaban la decisión de “autoridad” del señor Presidente Gustavo Petro en el marco de la paz total y ha demostrado por lo menos que está dispuesto a tomar decisiones que pueden no caer muy bien o mejor dificultosas, pero que le vienen bien al país ante semejante atrocidad cometida por las disidencias como fue la masacre de cuatro menores en Putumayo.
En su intención de mantener el diálogo incluso citó el sábado pasado a la delegación de las mismas disidencias del frente “Carolina Ramírez” para que dieran una explicación de los hechos y de cara a la comunidad, sin embargo, no estuvo nadie y en tal virtud, luego de analizados los hechos se dispone el cese bilateral al fuego que se mantenía con esta agrupación.
Lo cierto es que, en un cese bilateral al fuego entre dos o mas partes, no solo es el diálogo, sino de por lo menos parar las hostilidades en este caso en contra de la población civil que en últimas es objeto de protección en el marco del derecho internacional humanitario – DIH. Luego continuar con el reclutamiento, los homicidios y otras afectaciones a los derechos humanos y DIH no tiene justificación alguna en medio de las negociaciones.
Para el logro de la paz total utilizando el cese al fuego bilateral, causarle daño a una comunidad indígena es totalmente inaceptable, no solo por la crueldad el hecho sino por que sobre la población indígena le asiste al estado una protección especial dada su vulnerabilidad dada entre otras desde su exterminio, discriminación, segregación, estigmatización, entre otras.
Ahora bien, la convención americana sobre derechos humanos y la legislación colombiana, han sido claros en dicha protección y más aún si se trata de menores de edad (niños, niñas, adolescentes), así lo señala también diferentes convenciones como la convención de naciones unidas sobre protección a niños y niñas; luego estos tratados internacionales se deben cumplir independiente de las partes en conflicto.
Luego si las disidencias aceptaron como herramienta jurídica el cese al fuego, lo menos es que deben cumplir con lo pactado y no demostrar como lo han hecho su falta de voluntad política, así como su provocación al estado para tal vez “medir pulsos” dejando muertos campesinos (también vulnerables) en su mayoría y como si fuera poco ahora indígenas en total indefensión, incluso utilizando actos crueles y degradantes como la tortura.
Lo cierto es que, tal como se señaló ante la invitación a los delegados de las disidencias y ante su negativa, le quedó claro al gobierno que en la reciente reunión en los Llanos del Yarí donde se evidenció sofisticado armamento de precisión, tecnología, vehículos de alta gama, capacidad de juego, donde también se advirtió y evidenció el “poder” y la soberbia de las disidencias, incluso se podría afirmar con un agravante y es la “instrumentalización” a determinadas comunidades que “deben” acudir a los llamados de estos grupos ilegales.
El gobierno ha manifestado en un comunicado que no renunciará a trabajar por la paz y que la decisión es atendiendo entre otras también el llamado de las comunidades; por su parte las mismas disidencias en otro comunicado en respuesta dan a conocer una serie de determinantes como la expansión del paramilitarismo, la intervención extranjera, incluso han tildado al gobierno de ser el “menos serio” para entablar conversaciones, señalan de no vincular al pueblo en el proceso y en fin.
Mientras tanto, sea prudente pedir a las partes que se mantenga la posibilidad de una salida salomónica ante la situación presentada; una gran mayoría le apuestan a la Paz como derecho y deber, luego salvar una vida es un logro de incalculable sentido estatal, de incalculable sentido humano, salvar una vida es un logro de incalculable sentido social y espiritual, y sobre eso no hay desacuerdo.
Lo único cierto es que el presidente Gustavo Petro cumpliendo su palabra ha señalado que la ruptura del cese al fuego parcial se dará posterior a 72 horas, es decir desde el próximo miércoles; seguramente se reanudarán las operaciones militares, se suspenderán las medidas adoptadas con órdenes de captura que habían perdido vigencia; pero no menos cierto es que para esta región del país seguirá la incertidumbre y zozobra con más fuerza y no queda mas que pedir que “pare la muerte en Putumayo”.
¿Usted qué opina?
¿Cuál es su postura de lo que viene?