Son personas, gobernador

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Por : Felipe Alfonso Guzmán Mendóza

Cerca de 450 contratistas del departamento del Putumayo están en el ojo de una tormenta política y jurídica. Una alta funcionaria de la gobernación firmó todos esos contratos laborales sin darse cuenta que no estaba facultada para firmar; el Decreto que la facultaba había sido derogado por la gobernadora encargada.

Con la llegada del Lic. Álvaro Granja como gobernador encargado, su equipo jurídico encontró el error y se armó un tierrero. Por medios de comunicación y redes sociales trascendió que la administración departamental quiere aprovechar la oportunidad para liquidar unilateralmente todos esos contratos, afectando así a centenares de familias.

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En mi opinión, si el departamento liquida unilateralmente esos contratos se expone a demandas que en derecho favorecerían a los contratistas, quienes no tienen la culpa del error del contratante.

Un contrato laboral no es un documento que surja caprichosamente de la voluntad de un funcionario. Antes de las firmas que se estampan en el contrato, hay una etapa que se llama “precontractual” en la que intervienen funcionarios en temas de planeación, jurídicos, económicos, etc., en cumplimiento de las normas que rigen la contratación pública.

Cada contrato debe cumplir con una serie de requisitos para demostrar la idoneidad del contratista, quien debe sufragar gastos de pólizas, aportes y estampillas de su propio peculio.

El debate que tiene en ascuas a los contratistas tiene un trasfondo político más que jurídico. Liquidar esos contratos significaría dejar en la calle a seguidores de Buanerges Rosero, el gobernador titular que ha sido apartado de su cargo por decisión judicial.

La liquidación unilateral obligaría a los contratistas a acudir al juez constitucional en busca del amparo de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y de los principios de buena fe y confianza legítima.

Sugiero respetuosamente al gobernador encargado que ordene a quienes corresponda subsanar el error. Si termina unilateralmente esos contratos, un gran número de afectados regresarán a trabajar de inmediato por vía de tutela y otros demandarán al departamento a través del contencioso, procesos que tardarán años en resolverse a favor de los contratistas a un altísimo costo económico para el departamento.

¿Cómo se subsana el error? Consulté con varios magistrados y abogados, quienes coinciden en la necesidad de aplicar los principios de la buena fe, confianza legítima y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

En el equipo de trabajo del gobernador hay abogados con muy altas capacidades que bien podrían darle un giro a esta dificultad para poner las circunstancias a favor de los contratistas.

Una gran cantidad de contratistas pidieron dinero prestado para pagar pólizas y otras obligaciones de ley. En el listado hay cientos de cabezas de familias de muy bajos recursos económicos. Es momento de dejar a un lado la política y poner en el centro al ser humano.

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