Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
Pares tuvo acceso a una información sobre unas presuntas irregularidades que el Magisterio habría identificado en el documento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que se implementará en el departamento del Putumayo, en el presente año. Dicho de otra forma, los niños y niños del Putumayo aguardan porque las instituciones velen por sus derechos fundamentales como lo es el acceso a una alimentación digna y de calidad.
De hecho, tal como lo señalan los diputados en el documento de petición enviado a la Contraloría General del Departamento del Putumayo, en cabeza del contralor Luis Antonio Montoya, esta acción nace del “en el deber misional de ejercer control político a los recursos destinados para inversión social más aún frente a la compleja situación de salubridad que se encuentra el país y en particular el departamento de Putumayo”.
Los diputados firmantes a esta petición han manifestado que su intención tiene que ver con “ejercer un control fiscal preventivo cuando existan sospechas de alto riesgo en procesos de adjudicación y ejecución de contratos públicos.”
La niñez del Putumayo aguarda
Andrés Cancimance, diputado de la Asamblea Departamental de Putumayo por Colombia Humana y la Unión Patriótica, habló con Pares; exaltando la urgencia de esta situación que debe ser atendida por los gobiernos Locales, Departamental y Nacional. Entre otras cosas, debido a la población infantil de la cual se beneficia del PAE.
Asimismo, Cancimance señaló que se trata de seis (6) diputados de los 11 quienes han manifestado su preocupación por estas irregularidades. Por estas razones, el diputado explica que “le solicitamos a la Contraloría se revise el caso y si resulta que existen esas anomalías suspenda el proceso a través de una acción preventiva.”
El diputado Cancimance se ha dirigido ante la opinión pública ha señalado que esta petición enviada a la Contraloría viene de una alerta que les hizo llegar la Asociación de Educadores del Putumayo (ASEP). De acuerdo con el diputado, los y las educadoras se habrían percatado de unas irregularidades en “el proyecto de pliego de condiciones del proceso de licitación pública SED- LP-014-2020, a través del cual se contratará el PAE 2021 por un valor de $20.396.469.600, presenta varias irregularidades.”
Petición a la Contraloría
Así las cosas, los diputados Edison Yandún, Wilder Castañeda, Yule Anzueta, Andrés Cancimance, Jonny Portilla y Miguel Bravo firmaron el documento que busca, de manera general, que en el marco de las competencias de la Contraloría General de la República del departamento de Putumayo evalúe los argumentos y las pruebas anexadas en la petición que fue enviada con que solicita adelantar “Acción Preventiva” al contrato de Alimentación Escolar PAE en el departamento de Putumayo.
Por una contratación que no se haga a dedo
De acuerdo con los diputados firmantes y conforme a la función preventiva que enuncian ha venido adelantado el el contralor general de República, Carlos Felipe Córdoba, se prevé porque no “se siga adjudicando contratos públicos a dedo, sin los requisitos plenos ni garantía de transparencia en el proceso de adjudicación. Y, por supuesto, para evitar futuros despilfarros, sobrecostos en las obras de concesión y varias demandas de carácter económico contra la nación.”
ASEP vela por un proceso licitatorio del PAE sin irregularidades
El pasado 4 de enero la Asociación de Educadores del Putumayo (ASEP), por medio de un documento de 28 pagínas, desarrolló una serie de inquitudea que le suscitan del proceso licitatorio que se ha adelantando para la contratación del Programa de Alimentación Escolar por el cual aguardan los niños y niñas del departamento del Putumayo.
La ASEP solicita la nulidad de dicho proceso debido a que, como resaltan en el documento, la primera irregularidad tendría que ver con que Carlos Gerardo González Ortega, en primer lugar, ya no está vinculado a ningún cargo público al interior de la Gobernación del Putumayo. De tal suerte, en calidad de exsecretario de Educación no es el ordenador del gasto público, según la ASEP.
De acuerdo con ASEP, contrario a Carlos Gerardo el nombre de quien está adelantando el proyecto de PAR ante el Departamento Nacional de Planeación debe ser el de Leandro Gómez Gómez, quien es quien es el actual Secretario de Educación Departamental. Según el docuemento expedido por ASEP, Gómez Gómez es quien debe ordenar los gastos en razón a que se encuentra nombrado desde octunbre de 2020.
Asimismo, según en el documento que se encuentra en manos —hace ocho días— de la gobernadora (e) de Putumayo Sandra Patricia Dimas Perdomo y Juan Carlos Narvaéz Silva, procurador regional del Putumayo; la ASEP solicita declarar nulo el proceso de referencia por lo cual se haga nuevamente la Metodología General Ajustada del proyecto con el formulador idóneo. Es decir, con el secretario Gómez Gómez.
Adicionalmente, la ASEP solicita que se lleven a cabo procesos “disciplinarios internos correctivos para evitar que personas ajenas a la administración del Departamento del Putumayo realicen formulaciones de proyectos de inversión pública, situación que viola terriblemente la jurisprudencia expuesta”.
A su vez, puntualizan en el documento a la Entidad (contratada) que no se puede formular una nueva Metodología General Ajustada en el marco del actual proceso, toda vez que al publicar un nuevo MGA no estaría respetando los plazos iniciales entre una etapa procesal y otra.”