Mujeres y veneno


El reinicio de las aspersiones aéreas con glifosato sobre cultivos ilícitos tendría un impacto negativo en la población de los territorios, el debate está abierto desde las ópticas de la salud, la política y la ética. Sin embargo, Colombia todavía necesita discutir y entender que las campesinas asumirían las consecuencias de forma desproporcionada.

Marta Alfonso, integrante del Colectivo de Mujeres del Tolima, explica que muchas mujeres trabajan en las chacras (plantaciones de coca) porque no encuentran otra opción rentable en sus territorios. Su vida es más precaria que la de los hombres no solo por la pobreza misma, sino por la llamada “triple jornada”: raspan coca, cumplen con el trabajo doméstico y además son el soporte emocional de la familia, lo cual reduce —o anula— sus posibilidades de ingreso a educación y otros servicios del Estado. De reestablecerse la fumigación, hablaríamos del cuidado de una familia enferma.

Cuando asoman los efectos secundarios sobre la salud, ellas padecen las dificultades para acceder al servicio médico para sí mismas y su familia. Ellas son quienes abortan espontáneamente. Ellas se tienen que someter a interrupciones voluntarias de embarazos malogrados.

Fátima Muriel, líder de Tejedoras de vida del Putumayo, asegura que las más perjudicadas son las campesinas que “están empezando a organizarse, esperando sus bebés” puesto que además de la insuficiencia en la atención hospitalaria, su departamento “no está preparado para una nueva crisis, con el hambre y la angustia que traen las fumigaciones”. El perjuicio se extendería a aquellas que con dificultad accedieron a préstamos para sacar adelante sus sembrados de yuca, maíz o arroz, después de haber dejado el cultivo de coca.

Las campesinas que no se dedican a la chacra, suelen encargarse del cuidado de los animales y cultivos de pancoger. Con las aspersiones aéreas, los animales se enferman y las huertas para el consumo propio se malogran. En este sentido, el impacto inmediato es económico: “las mujeres terminan sin lo poco que tienen, sin la huerta que les permite ir al pueblo a intercambiar productos o venderlos. Es su único ingreso [el dinero de la raspada es del hombre; la venta de productos, de la mujer]”, dice Alfonso. Pero la consecuencia más grave es que, según algunas asistentes a la reunión “Mujeres para la construcción de la paz en Colombia”, la reiniciación de las aspersiones aéreas con glifosato sobre cultivos ilícitos podría llegar a arriesgar la seguridad alimentaria en el sector rural.

La situación actual tiene en suspenso a miles de familias cocaleras del Bajo Putumayo, muchas de las cuales están en una mesa permanente con la esperanza de que se abran nuevas inscripciones para el programa de sustitución de cultivos.

“Tenemos la esperanza de que la Corte Constitucional, las movilizaciones o cabildeos no permitan las aspersiones, de lo contrario vendría una nueva crisis como sucedió la vez pasada con el Plan Colombia”, concluye la señora Muriel.

Por: Ana Cristina Restrepo Jiménez

Fuente : ElEspectador


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