Presidente de la Junta Directiva de Acipet
Bogotá D.C, Septiembre 18 de 2019. Luego del pronunciamiento del Consejo de Estado el 10 de septiembre, en donde quedaba entendido que no se podía avanzar con los cuatro Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) propuestos por la Comisión de Expertos en las cuencas del Magdalena y Cesar – Ranchería, el Alto Tribunal emitió una comunicación el 17 de septiembre con aclaraciones sobre el tema.
La Sala comunicó que la decisión sobre las medidas cautelares no impide el avance en los PPII.
Como industria asumimos un gran reto y mucha responsabilidad, ya que este anuncio constituye un paso crucial para evaluar la viabilidad del desarrollo de los yacimientos no convencionales a futuro. Estamos en la obligación de realizar las operaciones con absoluta transparencia y de demostrar que podemos aplicar la técnica de fracturamiento hidráulico en estos yacimientos sin comprometer el medio ambiente y la salud pública.
Sin esta aclaración las consecuencias de esta decisión hubiesen afectado de manera directa el inventario de recursos disponibles con los que podría mantenerse la autosuficiencia petrolera, ya que los ync explotados a través de la técnica del fracking le significarían al país entre 2.400 y 7.000 millones de barriles.
Esta noticia resulta alentadora, sin embargo, es imperativo que el Consejo de Estado se pronuncie definitivamente sobre esta materia, para que se dé vía libre de manera expedita al desarrollo comercial de estos recursos, una vez los PPII demuestren que podemos hacerlo bien hecho.
Nuestro llamado siempre será a que se acuda al rigor científico y a las evidencias experimentales, que permitan establecer elementos de juicio, que lleven a los estamentos a decisiones que sean responsables con el entorno ambiental, social y económico de todos y cada uno de los colombianos.
En uso de su condición de Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional, Acipet continuará trabajando sin descanso para asegurar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestra canasta energética, y para la defensa de los derechos sociales y laborales de los ingenieros de petróleos colombianos.