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John Elvis Vera Suarez

Por : John Elvis Vera Suarez

No conozco quien niegue la delicia de consumir un buen aguacate. Buena parte de los pueblos originarios del continente han disfrutado por milenios el ahuacalt (testículo de árbol). Estos eran consumidos 500 años A.C. Algunas culturas prehispánicas lo consideraban árbol sagrado, como árbol generador de vida, como consecuencia de la forma del fruto.

Hoy existen al menos 50 variedades comerciales esparcidas por los continentes. Pero tan solo una es el 80% del comercializado en el mundo. El Hass (resultado de la modificación genética), por sus características y por una extensa y bien lograda campaña publicitaria se ha convertido en la preferida.

En Colombia su cultivo se inició alrededor del año 2.000 pero la expansión del mismo lleva tan solo ocho años. En el Quindío se estiman que el monopolio de las aguacateras se ha adueñado ya de 7.000 hectáreas. Lo que, en un Departamento tan pequeño, es de consideración y por lo que se percibe pueden en el corto plazo lograr una mayor extensión.

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No es de poca monta las irregularidades, infracciones o delitos de los que los acusan en tan poco tiempo. Aunque ya es reiterativo hay que decirlo de nuevo. Dicen que más que el negocio del cultivo es la especulación con el precio de la tierra en miras de la posible explotación megaminera. Que sería mejor negociar con los pocos dueños del agro-negocio exportador, en buena parte empresas extranjeras, que con cientos de pequeños productores y familias campesinas con algún arraigo a la tierra. Que como consecuencia de la consolidación de estos nuevos latifundios el campo se está quedando sin población y se han tenido que cerrar escuelas rurales.

Que el agua que fluía por ríos y quebradas abastecedoras de acueductos veredales y de los municipios cordilleranos, es absorbida en grandes cantidades por estos monocultivos y que la restante baja contaminada con agrotóxicos envenenando suelos y cuerpos de agua. Que a las familias campesinas que inicialmente se oponían a vender sus tierras se les ha presionado a desprenderse de sus terruños. Que obstruyen y se adueñan de carreteables veredales y construyen carretas sin autorización alguna, causando graves daños ambientales.Sin olvidar la minería ilegal en sus predios y la desforestación despiadada. Ni la Palma de Cera del Quindío, se ha salvado de su depredación.

Mientras tanto como es regla general en nuestro país, la aplicación de la ley y la justicia es cosa demorada, hay investigaciones y las respectivas sanciones en camino, pero la ciudadanía necesita ver de manera concreta y pronto, el resarcimiento de los daños causados a nuestro territorio.

Por último, debo resaltar que esta despiadada acción empresarial y de sus gobiernos y funcionarios amigos, está llevando al reencuentro de diferentes sectores que agita de nuevo la protesta social en defensa del territorio. Llegarán las movilizaciones algún día. Sigan así que“una sola chispa puede incendiar la pradera”.

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