Una deuda más de la reconstrucción de Mocoa


Andrés Cancimance

Esta vez, las personas afectadas son del Cabildo indígena Inga MusuRunakuna. Ellas perdieron su territorio colectivo y todas sus pertenencias con la avalancha de 2017 y, son además, víctimas del desplazamiento forzado.

En mayo del mismo año de esta tragedia fueron reubicadas en dos lotes que suman 69 hectáreas en zona rural de la capital, bajo palabra de adquirirlos como forma de reparación colectiva.

Hoy, dos años y medio después, tienen una nueva amenaza: ser desalojados por efecto de un fallo judicial ante una demanda del propietario del terreno, pues las instituciones encargadas de comprar los lotes, no lo han hecho.

También existe un fallo judicial a favor de esta comunidad como respuesta a una tutela puesta por el Cabildo indígena en julio de 2019 ante el incumplimiento de las entidades responsables de la reconstrucción de Mocoa. En él, se le solicita –entre otras cosas- a la ANT la compra de un terreno en un plazo de 6 meses. Según uno de los líderes del Cabildo, los recursos económicos para esta compra están contemplados en el CONPES de la reconstrucción de Mocoa por un valor de cinco mil quinientos millones, pero esta es la fecha en la que aún los musurunakuna no tienen su territorio colectivo.

La alcaldía e instituciones como El ICBF, así como algunas organizaciones de cooperación internacional, han implementado proyectos en el terreno asignado desde 2017 a esta comunidad. Están construidas una vivienda modelo, la casa del Cabildo y una cocina comunitaria. Además, tienen una planta potabilizadora de agua y cultivos de plátano, yuca, entre otros, en parcelas que los indígenas llaman Chagras. En ese terreno los musurunakuna reconstruyeron sus vidas después de la tragedia de Mocoa. Despojarlos de él implica una nueva forma de  violencia, esta vez por acción de una institucionalidad lenta y poco comprometida con la reconstrucción de la capital de Putumayo y con la población gravemente afectada por la avalancha.  La solicitud de esta comunidad, insistente desde el año 2017, es el cumplimiento de los acuerdos de reparación tras el desastre natural, entre ellos, la compra de estos dos lotes de 69 hectáreas. En todo este tiempo, dicen algunas personas de este pueblo indígena, la única respuesta ha sido el silencio institucional.

¿Hasta cuándo, las personas que sobrevivieron a la avalancha, tendrán que seguir esperando por su reparación? Ojalá la nueva institucionalidad regional le ponga freno a esta larga historia de injusticias. Por lo pronto nos queda decir con contundencia: ¡no al desalojo de este pueblo indígena! y no más demoras, ni corrupción en la reconstrucción de nuestra capital.

Por: Andrés Cancimance López
Doctor en Antropología y Trabajador Social. Universidad Nacional de Colombia
Diputado electo por el estatuto de oposición. Colombia Humana UP