LaSillaVacia – Yessica Prieto Ramos
La semana pasada estuvo caracterizada por dos hechos muy importantes para la industria petrolera en el marco del Paro Nacional. Por un lado, los hechos violentos ocurridos en inmediaciones del campo Costayaco, en Villagarzón, Putumayo; por el otro, los acuerdos logrados en Puerto Gaitán, Meta para levantar los bloqueos que impedían el tránsito hacia los campos Rubiales, Quifa y CPE6.
Al analizar la forma en la que estos sucesos fueron abordados se evidencia —una vez más— la lógica en la que el Gobierno y las compañías enfrentan las problemáticas que surgen alrededor de la industria, dependiendo la región en donde se desarrollen.
En Costayaco, pese a que la Fuerza Pública se había comprometido en acompañar, de manera pacífica, la protesta que estaban adelantando los campesinos y los indígenas de la zona, agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Murió Yordany Rosero Estrella, integrante de la Guardia Indígena, y otros manifestantes quedaron gravemente heridos.
A más de una semana del lamentable suceso, Gran Tierra Energy, compañía operadora del campo, no se ha pronunciado al respecto y afirma que está evaluando la situación para poder emitir una declaración oficial. Por su parte, la Policía afirmó que la muerte de Yordany se produjo distante del lugar de los hechos y que pondría a disposición de los órganos de investigación tanto las armas como los uniformados para que se lleven a cabo las averiguaciones pertinentes. Nada ha avanzado.
Las comunidades indígenas, afros y campesinas de Putumayo llevan por años exigiéndole a las empresas y al Estado que realicen las consultas previas de las que son objeto, respeten sus tierras ancestrales y efectúen una inversión social pertinente que ayude a suplir la grave crisis de educación, salud y trabajo que presentan. Sin embargo, la respuesta estatal es la militarización de los campos petroleros y la adjudicación de nuevos contratos sin la participación efectiva de la ciudadanía.
Respecto a Puerto Gaitán, Meta, desde hacía varios días las comunidades de la zona rural y urbana mantenían bloqueadas las entradas al municipio y las vías que conducen a los complejos petroleros. Luego de varias jornadas de diálogo, se acordó que las compañías y la Alcaldía destinarán 112 mil millones de pesos para la pavimentación de un tramo de la carretera que conduce del Alto de Neblinas hacia el campo Rubiales. Asimismo, la contratación de 800 trabajadores (300 en junio), el no despido de empleados y ningún tipo de veto o persecución laboral —por parte de las operadoras y contratistas— a personas del municipio que quiera vincularse a la industria.
Puerto Gaitán es un municipio estratégico para las finanzas nacionales, más en la actual crisis. De su territorio se extrae cerca del 50 % del petróleo que produce el país y, además, cuenta con una alta prospección en términos de gas y petróleo. Por su parte, Putumayo no alcanza a producir más del 5 % del crudo nacional y ha sido una zona abandonada históricamente por el Gobierno central.
Gran parte de la solución a las problemáticas que hoy tienen a cientos de ciudadanos resistiendo en las calles, tiene que ver con la atención integral, por parte del Estado, de todo el territorio nacional y de una respuesta adecuada a la crisis que actualmente tiene a cerca del 50 por ciento de los colombianos, especialmente de las mujeres, sumergidos en la pobreza y sin una esperanza real de mejoría.