John Elvis Vera Suarez
Visitó un día la pequeña tienda orgánica sumamente surtida en un vecindario estrato cinco. En ella su amable propietario me asegura que un asiduo comprador es un mendigo, quien a su vez había rescatado a su actual compañera de la drogadicción y de su condición de calle.
Me entero por las noticas, que la procuradora ordena investigar para sancionar a Honorables Senadores que prometen ayuda a jóvenes y mamás de la “Primera Línea” para que se protejan de la brutal y criminal agresión policial en la protesta social que no para. Es decir, un acto humanitario se convierte en ilegal.
Un paro de un mes y ya los responsables de obras institucionales con años de paralización y demoras vergonzosas, se escudan en la protesta social para justificar sus construcciones inacabadas por culpa de su propia corrupción.
Mientras grandes productores y comercializadores justifican desabastecimiento y especulación, familias campesinas y pequeños productores agroecológicos brillan por su acercamiento a la población urbana, con productos de primera necesidad, aportando a la seguridad y soberanía alimentaria en cada territorio.
Ante la constante denuncia por la violación de los derechos humanos en medio de la protesta social, acude la CIDH y quien la recibe es el mismo gobierno que días antes quería negarle su autorización para que visitaran el territorio y escuchara a la ciudadanía que exige su derecho a la protesta.
Nefastos presidentes en la historia reciente latinoamericana quieren injerir en la proclama del ganador de las elecciones peruanas. Acusados de genocidios, corrupción y en menor de los casos de malas gestiones en sus gobiernos, les incomoda que su candidata tan corrupta como ellos no ganara en el país vecino.
Glifosato y más glifosato es lo único que ofrece el régimen actual para erradicar los cultivos considerados ilícitos. No ve otra salida cuando en el mundo entero crecen las voces pidiendo legalización o regularización de la producción y comercialización de los llamados psicotrópicos. Nunca debemos olvidar que plantas como la marihuana y en especial nuestra ancestral coca, son consideradas medicinales y superalimento en culturas y pueblos originales. Mientras tanto el mayor beneficiario del negocio de la política represiva sigue siendo la poderosa Monsanto y la estela de corruptela que deja el tráfico ilegal.
Ahora le quieren echar la culpa a la pandemia de la pobreza del pueblo colombiano y de la cada día más notable explotación de la niñez que trabaja para ayudar a la supervivencia de sus familias que viven desde hace mucho en la miseria.
Y como todo es culpa del covid-19, entonces para frenar su desbastadora presencia, por decreto se ordena volver a esa normalidad que precisamente nos ha estado llevando a una profunda crisis ecológica planetaria. Mientras tanto los hospitales colapsan y las muertes aumentan alarmantemente y continúa una vacunación lenta pese a la dimensión de esta emergencia sanitaria.