Erradicadores de coca fueron expulsados del bajo Putumayo

Según los militares, más de mil campesinos los sacaron de la zona donde estaban trabajando

En el Bajo Putumayo están presentes estructuras criminales, ligadas al narcotráfico a manos de cabecillas como alias ‘Araña’, alias ‘Picotón’ y alias ‘Bonito’, de quienes las autoridades vienen siguiendo el rastro para darle fin a su accionar delictivo.

Mientras se encontraban adelantando labores de erradicación de plantación de coca, en la vereda Jordán Ortíz en el municipio de San Miguel, en Putumayo, militares y erradicadores denunciaron haber sido expulsados de la zona por cerca de 3 mil campesinos. Los hechos, según explicaron las personas que se encontraban allí, se dieron en la tarde del miércoles 17 de febrero.

Jorge Herrera, Comandante de la Sexta División, aseguró que, “los soldados del Ejército Nacional, no estaban delinquiendo (…) estaban dando cumplimiento a la Constitución Nacional (…) es un trabajo de erradicación y acompañamiento”. El comandante agregó que “el delito de las drogas es uno de los delitos que más afecta al país, y en la zona habría personas que estarían instrumentalizando a la comunidad para la protesta social”, manifestó Herrera.

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Las razones de la reacción de la comunidad, de acuerdo con lo que explicó la vocera de la Red de Derechos Humanos, Yuri Quintero, “en la zona no hay oportunidades laborales, no hay atención en salud, educación y las comunidades ven el cultivo como la única forma de sustento, y en zona fronteriza con el narcotráfico hay más condiciones para el cultivo que para otra cosa”.

De acuerdo con Quintero, el rechazo de la fuerza pública en la zona, para erradicar las plantaciones de coca, es un mecanismo de defensas ante el “constante incumplimiento” del Programa Integral de Sustitución y del Acuerdo de Paz, que no ha ofrecido las respectivas garantías para que la principal fuente de sustento de las familias de esa zona no sea la hoja de coca.

Según el reporte del comandante Herrera, en el Bajo Putumayo están presentes estructuras criminales, ligadas al narcotráfico a manos de cabecillas como alias ‘Araña’, alias ‘Picotón’ y alias ‘Bonito’, de quienes las autoridades vienen siguiendo el rastro para darle fin a su accionar delictivo, “son personas que vamos a denunciar y vamos a lograr las ordenes de captura, para dar con el paradero de estos hombres”.

Para el comandante, es necesaria la continuación de los operativos que buscan erradicar la hoja de coca por lo que, aseguró, se encargará de “seguir trabajando en la jurisdicción y en los trabajos de erradicación (…) vamos a seguir con el acompañamiento de los entes de control, la Personería, la Defensoría y demás entes, para que también se pronuncien frente a estos hechos”.

Los hechos se dan días después de las declaraciones del gobernador encargado de Putumayo, Álvaro Granja Buchelli, quien aseguró que tendría una propuesta para no quitarle la materia prima a los campesinos cocaleros, y permitirles seguir ganando dinero de ello: industrializar la hoja de coca para convertirla en productos beneficiosos, como sustancias medicinales.

Según Buchelli, no solo se beneficiaría la economía del Gobierno Nacional y de las personas encargadas de la recolección de la hoja, sino que además tendría impacto entre las bandas criminales que ponen en peligro a la comunidad por los enfrentamientos que hacen para tomarse una zona productora de coca.

“Surgió la idea de que se puede industrializar la coca, con fines medicinales, como medicina alternativa, son estudios que se deben hacer, pero en eso tienen que hacer también un compromiso las comunidades. No más expansión de estos cultivos”, dijo el gobernador encargado.

Yuri Quintero, vocera de la Red de Derechos humanos, se apegó a dicha propuesta y aseguró que “las comunidades no están en condiciones incluso de enfrentar un debate interno sobre la disputa territorial y la presencia de grupos armados que afectan la zona”.

La propuesta, justamente, será presentada hoy, 18 de febrero, durante la instalación de la Mesa Regional de Garantías en Villagarzón, donde se buscará “articular el trabajo entre comunidades, y conocer el pliego de peticiones de las partes”.

INfoBAE

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