ElEspectador – Andrés Cancimance
Hace seis años, entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1.° de abril de 2017, al menos 335 personas que vivían en la capital de Putumayo, Mocoa, perdieron la vida, 57 desaparecieron, siete barrios fueron destruidos y 48 más se vieron afectados; 1.718 viviendas de la zona rural y urbana quedaron averiadas o destruidas. La avenida fluviotorrencial, generada por uno de los aguaceros más fuertes ocurridos en la zona, dejó a más de 22.322 damnificados, entre ellos 2.903 indígenas.
El territorio del cabildo Musurunakuna quedó totalmente arrasado, desapareció. La infraestructura vial nacional y las redes regionales de suministro eléctrico, acueductos y gas domiciliario se vieron seriamente afectadas. La conexión terrestre desde Nariño, Ecuador y las regiones del alto, medio y bajo Putumayo con Bogotá, a través de Mocoa, se interrumpieron por más de 11 días, generando desabastecimiento de alimentos y suministros para la atención de la emergencia en todo el departamento. Esta avalancha, como la nombran los habitantes de la región, también afectó a otros municipios de Putumayo, Caquetá y Cauca, pero la respuesta inmediata a la emergencia, la estabilización y la reconstrucción por parte del Estado solo se centró en Mocoa.
Por varios meses, la geografía de estos lugares fue de muerte y desolación. Cientos de personas buscaban a sus seres queridos entre el barro y las inmensas rocas que fueron movidas por la fuerza del agua. Algunos cadáveres flotaban en los ríos cercanos a la tragedia. Las historias de dolor y sufrimiento eran devastadoras y lo siguen siendo por la demora en la entrega de las obras de la reconstrucción. La gente lo perdió todo. Familias enteras quedaron sepultadas entre escombros de las casas que se vinieron abajo.
Expertos advierten que la avenida fluviotorrencial que impactó a Mocoa no solo se podría repetir en la ciudad, sino también en otros 385 municipios del país. Es más, el 18 de agosto de 2018, 16 meses después de la tragedia, se presentó una segunda avenida torrencial en Mocoa, que obligó a evacuar al menos a 20.000 habitantes. No se reportaron pérdidas humanas, pero sí cuantiosos daños materiales, entre ellos la destrucción de 87 viviendas y la afectación de algunas obras adelantadas en la fase de reconstrucción. El Estado colombiano ha fracasado en la atención de este desastre.
Así se podría resumir el reclamo constante de las personas damnificadas, de los pueblos indígenas afectados y de las veedurías ciudadanas que se crearon para hacerle seguimiento al plan de acción específico para la reconstrucción de la ciudad. Este plan contempló, entre otros proyectos, la construcción de puentes y viviendas, el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, la revisión y el ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Mocoa (POMCA), la evaluación detallada de áreas ambientalmente aptas para el reasentamiento y varias obras de mitigación de riesgos.
En cada una de estas obras hay atrasos considerables, reclamos, alertas de los entes de control y una profunda decepción e indignación ciudadana. Quizá la construcción de viviendas es lo que más refleja este fracaso. De las 1.549 casas urbanas que se debían entregar como medida de reparación, solo han construido y asignado 300 unidades residenciales, lo que representa un avance, en seis años, de apenas el 19,3 %. Y esto ocurrió durante el período del expresidente Santos, pues el expresidente Duque no logró ningún resultado en este ámbito.
Mocoa no puede seguir esperando, esta tragedia debe terminar.