La guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. La estrategia prohibicionista plasmada en la Convención Única de Estupefacientes de 1961 e implementada durante las últimas décadas en Colombia deja resultados desalentadores, miles de muertos, un sinnúmero de problemáticas sociales, y la pérdida de legitimidad del Estado. El enfoque criminalizador no ha logrado afectar la estructura del narcotráfico, dado que las estructuras criminales amenazan con tener cada día más control. Mientras tanto, territorios enteros quedan rezagados, envueltos en las economías ilegales y la sangre, ahondando las desigualdades de ingresos, paz y oportunidades en Colombia.
Desigualdades y narcotráfico: ¿quién gana y quién pierde?
Existe una relación de doble vía entre narcotráfico y desigualdad, evidente al analizar las condiciones de territorios como el pacífico nariñense, el Bajo Cauca o el Urabá antioqueño. En estas zonas, el narcotráfico profundiza las desigualdades territoriales a través de la violencia y la corrupción. Es preocupante que algunas de las dinámicas que se presentaron durante “la parapolítica”, se estén presentando nuevamente en varios municipios del país, en donde la mafia es aliada del poder político local y adecua su conducta a la consolidación del ejercicio del poder militar y político en el territorio. Se ha demostrado que existen estructuras criminales que financian campañas políticas de políticos afines a su causa, manteniendo discursos basados en el miedo y la necesidad de restaurar el orden. Además, la bonanza económica que generan las economías ilegales a costa de la depredación de los recursos naturales y de los medios de producción locales, perpetúa la pobreza y la informalidad.
Atrapados por la coyuntura conflictiva y sin mayores oportunidades de encontrar un empleo, montar un negocio o sembrar la tierra, los habitantes de las regiones más conflictivas se ven obligados a migrar, a trabajar para las redes mafiosas o a convivir con la ilegalidad. Como lo menciona Ivonne, líderesa social en Tumaco, “ese escaso futuro ha llevado a los jóvenes a involucrarse en actividades ilegales. Los jóvenes que aparecen en Facebook mostrando unos tenis de marca o una botella de whiskey, son los mismos que después terminan asesinados”.
El narcotráfico y la lucha por el control territorial generan violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario y desangran a los territorios. Junto con las dinámicas del narcotráfico, en estas zonas persisten la tortura, el reclutamiento de menores, la prostitución infantil, el tráfico de personas, las desapariciones forzadas, las minas antipersona, las masacres; todas inclementes al grito silencioso de un pueblo que resiste por no desfallecer.
Otras problemáticas que se derivan del narcotráfico tienen que ver con la saturación del sistema judicial y carcelario del país. La población carcelaria en Colombia en delitos relacionados con drogas se ha incrementado dramáticamente en más del 250% en los últimos años, generando costos excesivos para el país, en dónde una de cada cuatro detenciones se produce por crímenes relacionados con estupefacientes. Tristemente, las capturas se concentran en los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, siendo usualmente jibaros o consumidores los que terminan presos, mientras que las redes mafiosas continúan su operación, reemplazando a los eslabones capturados.
De las dinámicas generadas por el narcotráfico en la ruralidad, se han beneficiado miembros de grupos armados ilegales, traquetos, y hasta algunos empresarios y líderes políticos regionales. Así se gestó la mayor contra reforma agraria en la historia del país, con unos pocos haciéndose de millones de hectáreas a través de falsificación de títulos, desplazamiento de comunidades campesinas y amenazas a los propietarios de los predios.
A su vez han sido ganadores quienes se benefician del lavado de las ganancias del narcotráfico, incluyendo los paraísos fiscales y otros actores del sistema financiero internacional. También se benefician los distribuidores en los países consumidores. Como lo reconoce Carlos, desmovilizado, “el gran negocio del narcotráfico está en los países consumidores, mientras que a nosotros lo que nos viene quedando es la guerra contra las drogas, las muertes y el impacto del glifosato”.
El narcotráfico ha sido también la principal fuente de financiación de la guerra. Grupos como las FARC fungieron como reguladores del mercado de la coca, apropiándose de las funciones de un Estado débil y ausente, llegando a tener la capacidad incluso de cobrar impuestos sobre los kilogramos de coca producidos y sobre el movimiento de mercancías a través de las rutas operadas por el narcotráfico. Desde entonces, y a pesar del Acuerdo de Paz, el Estado colombiano ha sido incapaz de recuperar la soberanía sobre gran parte de estos territorios, limitando su accionar a la presencia militar y la aspersión inefectiva de cultivos ilícitos, mientras deja a un lado mecanismos consensuados como el PNIS (Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), que habían prometido a las comunidades oportunidades de desarrollo alternativo.
¿Cómo nivelamos la cancha? La legalización es el camino
Existe ya un amplio consenso en cuanto a que alternativas como la aspersión con glifosato, la erradicación forzada, y la criminalización del consumidor final, han sido un fracaso en la lucha contra el narcotráfico, y han terminado perpetuando y ahondando las desigualdades y la violencia en países como Colombia. Ante este escenario, es necesario considerar alternativas tales como la legalización total. Como afirma Ivonne, “a nosotros, vivir esta tragedia, nos da la autoridad, no para rogarle al Estado, que no nos ha escuchado, sino para exigirle que se legalicen las drogas. Ya no tenemos más sangre que aportar a esta lucha”.
La legalización de las drogas debe ir más allá del enfoque actual de legalización medicinal de la marihuana, para considerar también la legalización del cannabis con fines recreativos y abrir el debate alrededor de la legalización de otras drogas, incluyendo la cocaína y las drogas psicodélicas. La legalización total podría no solo frenar el desangre de los territorios, sino también brindar una oportunidad para la generación de ingresos, el aumento de la inversión pública y la protección ambiental gracias a un mayor recaudo de impuestos. Con la legalización se reduciría también el hacinamiento de las cárceles, la corrupción, y la lucha por el control territorial. Estos parecerían ser suficientes argumentos para proceder con una política integral de legalización, en la cual el consumo de drogas sea visto no como un asunto criminal, sino como un asunto de salud pública que requiere, por supuesto, toda la atención y prioridad para mitigar los efectos negativos del consumo, sobre todo en menores de edad.
Un escenario de legalización como este tendría que concebir la reducción de la desigualdad desde su diseño inicial, en vez de generar mayores concentraciones y disparidades en el mercado. Este no ha sido el caso de la legalización del cannabis medicinal en Colombia, en el cual la regulación generó barreras de entrada para los pequeños cultivadores y los cultivadores artesanales, apostándole a la creación de una industria farmacéutica del cannabis. Ejemplo de ello es que los costos requeridos para el cumplimiento de los estándares y protocolos de producción son demasiado altos, dejando por fuera a los pequeños y medianos productores que no cuentan con el capital ni la tecnología para cumplirlos. Esto ha presentado una concentración del mercado del cannabis medicinal en beneficio de las grandes empresas nacionales y extranjeras.
Por esto, una propuesta de legalización debe contemplar desde su raíz, mecanismos para asegurar la participación de pequeños y medianos productores, y debe establecer destinaciones específicas y progresivas para los recursos tributarios que se recolecten de la actividad.
Avanzar hacia la legalización inclusiva será sin duda un proceso complejo y gradual. Para lograr consolidarla, es necesario que empecemos a pasar la página de la violencia y la desigualdad que ha generado el narcotráfico en nuestro país, para re-imaginar caminos de equidad, reconciliación y paz.
Intervención artística: Microtráfico/Macroeconomías
Con el propósito de hacer una traducción al lenguaje artístico de estas reflexiones, Tina Pit ha propuesto una obra que pretende, a través de la referencia al microtráfico en su contexto más precarizado, conectar la relación del narcotráfico con el poder político en Colombia, así como su relación con la macroeconomía, la violencia y la falta de oportunidades. En la fotografía de la obra, tomada por Jose Gil, se extienden tenis viejos sobre la fachada del Congreso, con unos largos cordones rojos que derraman sobre el suelo de la Plaza de Bolívar.
Este escrito hace parte de una serie de 30 columnas reflexionando sobre 30 diferentes formas de desigualdad en Colombia que publicamos semanalmente los lunes. Las columnas fueron escritas a partir de un proceso de diálogo entre 150 jóvenes académicos, artistas, activistas, víctimas y demás personas de diferentes perfiles y saberes. Este proyecto se llama Re-imaginemos, y es una carta abierta invitándonos a hablar, cuestionar y reimaginar las desigualdades.
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Coautores: Ivonne Quiñones, líder social, investigadora y comunicadora de Tumaco; Jorge Pinilla; abogado litigante y asesor jurídico con especialización y maestría en leyes; Carlos Grajales, excombatiente de las Farc en proceso de reincorporación y Gerente de la Cervecería Artesanal La Roja; Jonathan Melo, politólogo y master en política pública; y Tina Pit, artista de cabaret, teatro y poesía
Editora: @Allison_Benson_
NOTA: Las opiniones de esta columna son de los coautores, y no comprometen a todo el colectivo Re-imaginemos.