La Unidad de Restitución de Tierras con sede en Putumayo radicó ante la justicia la demanda que busca recuperar 366 hectáreas del territorio de la comunidad indígena de Day Drua Las Palmeras, ubicado entre los municipios de Valle del Guamuez y San Miguel en el sur del Putumayo.
Mocoa, 29 de octubre de 2020 (@URestitucion). Superar las consecuencias que deja la confrontación armada por el control territorial y las acciones ilícitas derivadas de esta situación, es una de las principales razones que llevó a las 67 familias que integran la comunidad Embera Chamí, Day Drua Las Palmeras, a trabajar de la mano con la Unidad de Restitución de Tierras para presentar la demanda que busca, además de recuperar su territorio, promover el acceso a las medidas de reparación integral que permitan garantizar la supervivencia de esta comunidad afectada por la violencia.
El trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras con la comunidad empezó en el 2016. Durante el proceso se evidenció que la comunidad fue víctimas de las disputas por el control territorial, ejercidas por grupos delincuenciales que operaban en Valle del Guamuez y en San Miguel, Putumayo. Por más de 15 años, la comunidad fue hostigada, amenazada, confinada y desplazada. Los hechos enunciados atentaron contra la pervivencia física y cultural, acciones que limitaron las labores de caza, pesca y recolección, así como su relación espiritual con la tierra.
“Desde la Unidad de Restitución de Tierras, trabajamos para que haya un reconocimiento de la condición de víctimas para estas 67 familias que sufrieron incontables episodios y que a través de una sentencia de restitución puedan alcanzar las medidas de reparación integral correspondientes por parte del Estado”, explicó Mario Fernando Coral, director territorial de la Unidad en Putumayo, cuando se radicó la demanda de reparación étnica.
La demanda cumple con todos los requisitos que exige la Ley y busca que a la comunidad étnica Embera Chamí, Day Drua Las Palmeras, que hace parte de los pueblos indígenas del Putumayo, les sean reconocidos sus derechos sobre 366 hectáreas de su territorio y que a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se pueda constituir como resguardo indígena.