No podemos seguir legitimando la violencia contra la mujer en Putumayo


Por : José Alexander Africano

Se podría afirmar sin temores que la forma más común y evidente de violencia contra la mujer es la ejercida por su pareja, bien sea el novio, esposo, pareja de hecho o en otros casos y dadas las nuevas realidades “el otro o la otra”; de hecho, el escritor Hearn (1998) identifica al propio hogar como el lugar menos seguro para las mujeres; esto ya es un hecho natural en Colombia pues si analizamos es en el escenario privado donde se ejerce una supremacía machista y patriarcal del hombre, en particular si éste es quien provee de alimentos, vestuario, alimentación, arriendo, etc, al conjunto familiar. De otra parte se suele analizar la gran cantidad de información en términos estadísticos algunos objetivos otros no tanto que regularmente se genera en observatorios, entidades o instituciones que recaban en diversas partes del País sobre el hecho socia de la la violencia contra las mujeres.

Mundialmente los datos hasta ahora recolectados sugieren que entre 15% y 69% de mujeres en el mundo han sido alguna vez víctimas de violencia física por parte de sus parejas varones (Zimmerman, 2002). Colombia no es la excepción en la materia y contamos con elevados índices sobre esta tipología de violencia que viene causando entre otras la descomposición social y la degradación de valores entre otros factores negativos.

Independientemente de las cifras que indican que en el departamento del Putumayo en lo corrido del año ya van más de 16 mujeres asesinadas de forma violenta, eso sin contar los casos de lesiones personales, violencia sexual, violencia intrafamiliar, derivadas de un aprendizaje social o de una violencia estructural o cultural o mejor  de las conductas machistas y demás, me voy a referir a un caso en particular de presunto feminicidio ocurrido según la información obtenida el 01 de octubre de 2019 contra una joven mujer de nombre María Helena Garzón y que quedó registrado en las redes sociales y en algunas páginas de redes sociales.

Sin recabar en el derecho que le asiste a todo ciudadano de solicitar información sobre un hecho tan cruel como éste, tampoco sin considerar las circunstancias de modo tiempo y lugar de cómo sucedieron los hechos, quiero expresar algunos puntos de vista para que entre todos dejemos de legitimar la violencia contra la mujer en todos sus aspectos en el departamento del Putumayo.

En primera medida causa estupor cómo en redes sociales se vulneraba el derecho al buen nombre de María Helena entre otras acusándola de ser la “culpable” de su tragedia por el simple hecho de haber estado en el lugar del crimen; otros y me refiero a hombres y mujeres, le promulgaban ofensas por el hecho de tener 24 años y 04 hijos, como si les asistiera el derecho de reclamar cuantos son los hijos que una Mujer debe tener en Colombia, de lo cual no conozco ninguna Ley o norma que así lo establezca, de la misma forma censuraban a la indefensa Mujer del por qué no estaba con sus hijos en horas de la noche, como si hubiese una reglamentación social para ser madre; tampoco falto el juicio sobre el futuro de los menores, como si fuéramos el juez natural que decide en una sentencia. De otro lado, hombres y mujeres desaprobaban la conducta de María Helena por estar en un lugar abierto al público “no apto” para Mujeres como si en Colombia no existiera la libre locomoción y el derecho de trasladarse de un lugar a otro incluso dentro del País.

En fin, solo faltó que le hubiesen impugnado su forma de vestir, o de actuar, o de hablar,  o de su condición socioeconómica, como si no fuesen derechos humanos universales que no les asisten reproches; el hecho fue que asesinaron a María helena de la forma más cobarde incluso peor que como si se acabase con la vida de un necesitado ser animal; entre otras porque se le causó golpes en su cabeza y con altas posibilidades de que se haya ejercido violencia sexual; tampoco faltó quien salió en las redes sociales a criticar jurídicamente si se trataba o no de un “feminicidio” o de un “homicidio” dando tintes de como si fuera algo del común.

Lo que pretendo dejar aquí plasmado es que no se puede bajo ninguna circunstancia legitimar la violencia en ninguna de sus manifestaciones pues en un departamento como el Putumayo no existen las circunstancias para adaptarse  como parte de una supervivencia en el ambiente donde tengamos que recurrir a la violencia para vivir en comunidad de forma pacífica y tranquila. Por el contrario es un llamado a que modifiquemos actitudes, creencias y comportamientos, a que desterremos del territorio sagrado esa violencia cultural que nos ha estigmatizado en las últimas generaciones  y que nos posiciona desde otros lugares del País como ciudadanos  violentos, por el contrario tenemos mucho más elementos para de una vez por todas salir de todos los conceptos negativos.

La muerte de esta joven mujer nos debe solidarizar a todos y cada uno de nosotros  y debe ser un motivo de preocupación pues una semana después de ocurrido el hecho ninguna autoridad  civil ni judicial se ha pronunciado al respecto, es decir el mismo gobierno actual en cabeza de nuestros máximos gobernantes el Alcalde de Mocoa y la Gobernadora del departamento no han sacado siquiera un comunicado oficial, excepto unas pocas declaraciones del burgomaestre donde contrario a censurar el hecho más bien fijaba su postura en otras instituciones, tal vez hubiésemos esperado como sociedad una proclama donde se reprochara y se censurara este crimen; en ese orden también se legitima la violencia contra la mujer y otras violencias cuando también se guarda silencio por parte de la Personería Municipal y la Defensoría Regional del Pueblo máximos entes de la defensa de los derechos humanos en Putumayo.

Los ciudadanos de Mocoa, de Putumayo y de Colombia, quedaremos atentos a la decidida investigación para esclarecer este hecho y en espera también de la supuesta recompensa anunciada para dar con el o los responsables de la muerte de María Helena, de lo contrario seguiremos legitimando la violencia como sociedad y como Instituciones.

JOSÉ ALEXANDER AFRICANO MACIAS

Defensor de Derechos Humanos y Experto en Seguridad


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