Por: J. Alexander Africano M.
Decenas de recipientes plásticos se han convertido en el común denominador tirados en los parques de la capital de Putumayo, incluso en el cementerio y sus al rededores y en general en “lugares de uso público”, situación que llama poderosamente la atención pues nadie dice nada al respecto y con la persistencia de que cada fin de semana se observan en horas de la madrugada jóvenes hombres y mujeres, que en un derroche de juventud y éxtasis no solo afectan su salud física y mental, sino la de los vecinos quienes han perdido la tranquilidad que en otrora se disfrutaba.
El asunto de drogas en Putumayo no es un tema de “poca monta”, pero nadie quiere hablar sobre eso, prueba es que la semana anterior se daba a conocer públicamente que se han detectado al menos 28.205 hectáreas sembradas de coca y la posibilidad de que se esté sembrando MARIHUANA y AMAPOLA dadas unas cifras erradicación en el año 2021. Eso no pasó más de ser una “cifra” que por cierto es histórica en el territorio, pero que, se subraya a nadie le interesa, ha de ser porque esto no genera ganancia, ni electoral ni de otra índole; quisiera uno escuchar al menos que viene respecto de la sustitución gradual y similar.
Lo preocupante y que enciende las alarmas, es la tendencia al consumo de una droga que es legal y que incluso de acuerdo a informaciones, fue entregada a pacientes en la época fuerte del COVID-19, pues su fin tiene que ver con el control de la tos; en principio una droga inofensiva, fácil de adquirir y que de no controlarse degradará a una generación que desconoce sus efectos secundarios y que por “estar a la moda”, no les importa su riesgoso compuesto químico.
Se trata de un medicamento cuyo principio activo es la “CODEINA”, la cual viene en presentaciones de 120 ml y donde en su etiqueta se aprecia que su uso es restringido o bajo las instrucciones de un médico tratante, es decir que su venta debe ser con fórmula médica. No obstante, en un ejercicio científico de observación, en por lo menos 5 droguerías de Mocoa venden el producto sin si quiera preguntar sobre su uso adecuado, con precios que oscilan entre los $6.500 y $8.500 la genérica y dependiendo de su marca en aproximadamente $24.000; sin duda fácil de adquirir por cualquier persona.
La codeína es un compuesto de la familia de los opioides, es decir, derivados del opio extraído de amapola (Papaver somniferum) que incluyen drogas ilícitas como la heroína y medicamentos como la morfina usados principalmente para el manejo del dolor moderado a intenso. El afán por el control y vigilancia de la prescripción de estos fármacos se debe a su potencial riesgo para generar tolerancia, dependencia física y psicológica, con síntomas de abstinencia y el consecuente abuso de estas sustancias. En nuestro país es de venta libre y se comercializa en forma de tabletas, capsulas y jarabes.
Es tan fuerte el problema, que hasta en la escena musical actualmente ha tenido su impacto, pues artistas como el cantante de reguetón Nicky Jam han reconocido su adicción, y otros cantantes han compuesto canciones alusivas a “la codeína”, que para las personas adultas no son interpretadas en sus letras, donde se invita a su consumo; de hecho, se ha popularizado entre los “raperos” mundiales, quienes incluso aparecen bebiendo este brebaje en sus videoclips. Ahora, sus “fans” y en especial los más jóvenes consumen esta peligrosa mezcla.
El tema no es nuevo, pues mundialmente este medicamento viene siendo utilizada como una droga en Estados Unidos, en Europa, en África especialmente en Nigeria, por ejemplo, ya se habla que es un problema de salud pública, incluso se dice que en la actualidad “existe una generación adicta a la CODEINA”; lo mismo sucede en España, e incluso en Sur América en países como Chile y otros, donde la afectación a los jóvenes ha sido demasiada alta. Igual ocurrió en Colombia, donde se supo de su consumo a mediados del año 2018 en ciudades como Cali y posteriormente en la capital de la república. Se sabe que desde un año antes de la pandemia el ministerio de salud y de la protección social viene haciendo esfuerzos al respecto, no obstante, el consumo de sustancias sicoactivas es una tarea de todos.
No es para menos, si se tiene en cuenta que según los expertos este compuesto, indicado para tratar procesos de tos o que causen dolor, tiene efectos similares a los de la marihuana. Eso significa que: «provoca cambios bruscos de humor, insomnio, convulsiones e incluso en casos de dosis de consumo muy elevadas puede llevar al coma”. Ahí radica el problema, pues los jóvenes hacen mezclas con refrescos, con alcohol y gaseosas, lejos de comprender que el mayor problema es que la codeína es sumamente ADICTIVA.
Otro aspecto interesante, el cual requeriría un estudio más a profundidad, tal como ya se mencionó, es que la CODEINA era un medicamento muy poco conocido antes del COVID-19, excepto si era formulado por los médicos; es decir podríamos atrevernos a asegurar preliminarmente, que en Mocoa su adicción sería otra gran consecuencia del virus, incluso si se tiene en cuenta que su formulación médica fue excesiva en su momento ante los escases de otros medicamentos para el control de la pandemia.
Consultadas algunas fuentes, coinciden en que en la realidad hace demasiada falta la ética profesional en el personal que labora en las droguerías, púes no se concibe que un mismo joven llegue a comprar codeína más de una vez en tiempos relativamente cortos y que no haya ninguna o el más mínimo de inquietud y control al respecto. Esto podría tener una lectura preliminar para análisis, si se tiene en cuenta que el observatorio de salud departamental en el año 2021, indicó que el municipio que más casos reportó casos por trastornos mentales – consumo de sustancias psicoactivas fue precisamente Mocoa.
Otro dato aún más curioso, es que la presentación más prevalente es la que viene como dihidrocodeina Bitartrato, la cual se encuentra con tendencia a agotarse en Mocoa, lo que permite inferir que probablemente su consumo está desbordado o por lo menos en la capital de Putumayo; tampoco se conocen reportes de casos puntuales desde el sistema de salud que permitan advertir sobre alertas de riesgo entre la población joven o adulta, más aún cuando está más que probado que la interacción con alcohol puede potenciar el efecto de la codeína. Se señala que el mismo observatorio de salud departamental en el año 2021, indicó que las edades donde se han identificado trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas son entre los 14 y 26 años.
Más curioso aún, si tenemos en cuenta que los consumos de sustancias sicoactivas aparecen como una problemática en los planes de desarrollo departamental y municipales, sobre todo en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, que para el caso de Mocoa no ha sido efectivo, pues ni siquiera se está ejecutando, a pesar de estar formulado desde el año 2020, ver en Asocapitales https://www.asocapitales.co/nueva/wp- ontent/uploads/2021/03/PISCC%20Mocoa%202020%20-%202023.pdf, (Págs. 32 y 105 en adelante), debería entonces cuestionarse la comunidad sobre que ha pasado al respecto, pues incluso hasta recursos públicos existen para mitigar lo advertido.
En ese orden y bajo la responsabilidad social y la ética periodística, se puede decir que son varias las medidas de prevención que se pueden implementar entre ellas: redoblar la insistencia en la ética profesional acompañadas de conocimiento de las personas que laboran en el sector salud tanto público como privado; así como la realización de capacitaciones y difusión al personal de las droguerías y a la comunidad en general; el control efectivo de la secretaria de salud departamental frente a la inspección vigilancia y control del uso adecuado del medicamento, en coordinación con las secretarías municipales; la restricción y control de la venta del medicamento a menos que sea con prescripción médica; la implementación de avisos en las droguerías sobre su prohibición y sobre todo el control; la no ocultación y la prevención de acciones en las instituciones educativas en sus manuales respectivos con todos los niveles de la comunidad educativa (estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos docentes y administradores escolares) y sobre todo la responsabilidad de los padres – madres de familia y de la sociedad en sí misma.
Finalmente, sea prudente recomendar a la gobernación del Putumayo para que active las respectivas rutas, de forma especial se realice un consejo seccional o departamental de estupefacientes (no se sabe cuántos se han hecho); así mismo se haga efectivo el comité de drogas departamental, pero también los municipales; se actualice el observatorio de salud mental de Putumayo el cual en el 2022 no registra información de ninguna índole; a las Autoridades de Policía (Alcalde, Policía Nacional, Inspección de Policía y demás), inclusive el ICBF, la fiscalía general de la nación, para que de acuerdo a su misionalidad y sin vulnerar los derechos fundamentales, se realicen las labores pertinentes de control, prevención y demás; puntualmente en el caso de Mocoa se de aplicación al plan integral de seguridad y convivencia 2020-2023, donde se contemplan acciones de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas.
Cabe preguntarse, ¿desde cuándo se viene consumiendo dicha sustancia en el Putumayo y que control se ha hecho por parte de las autoridades?, o ¿será un agregado más a la problemática incesante de drogas en el departamento?, y claro ¿Quiénes serán los responsables de dejar una NUEVA ADICCIÓN en las presentes generaciones de jóvenes en Putumayo?.
“Las drogas que generan adicción pueden causar sufrimientos a quienes las usan y a sus seres cercanos.”