¿Cuanto cuesta reclamar un derecho en Colombia?

Autor: Carlos Enrique Corredor Saavedra

Colombia es uno de los países donde los reclamantes, en muchos casos, deben otorgar poder a un abogado para acceder a un beneficio o bien adquirido. Algunas instituciones con un pool de abogados hace hasta lo imposible para negar los derechos, que por alguna razón le corresponde al interesado, dejando de lado y haciendo caso omiso de las pruebas que presenta el peticionario, que casi siempre son contundentes e irrefutables, inclusive se conocen casos de procesos o pleitos donde la Corte Constitucional ha revocado fallos de Tribunales y Juzgados, por argumentos equivocados. Entonces, el humilde reclamante, no solo debe tener dinero para contratar un profesional del derecho, sino también, tiempo y paciencia, para sobrellevar y soportar los momentos críticos y difíciles que va a encontrar en el camino de la injusticia.

Es increíble la perversidad de algunas Instituciones, y protervos los servidores públicos de las instancias gubernamentales con poder, que permiten este tipo de injusticias, de aberraciones judiciales, de cohonestar el delito y de hacerle apología a la corrupción; Estas acciones ominosas, son incomprensibles para una mente sana que se rehúsa a dar crédito a la existencia de tanta maldad en algunos servidores públicos, que prefieren pagar altos honorarios a sus abogados, de manera exponencial, sobrepasando inclusive el valor reclamado por el interesado, regularmente el impúdico servidor público, recurre a todas las artimañas posibles para entorpecer la gestión del extenuado beneficiario, para que éste no pueda acceder a sus derechos que están amparados por la Constitución y las Leyes.
En muchas ocasiones, las informaciones que dan las Instituciones a los usuarios, regularmente son incompletas y sesgadas, y por supuesto, éstas siempre inducen al error, que después nadie responde por ellos. Entonces el interesado tiene que recurrir a mil peripecias para hacer entender a la Institución, que incurrió en un error, pero es la palabra del servidor público, contra la del interesado. Esta clase de exabruptos sucede con mucha frecuencia, y en la que no solo se pierde el tiempo, sino, en muchos casos, hasta se pierde la plata.

El apabullado, siempre es la persona humilde, el de escasos recursos económicos, el de a pie; el que no tiene ni los conocimientos para reclamar sus derechos, ni el dinero para pagar los honorarios a un abogado, para exigir lo suyo. Desafortunadamente para unos y afortunadamente para otros, muchos de los fallos judiciales no siempre se dan en derecho, y por decirlo de alguna manera, con los mismos elementos de juicio que se condena a un inocente, con estos mismos elementos de juicio se absuelve a un culpable. No todo el que está privado de la libertad es culpable del delito que se le imputa, ni tampoco, muchos de los que están libres, gozando de los haberes, producto de un desliz, es decir, de unos recursos del erario público que se “deslizaron” al bolsillo del amante de lo ajeno, tampoco, son los inocentes que dicen ser.

Es marcada la anomia en nuestro país, donde la misma ambigüedad de algunas normas, permite la confusión o mala interpretación y con ello caer en yerros jurídicos. De otra parte, seguimos comulgando con los inveterados y arcaicos paradigmas administrativos, para unas cosas somos renuentes al cambio, pero veloces, cuando algún asunto, es de nuestra incumbencia. Es acuciante las acciones valerosas y decididas, de algunos miembros del Congreso de la República, es verdad, que la disparidad de criterios en el poder legislativo, es una constante, pero los pocos buenos y quienes se consideran los representantes y voceros del pueblo colombiano, deben actuar con valentía y defender a ultranza los derechos vulnerados, especialmente, de aquellos que no saben cómo defender lo suyo, ni tienen los recursos para pagar un abogado.

En un alter ego, aplaudo los conatos de protesta, las denuncias públicas y fuertes debates políticos, que algunos pocos han hecho en los recintos de las Corporaciones, aunque sea a hurtadillas, atreviéndose a desobedecer las directrices u órdenes de los caciques, no es fácil tomar una decisión tan drástica, sobre todo, cuando estás vigilado y peor aún, supeditado a ciertos compromisos y condiciones del cual no te puedes zafar tan fácilmente, y como dice el dicho, la intención es la que vale, pero falta mucho más que esto, para reencausar a nuestro país, por el camino de la democracia y la gobernabilidad. Difícilmente se podrá actuar con independencia, en un estado donde hay mucho cacique y poco indio.

Muchas instituciones, mal interpretando las normas o arrogándose derechos inexistentes, han colmado sus instancias con Decretos, Resoluciones o Actos Administrativos sin fundamento legal, donde algunos, riñen severamente con la Constitución y las Leyes. Pero esto, siguen y seguirán vigentes por obra y gracia de los altos mandos gubernamentales, esto nos hace recordar el dicho popular que dice, “Donde manda capitán, no manda marinero”.