De acuerdo con información suministrada por el asesor jurídico, los contratos laborales eran de favorecimiento político.
En total fueron 452 los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gobernación, los que el mandatario (e) Álvaro Granja suspendió, pues argumentó que estos presentan yerro jurídico, y que la administración anterior no tuvo en cuenta.
La situación fue dada a conocer al concluir una reunión entre los contratistas y representantes jurídicos de su administración.
“Un vicio de nulidad debido a que fue derogado un decreto, mediante el cual se otorgaban funciones de delegación del gasto”, dijo el gobernador Granja.
El contratista Byron Builes, al término de la reunión con el mandatario, se pronunció y nos entregó su lectura:
“Como contratistas estamos en medio de dos situaciones, y finalmente las afectadas son nuestras familias”, expresó.
Actualmente la administración adelanta procesos contractuales respetando la norma y garantizando el debido proceso de contratación del personal.