La conectividad rural como derecho humano en riesgo

Por: J. Alexander Africano M.

Hoy por hoy una de la más importante herramienta para transformar el País sin duda y entre otras, es la educación, esta oportunidad actualmente puede ser muy significativa si se cuenta y se hace un eficiente uso de las tecnologías de la información como el internet, lo cual debe ser una oportunidad para todos, el campo no es la excepción.

J. Alexander Africano M.

Cabe destacar que el internet y las comunicaciones son un derecho humano, no en vano el 05 de julio de 2012 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a internet como derecho humano altamente protegido. Inclusive exigió a los países miembros facilitar un servicio accesible y asequible para todos, y estima como una prioridad asegurar a la ciudadanía el acceso a internet. Al mismo tiempo señaló la ONU, que el internet “no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el acceso de la sociedad en su conjunto”, acceso que “debe mantenerse especialmente en momentos políticos clave como elecciones, tiempos de intranquilidad social o aniversarios históricos y políticos” (ONU 2012).

Además, la organización señaló y advirtió desde esa época algunas violaciones a este derecho humano, que abarcan entre otras, el bloqueo web o filtrado de contenidos, la desconexión para evitar el acceso, los ciberataques o una protección inadecuada del derecho de privacidad y protección de datos, entre otros; subrayando afectaciones a la universalidad e igualdad, derechos humanos y justicia social, accesibilidad, expresión, confidencialidad y protección de sus datos, vida libertad y seguridad, diversidad, e igualdad.

Para que estas condiciones se puedan dar, la corte constitucional ha dicho que el estado Colombiano cuenta con un espectro electromagnético, siendo éste uno de los elementos constitutivos del territorio y en su condición de bien público, su propiedad es de la Nación y su administración corresponde al Estado. El espectro ha sido definido por la jurisprudencia como: la franja de espacio alrededor de la tierra a través de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros o visuales. Su importancia reside en ser un bien con aptitud para transportar información e imágenes a corta y larga distancia.

A su vez dentro del espectro electromagnético, se cuenta con otra noción denominada el espectro radioeléctrico, definida por la corte como una porción del espectro electromagnético y es precisamente en esa porción en donde operan las emisoras de radio (AM y FM), las de televisión abierta (por aire) y microondas, de telefonía celular, los sistemas satelitales, los radioaficionados, las comunicaciones vía Internet, los radiomensajes (pagers), las comunicaciones de aeronaves, buques, transporte terrestre, entre otros servicios de telecomunicaciones.

Lo cierto es que esa condición de bien público, y al ser de propiedad de la Nación, nos debe afianzar la vigencia de la libertad de expresión como derecho de todos; lamentablemente o para bien, ese espectro lo administra el Estado y lo hace de manera comercial alquilándolo a operadores comerciales que específicamente en esa subasta está en manos de las empresas gigantes CLARO y MOVISTAR desde hace un poco más de 10 años y eso permite que de momento haya conectividad es decir cobertura de internet y telefonía celular. Esos acuerdos permiten incluso que las gigantes puedan subalquilar el servicio a otros operadores y así incrementar más sus activos, claro está sin tener en cuenta si la prestación del servicio es de buena o mala calidad.

Y es que aún cuando en Colombia contamos con conectividad, la cual no es del todo buena o hasta casi nula en zonas rurales, lo preocupante es que contrario a tener una ampliación de la cobertura, la ruralidad colombiana expresada en el campo podría verse muy afectada debido a unas nuevas condiciones de funcionamiento que van hasta por 20 años, esto teniendo en cuenta dos (02) resoluciones firmadas en el año 2021 las cuales tienen confidencialidad por tratarse de un activo estratégico, donde se renovó el contrato de concesión del espectro electromagnético nuevamente con las empresas ya referidas.

Lo curioso es que los operadores CLARO y MOVISTAR le pidieron al estado Colombiano pagar menos de lo que venían haciendo, aduciendo una razón económica que se venía dando por encima de lo convencional, concertando una reducción de pago del 33% de lo que se estaba cobrando, equivalente al menos a una rebaja de 300 mil millones de pesos ($300.000.000.000); ésta suma nada despreciable para estos días de recaudo, de cara a la nueva reforma tributaria.

Lo grave de todo esto, es que Colombia no cuenta con conectividad a zonas rurales y apartadas al menos en un 20% de la geografía nacional, equivalente a 2000 localidades que no tienen acceso a la conectividad o sea ni internet ni telefonía, y en las resoluciones nuevas que tendrían vigencia hasta el año 2041 no se establecieron con los operadores obligaciones de cobertura alguna para obtener la renovación del espectro, es decir vamos a quedar otros 20 años sin el derecho al internet y las comunicaciones, también con cobertura baja y pésima en el servicio.

No podemos olvidar que en la actualidad tener acceso a internet es primordial ya que la sociedad lo requiere, lo exige debido a la evolución del ser humano y de la ubicación de cada persona en el medio que se desempeña laboral y personal. Los campesinos hombres y mujeres saben también que, por medio del internet, el ser humano puede explorar el mundo y conocer las posibilidades que este brinda y así evolucionar de una manera económica, cultural y social, así como conocer lo que nos rodea como derecho fundamental en la actualidad porque de esta manera cada individuo sabe a qué se enfrenta.

Nadie puede limitar a ninguna persona de este planeta a no tener acceso o al uso del internet son muchas las posibilidades y oportunidades que se puede perder. Los campesinos también saben que es trascendental el cambio que está ejerciendo la educación a distancia por medio del internet ya que puede ser mayor el número de estudiantes que pueden enriquecer sus conocimientos explotando esas nuevas técnicas de conocimiento ya que pueden obtener información las veinticuatro horas del día sin ninguna limitación lo importante es tener una buena conexión y disciplina.

Resulta llamativo que, según el último Informe Trimestral de las TIC emitido por el Ministerio, la empresa CLARO tiene más del 62% de los abonados del servicio de telefonía celular en el país; eso le impone a esta empresa una obligación adicional y bajo esta dinámica, los campesinos exigen el derecho humano al internet y las comunicaciones con la afirmación de que estar conectados habilita mejores oportunidades para todos, incluida la Colombia rural la cual ha estado a merced de los gobiernos de turno.

Ahora bien, la marginalidad visible en territorios como el Putumayo que hace parte de la Amazonia Colombiana no solo conciernen a aspectos políticos, económicos y sociales, sino también a la cobertura de conectividad; resulta paradójico que en territorios como Boyacá cuya posición geográfica se presume favorable, se perciban similares condiciones de desconexión en espacios rurales, lo que nos da a entender que las brechas de desigualdad no son propias de territorios apartados, sino relativas al campo en general.

Ni que hablar de la justicia rural, pues por ejemplo en la pandemia fue normativizado el servicio de justicia fijando normas en materia de administración de justicia para el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), permitiendo entre otras situaciones, realizar diferentes actuaciones judiciales como recepción de demandas, notificaciones, traslados, audiencias, etc. Eso significa también una debilidad en la materia pues difícilmente si no se cuenta con acceso digital se podrá avanzar en la transformación digital de la justicia, lo que conllevará a que se mantenga la impunidad y la falta de credibilidad en la institucionalidad.

Finalmente, y frente a la deuda pendiente con el campesinado, será que el nuevo gobierno de Gustavo Petro ¿podrá dignificar el campo?, o por lo menos quien le dé una salida de beneficio a esta encrucijada de la conectividad, la cual sin duda debe estar desde la aplicación y puesta en marcha de la reforma rural integral agraria, este es uno de los retos del Estado, sus instituciones y servidores públicos. Colombia ha esperado el momento de volver a mirar hacia el campo y darles a los campesinos las herramientas necesarias para que la tierra sea productiva y eso incluye el internet y las comunicaciones.

“La pandemia aumentó las desigualdades como sociedad, como el racismo, la desigualdad y violencia de género, la pobreza y la desconectividad digital” JAAM